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ARAGÓN

El Tribunal de Cuentas exculpa a altos cargos del anterior Gobierno de Aragón (PP) de gastar 268 millones sin presupuesto

El organismo concluye que no puede reclamarse esas cantidades a ningún responsable de consejerías y organismos públicos, posibilidad que había abierto la Cámara de Cuentas en un duro informe

La Fiscalía sostiene que “no hubo menoscabo de fondos públicos en relación con las irregularidades detectadas” y el Gobierno de Aragón respalda ese criterio

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La expresidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi en una visita oficial con el exconsjero de Sanidad Ricardo Oliván

La expresidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi en una visita oficial con el exconsjero de Sanidad Ricardo Oliván Gobierno de Aragón

No hubo irregularidades contables en el gasto de  268 millones de euros sin respaldo presupuestario previo por el Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi en 2014, y ningún alto cargo del Ejecutivo autonómico deberá responder con su patrimonio personal por ese dinero: el departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha archivado el procedimiento de reintegro por alcance que abrió tras instruir unas diligencias previas al concluir la “inexistencia” de responsables directos de esa gestión.

El Tribunal de Cuentas abrió su investigación tras remitirle la Cámara de Cuentas de Aragón un duro informe  en el que concluía que el compromiso de esos gastos por 268 millones de euros, que quedaron pendientes de pago al cierre del ejercicio, pero que después ha tenido que asumir la comunidad, podían conllevar “la exigencia de responsabilidades y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública” en caso de apreciar “que la conducta es culpable” por parte de quienes los ordenaron.

La normativa sobre las cuentas públicas contempla como infracción muy grave el hecho de “comprometer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos”.

La Fiscalía pide el archivo y la comunidad se suma

Sin embargo, la Fiscalía solicitó el archivo de los expedientes al considerar “de modo manifiesto e inequívoco, la inexistencia de caso alguno de responsabilidad contable” por parte de los responsables de los distintos departamentos y organismos públicos en los que se detectaron esos compromisos de gasto sin respaldo presupuestario: 237 millones de euros en el Salud, 13 en la Administración autonómica, 10 en el Instituto Aragonés del Agua, cinco en el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución y tres más en el Banco de Sangre y Tejidos.

La comunidad autónoma se unió a ese criterio y solicitó también el sobreseimiento de las actuaciones, que es lo que acordó el tribunal mediante una serie de autos poco después.

Los autos recuerdan que el juicio contable “se rige por el principio dispositivo, de forma que el órgano jurisdiccional ante el que se tramita no puede conocer y resolver más allá de las pretensiones formuladas por las partes”.

En este caso, añade, tanto el ministerio público como la comunidad autónoma mantienen que “no hubo menoscabo de fondos públicos en relación con las irregularidades detectadas en el informe de fiscalización” de la Cámara de Cuentas, por lo que opta por el archivo “en referencia con el referido principio propositivo que rige en este tipo de procesos”.

Deuda y déficit en el Gobierno de la austeridad

La fiscalización del ejercicio de 2014 resultó sintomática del desbarajuste contable que caracterizó la etapa de Rudi al frente del Gobierno autonómico, por el que pasaron tres consejeros de Hacienda (Mario Garcés, José Luis Saz y Javier Campoy) mientras el de Economía (Francisco Bono) se mantenía toda la legislatura.

Solo ese año, la comunidad autónoma alcanzó un déficit de 591 millones, 264 por encima de lo que autorizaba el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, y situó la deuda pública en 5.933, unos datos más bien poco reconfortantes para un equipo que llegó al Pignatelli enarbolando las banderas de la austeridad y la seriedad en la gestión económica.

En la última etapa llegarían decisiones como el recurso contra la reforma tributaria de José Luis Rodríguez Zapatero, que terminó con una condena en costas de 37 millones de euros cuya ejecución todavía no ha ordenado el Supremo ni han reclamado los gobiernos de Mariano Rajoy o Pedro Sánchez.

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