Los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza perderán más de 1,5 millones de euros al año en ingresos con sendas iniciativas propuestas por el PP en los gobiernos municipales, en un capítulo más de la batalla de los populares contra los impuestos. Por un lado, el Consistorio altoaragonés lo eliminará de las ordenanzas fiscales; por el otro, la capital aragonés bonificará en un 95% la venta de segundas viviendas, lo que supone prácticamente su desaparición en este campo.
Primero fue el equipo de gobierno del PP en Huesca el que, días atrás, anunció tras la Comisión de Hacienda que en las ordenanzas de 2026 iba a eliminar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la plusvalía municipal, de aprobarse su propuesta. El Ayuntamiento recauda en torno a 400.000 euros anuales.
El concejal responsable del área de Hacienda, Ricardo Oliván, explicó que esta eliminación se aplicará a “operaciones que sean consecuencia de una venta, una herencia, donación o permuta que incluya terrenos exclusivamente o vinculados a viviendas, por el incremento del valor del terreno”. Una decisión que se ha tomado, aseguró, para “atender una demanda ciudadana por seguir avanzando en la rebaja fiscal y por la complejidad que supone en su gestión”.
Se trata de un impuesto cuya recaudación, según el concejal, ha ido descendiendo con el paso de los años debido a la aplicación de normativas estatales, excepto en los dos años de pandemia, que vio como aumentaba, debido a los fallecimientos y herencias. “En el Covid se produjo un aumento prácticamente del cien por cien a consecuencia de los numerosos fallecimientos y las consiguientes operaciones de herencias, y se pasó de recaudar unos 700.000 euros a 1.200.000 euros”, ha señalado.
La idea del Gobierno del PP en Huesca es que la merma de 400.000 euros anuales la compense el Gobierno de Aragón con proyectos en negociación, y que en todo caso son independientes de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento, como la peatonalización de calles y la reurbanización del Isuela y con la optimización de recursos.
Tras esta noticia, Verdes Equo planteó destinar íntegramente los ingresos derivados de la plusvalía municipal en Huesca a la construcción de vivienda pública de alquiler asequible. La formación verde recuerda que para este año el presupuesto municipal prevé 511.000 euros de ingresos por plusvalía, lo que en cuatro años supondría más de dos millones de euros. “Se trata de un impacto económico muy relevante, que bien gestionado podría traducirse en viviendas para jóvenes, familias vulnerables o personas mayores con dificultades de acceso al mercado libre”, señalan desde Verdes Equo Huesca.
Concesión a Vox en Zaragoza
Mientras, en Zaragoza, el consejero de Presidencia, el popular Ángel Lorén, y la concejal de Vox Eva Torres anunciaron un acuerdo para ampliar hasta el 95%, el máximo que permite la normativa estatal, la bonificación de la plusvalía en caso de transmisiones por fallecimiento de segundas viviendas, garajes y trasteros, siempre que el valor catastral no supere los 200.000 euros. En el resto de los inmuebles se aplicará el 65% con el mismo límite catastral.
La medida, que supone llevar a delante una proposición normativa de Vox, se extiende a los pactos sucesorios de presentes, una figura del Derecho Foral Aragonés, similar a la donación, pero que a diferencia de esta no es revocable. Se trata de una transmisión inmediata de bienes de forma contractual y no solo por testamento.
La merma anual de ingresos estimada supera los 1,1 millones de euros y se suma a la reducción aprobada hace unos meses del impuesto de plusvalía para transmisiones 'mortis causa' de inmuebles distintos a la vivienda habitual.
Lorén afirmó en el anuncio de esta iniciativa que, desde que el Gobierno de la ciudad llega a un acuerdo en los presupuestos, “han ido disminuyendo permanentemente los impuestos”, y por lo tanto también los ingresos. Con esta medida, valoró, se contribuye al “bienestar de los zaragozanos” y “va directamente a bonificar a las clases medias, que son las más perjudicadas, sin duda alguna, por las medidas del Gobierno de España”.
La concejal del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha incidido en que este acuerdo con el PP se ciñe a los ingresos del proyecto de presupuesto del próximo año y ha dejado claro que para Vox el impuesto de la plusvalía, “que es voluntario y no es obligatorio de aplicación en los ayuntamientos, es injusto porque grava nuevamente a los contribuyentes que durante su vida han tenido que estar soportando otros impuestos sobre esos inmuebles, como el impuesto de bienes inmuebles”.
Ha comentado que el impuesto de la plusvalía es el que genera más litigiosidad en todos los ayuntamientos, incluido el de Zaragoza para apostillar que con este acuerdo Vox “cumple con sus votantes y sigue utilizando su influencia para rebajar impuestos”.