Una VPO vacía, una ocupación ilegal y ¿una alternativa habitacional?
Estefanía y su pareja viven en Sevilla, están en paro y tienen una niña de un año. Ninguno de los dos tiene trabajo y él lleva dos años sin recibir subsidio alguno. A finales de año, la empresa municipal de la vivienda (Emvisesa) les denunció por usurpación al ocupar ilegalmente un piso en la Plaza Salvador Valverde que la empresa pública tenía vacío de manera temporal. La amenaza de multa por no presentarse al juicio alcanzaba hasta 4.000 euros y el 18 de marzo, tras una segunda amenaza de desahucio por parte del juzgado, abandonaron lo que había sido su hogar durante apenas tres meses. En la vista oral llegaron al acuerdo de que Emvisesa retiraba la denuncia si entregaban las llaves. Ahora viven en la casa de la madre de ella, frente a su fugaz vivienda. Son seis en el piso y han tenido que regalar parte de sus pertenencias porque ahora no tienen sitio para guardarlas. ¿Qué alternativa tenían? ¿Cuáles les ofrecieron?
La gestión de la cuestión enfrenta al gobierno municipal dirigido por el PSOE y a Participa Sevilla, partido instrumental de Podemos que cuenta con tres concejales en el Ayuntamiento hispalense y que alerta del caso de esta pareja. Emvisesa, que el 21 de marzo aprobaba de forma definitiva el Plan por el Derecho a una Vivienda Digna, “no se ha preocupado de buscar una alternativa habitacional, ni una negociación para ver otras soluciones”, denuncia Participa. Este plan municipal, con el visto bueno de PSOE, IU, Participa Sevilla y Ciudadanos, contempla todos los supuestos para estos casos y en él se asegura que en la actualidad hay 442 familias con necesidad de vivienda, valoradas por los servicios sociales, pendientes de adjudicación, de las que 105 debe ser por el procedimiento de excepcionalidad por situación de vulnerabilidad social.
“Cuando echaron a esta pareja, les ofrecieron ir al albergue y les argumentaron que no podían hacer nada porque no tenían ningún papel que demostrara el desalojo judicial”, dice Participa, cuya concejal Cristina Honorato visitó a la pareja. “El Ayuntamiento supuestamente está negociando con entidades bancarias para frenar desalojos y para lograr el derecho a una vivienda digna. El propio Espadas se comprometió a la suspensión de cualquier procedimiento de desahucio de viviendas municipales y renegociación de sus condiciones de uso”, apuntan fuentes de la formación. Y le recuerdan al alcalde lo que pedía cuando estaba en la oposición, un uso social para viviendas vacías de Emvisesa. Por entonces, cuarenta familias en situación extrema llevaban meses pidiendo VPO de alquiler social al Ayuntamiento, lamentaban los socialistas.
50 viviendas adjudicadas con criterios de excepcionalidad
¿Cuál era la situación de esta pareja que había ocupado esta VPO vacía? Fuentes municipales explican que la vivienda quedó desocupada en diciembre de 2015 por renuncia de su inquilino, iniciándose los trámites para su adjudicación conforme a la legislación vigente y a los criterios sociales que rigen la gestión del parque público de viviendas que, en estos nueve meses de mandato socialista, ha permitido la adjudicación de casi 50 viviendas con criterios de excepcionalidad por su situación de vulnerabilidad social y de acuerdo a los servicios sociales, aseguran fuentes municipales.
Según relata el Ayuntamiento, tres días después de la citada renuncia, cuando se realizó la primera visita para iniciar las reparaciones para su puesta en servicio, la vivienda había sido asaltada y la puerta retirada, por lo que se interpuso una denuncia ante la Policía Nacional por usurpación de la vivienda. “Al mismo tiempo, se contactó con la persona que había realizado la ocupación ilegal para informarle de los trámites y los recursos necesarios para afrontar su situación en caso de que se encuentre en emergencia habitacional, entre otras cuestiones estar inscrita en el registro de demandantes y en los registros de los servicios de Intervención Social del Ayuntamiento. Se le asesoró, por tanto, de las opciones legales para buscar una solución”. Actualmente, hay 12.939 inscripciones activas en el registro de demandantes citado por el Consistorio.
El Ayuntamiento insiste en que “no hay desahucios en pisos de Emvisesa” y que se trataba de “un desalojo de una vivienda ocupada ilegalmente”. El nuevo plan de vivienda de Sevilla se recuerda que “salvo por orden judicial, no se pondrán medios municipales a disposición de órdenes de desahucio”. Asimismo se recuerda que “es imprescindible que no se desahucie de una vivienda de Emvisesa a ninguna persona que actualmente se encuentre en situación de exclusión social por insolvencia sobrevenida, garantizando que la información recibida por dicho inquilino incluya el compromiso de no desalojo, así como facilitar el acceso a la ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento”.
“Lo más grave es que a la gente se la desaloja sin alternativa habitacional y en los próximos días se van a suceder nuevos desalojos y buscar soluciones es lo importante”, concluyen desde Participa. Los desahucios siguen en aumento y Sevilla no es una excepción. Cerca de 11.000 desahucios desde que comenzó la crisis, casi cuatro diarios, según información de APDHA. El relatado podría ser uno de tantos casos de necesidad de vivienda. Sevilla, muy recientemente, ha sido la primera ciudad andaluza en sumarse al convenio judicial para dar solución a los desahucios. La denominada Oficina Antidesahucios de la ciudad lleva activa desde verano. Parece que Estefanía y su pareja no han llegado a tiempo. Quizá tenga más suerte una vecina que se encuentra en una situación muy similar, cuyo juicio está fijado para mayo, según advierte ya Participa.
