La herida social en Aragón del 'boom' renovable
El portavoz de la Plataforma 13M, Javier Oquendo, verbalizó el pasado miércoles su preocupación por la fragmentación social que está ocasionando el despliegue desordenado de las energías renovables en el territorio aragonés. Lo dejó caer al final de una jornada en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza en la que, al hilo de los casos Forestalia e Inaga, informaron de su actividad los movimientos sociales y ambientales: la Plataforma 13M, que agrupa a 17 entidades ciudadanas y ecologistas, la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, con su portavoz Ana Cortés, y la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, representada por Juan Antonio Gil.
Estos conflictos en el territorio desencadenan que dejen de hablarse vecinos, que no se saluden cuando se cruzan por la calle, que dejen de jugar la partida de cartas en el bar e incluso que se rechacen o intimiden. En definitiva, que dejen de convivir en un espacio reducido como lo es un pequeño municipio.
La herida vecinal que se abre es muy difícil de cicatrizar. El caso de los 15 municipios de la comarca del Maestrazgo lo podríamos hacer extensivo a las sierras de Albarracín, al Matarraña, a las Cinco Villas (Ejea ha sido una excepción al utilizar el plan de urbanismo para ampliar las zonas de protección incluyendo el regadío), a los Monegros, al Campo de Visiedo, a las Cuencas Mineras turolenses, al Campo de Belchite, atención a la permanente crispación en Fuendetodos, y al Campo de Daroca. A cualquier “territorio de sacrificio”, como denominan los movimientos críticos ciudadanos y ecologistas a estas zonas. La comarca del Maestrazgo tiene poco más de 3.000 habitantes y una densidad de población que no llega al 3 por ciento.
El ministerio de Transición Ecológica (Miteco), el Gobierno de Aragón y el Inaga no tuvieron en cuenta el riesgo de dañar la cohesión social. Tampoco Forestalia, que cuando en mayo de 2017 ganó la primera gran subasta ministerial al adjudicarse 1.200 megavatios, principalmente de energía eólica, era solo una iniciativa personal del avispado visionario Fernando Samper.
En el año 2000, la energía solar y eólica no llegaban al 3% de la generación eléctrica en España. Veintiséis años después pasan del 41%. Si se les añade la hidroeléctrica y otras minoritarias, el 55,5% de la energía eléctrica en España se está produciendo con fuentes renovables. Y eso a pesar del freno que supuso el apagón del 28 de abril del año pasado, atribuido por un reciente informe de la Unión Europea a una combinación de factores, no a la dependencia de España de las energías limpias.
Las investigaciones sobre el clúster del Maestrazgo han trascendido al ámbito nacional y europeo gracias a las denuncias de los movimientos ciudadanos, a la investigación de la Guardia Civil y a la apertura de diligencias de un juez de instrucción de Teruel, que tendrá que decidir en los próximos días sobre el futuro de una inversión de 1.000 millones de euros.
Una potente inversión a la que presuntamente se allanó el camino con evaluaciones de impacto ambiental (EIA), con presiones y represalias a funcionarios, y con autorizaciones de evacuación a la red eléctrica que se saltaban la Red Natura 2000, el Geoparque mundial de la Unesco, y otras figuras de protección de aves y naturaleza.
Las investigaciones justo han trascendido cuando la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz están revalorizando el modelo energético español, elogiado por influyentes medios de comunicación internacionales como el “Financial Times”. Una coincidencia que está revelando actuaciones especulativas y fallo de los controles públicos en el despliegue de las energías limpias.
Nueve de los 15 municipios de la comarca del Maestrazgo (La Iglesuela del Cid, Cantavieja, Mirambel, Bordón, La Cuba, Tronchón, Fortanete, Villarluengo y Puertomingalvo) constituyeron la asociación “Viento Alto” a principios de 2020. En octubre de 2022 firmaron un acuerdo con Forestalia sobre la base de que el proyecto de los 800 megavatios de potencia es “una herramienta de bienestar social contra la despoblación”: desarrollo económico, empleo y el recibo de la luz gratis para sus vecinos. El más poblado, Cantavieja, tiene poco más de 700 habitantes.
Los otros seis son Allepuz, Cañada de Benatanduz, Molinos, Pitarque, Villarroya de los Pinares y Miravete de la Sierra. Este último y singular municipio medieval, con una treintena de vecinos empadronados, acogió el 14 de agosto de 1977, recién estrenada la democracia, la primera movilización ciudadana de la provincia bajo el lema '¡Salvemos Teruel!' y detrás de una pancarta en la que se leía 'Teruel olvidado, Aragón expoliado'. Treinta y un años después, una original campaña publicitaria lo proyectaría a nivel nacional como “el pueblo en el que nunca pasa nada”.
Con el primer boom de las renovables, el del 2000, se destapó la “Operación Molinos”, el caso de corrupción de La Muela, el municipio vecino de Zaragoza en el que ataban los perros con longaniza, que finalizó con una condena de 11 años de prisión para su alcaldesa.
Con el segundo desordenado despliegue de las renovables, ha estallado el caso Forestalia. Boom, falta de transparencia y presunta corrupción son recurrentes. Estamos avisados para el despliegue inversor multimillonario de los centros de datos.
En el encuentro del pasado miércoles, Javier Oquendo criticó el silencio del Fondo de inversión danés, que avaló desde el primer minuto el proyecto que ha rebautizado como Clúster Teruel, y lanzó un nuevo desafío renovable: luchar contra la división vecinal que producen estos conflictos en el territorio. Un daño que puede ser irreversible.