Zona de sacrificio

Zona de sacrificio es una expresión que se acuñó en Estados Unidos durante la Guerra Fría, en la década de los 70, para definir a los territorios despoblados y/o empobrecidos dañados por la minería del carbón y del uranio y por la radiación. Globalmente se asocia a la injusticia ambiental.

En Aragón sabemos mucho de eso por las características de nuestro territorio, por nuestra baja densidad, 29 habitantes por kilómetro cuadrado, envejecimiento y dispersión de los habitantes. Somos cerca de 1.400.000 habitantes repartidos en más de mil núcleos de población con la singularidad de que más de la mitad se concentran en Zaragoza y su área de influencia.

Ya en la década de los 70 surgieron organizaciones como Coacinca, Defensa de los Intereses del Bajo Aragón y del Bajo Aragón Teruel (Deiba y Deibate), para oponerse frontalmente a varios proyectos de centrales nucleares. Fue una etapa de entusiasmo por la libertad, por el debate y por las movilizaciones sociales, que se prolongó a lo largo de las décadas de los 80 y de los 90 con proyectos cuestionados por asociaciones ciudadanas como la construcción de la térmica de Andorra, la localización de la General Motors, los grandes embalses y, masivamente, los proyectos de trasvases del Ebro.

Colectivos ecologistas, investigadores y activistas como Mario Gaviria y sus equipos dinamizaron el debate público con publicaciones como “El Bajo Aragón expoliado” o “Zaragoza contra Aragón”. Con el paso del tiempo, la autocrítica le llevó a sustituir el contra por el “Zaragoza con Aragón”.

Con más conformismo y menos transparencia, en las primeras décadas del siglo XXI los debates se están centrando en la acelerada expansión de las energías renovables, de los centros de datos y de la Inteligencia Artificial.

El hilo conductor continúa siendo el mismo. Traslado la acertada definición de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel: “Zona de sacrificio es un territorio empobrecido o despoblado al que se le impone una sobrecarga excesiva de infraestructuras energéticas y extractivas que otros lugares o grandes ciudades rechazan en sus propios entornos”.

En ella caben los macroparques eólicos y solares, las plantas de biogás, los almacenes de baterías de litio, las macrogranjas de cerdos y la minería. Para hacernos una idea de las daños irreversibles del extractivismo minero en el paisaje y en las comunidades locales es muy recomendable leer el libro “Hijos del carbón” de la escritora leonesa Noemí Sabugal. Desolador.

De la definición de zona de sacrificio, quiero subrayar el término sobrecarga, que va asociado a la ausencia de planificación y control administrativo, y añado de mi cosecha desconsideración con las comunidades locales que son las que ceden los recursos naturales (tierras, agua y energía) y las que durante décadas soportarán los efectos negativos.

Nadie puede negar la necesidad de los centros de datos en una sociedad digital pero, antes de anunciar a los cuatro vientos las cifras multimillonarias de inversiones y empleos, debería haberse ordenado la expansión y deberían haberse atado las compensaciones para las comunidades locales previa audiencia.

El Gobierno de Aragón se ha deslumbrado con las cifras y el liderazgo tecnológico, dejando de lado, por ejemplo, exigir a las compañías tecnológicas las compensaciones económicas para los municipios que han visto “puenteada” su autonomía. Por cierto, cuando se dan cifras de empleos sería preciso desglosar entre la construcción de las naves y la explotación.

La declaración de interés general para Aragón (PIGA) exime a esas compañías, Amazon, Microsoft, Blackstone, de pagar algunos impuestos que se recaudarían como ingresos municipales. Recientemente, nos hemos enterado de que alguna de las operadoras que van más avanzadas está pagando el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en Madrid y no en Aragón.

Están faltando regulación porque el acceso y la conexión a la red eléctrica es competencia estatal, porque se quiere garantizar la eficiencia energética, por ejemplo en el consumo de agua, la soberanía digital (las operadoras tecnológicas tendrán que estar establecidas en la UE) y la seguridad de los datos para que no accedan terceras compañías que estén fuera del Derecho europeo. 

Eso es lo que pretende el real decreto del Gobierno de España, que obligará a los centros de datos a cubrir con energía renovable el 80 por ciento de su consumo energético acreditado hora a hora.

Las prisas –se quiere aprobar como muy tarde las primeras semanas de noviembre- obedecen a que es un compromiso con Bruselas para cerrar el séptimo y último pago de los fondos europeos Next Generation: 25.861 millones de euros. La mayor inversión pública europea puesta en marcha tras la pandemia. 

La premura y el contenido del real decreto, con duras exigencias ambientales y de transparencia, motivaron que el presidente Azcón afirmara en un reciente Foro de la Cámara de Comercio estadounidense en Madrid que “Sánchez quiere sacrificar un futuro tecnológico y económico de Aragón por un puñado de votos”.

Otra vez la histeria con el presidente de Gobierno al que desde el minuto uno de la investidura le sacaron la bola negra. Entre el “Bienvenido, Mister Marshall” y el riesgo de una nueva zona de sacrificio debería haber un término medio, un equilibrio equitativo que beneficie a todos: a España, a los municipios de Aragón y a la justicia ambiental.