La realidad del Impuesto de Sucesiones: cinco de cada seis herencias no tributan en Aragón
A cinco de cada seis herederos les sale gratis acceder al legado en Aragón, en cuyas instituciones políticas el debate sobre el Impuesto de Sucesiones ha pasado en los últimos meses a ocupar un espacio desmedido en relación con el que tiene en la sociedad: 35.946 de los 43.254 autoliquidaciones (el 83,1 %) realizadas entre enero y septiembre de este año, han tenido una cuota cero; es decir, que quienes han recibido esas herencias han quedado exentos y no han tenido que pagar ni un euro.
Esas exenciones se deben, básicamente, a que ninguno de ellos iba a recibir cantidades iguales o superiores a las que obligan a pagar a las arcas públicas: 300.000 euros en valor de la vivienda habitual, a las que se añade una reducción del 65 % de la cuota para patrimonios de hasta 100.000 por cabeza. Los menores de 21 años no han de pagar si el legado no supera los tres millones.
La combinación de ambos factores hizo que, según los datos facilitados por la Consejería de Hacienda, la aportación de los 7.308 contribuyentes que sí tuvieron que pagar entre enero y septiembre se elevara a 115.001.613 euros, lo que da una media de 15.736,40 por heredero, aunque buena parte de esas liquidaciones se sitúan en realidad por debajo del millar de euros.
Elevado peso del fraude
Con todo, el fraude, ya sea por ocultar de manera voluntaria una parte de lo recibido o por haber cometido errores en la autoliquidación, también existe en este impuesto. Concretamente, el Gobierno de Aragón tenía al cierre del tercer trimestre pendientes de cobro por este tributo, “fruto de la labor de inspección y gestión tributaria”, 31.615.971,30 euros de liquidaciones complementarias y actas de inspección.
Esas cifras indican que este año la persecución del fraude aporta algo más de la cuarta parte de la recaudación por el Impuesto de Sucesiones en Aragón.
Por otro lado, a la valoración del legado se le unen, en todo el Estado, rebajas por la vía de la picaresca, como la inclusión de los herederos como cotitulares de cuentas bancarias que gestionan tras la muerte de sus parientes enfermos o de mayor edad sin que se produzca lo que jurídicamente se considera una herencia.
La gestión de este tributo, que conservan la práctica totalidad de las comunidades autónomas aunque con diferencias en el tratamiento (Andalucía ha elevado el mínimo exento a un millón de euros y Castilla y León a 400.000), ha generado en los últimos meses varios debates en las Cortes de Aragón y ha llevado a constituir una plataforma por la abolición del tributo.
Un tributo en retroceso
Sin embargo, lo cierto es que la recaudación por este tributo lleva años en retroceso en la comunidad, donde los 192 millones de derechos reconocidos (a cobrar) de 2013 y 2014 se redujeron a 136 y 149 en los dos siguientes ejercicios. Los ingresos netos, ya sea por aplazamientos o por recursos, han oscilado entre los 108 y los 132 en los últimos diez años.
En el resto del país, según recoge el último Informe de Fiscalidad Autonómica, no hay una pauta ideológica sobre sus resultados: cae en Asturias y crece en Baleares, donde gobierna el PSOE apoyado por Podemos; sube en Castilla y León y baja en Madrid, comunidades controladas por el PP con el respaldo de Ciudadanos, y se dispara en Galicia, única autonomía con un ejecutivo con mayoría absoluta, en este caso de los conservadores.
La Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica se muestra contraria a suprimir este tributo, explican fuentes del Gobierno de Aragón, ante la falta de alternativas para compensar ese descenso de los ingresos. El consejero aragonés de Hacienda, Fernando Gimeno, se muestra partidario de armonizarlo estableciendo unos tipos mínimos y máximos que eviten la competencia fiscal entre territorios.
En cualquier caso, se trata de un impuesto que los gobiernos de Aragón siempre han tratado como una mera vía de ingresos y nunca han planteado utilizar como palanca para otras finalidades como actuar contra el cambio climático o la despoblación, mediante rebajas para las herencias de campos que vayan a seguir siendo cultivados o casas que vayan a ser alquiladas a residentes en áreas rurales, o de facilitar las transiciones a sectores como el pequeño comercio y la microempresa, algo de lo que dependerá en la próxima década el mantenimiento de buena parte de los servicios en el mundo rural.
