El Parque del Agua Luis Buñuel está gravemente herido por el abandono al que ha estado sometido durante los diez últimos años. La alarma la han dado en los últimos días Iñaki Alday, uno de los arquitectos del equipo multidisciplinar que lo diseñó, y Francisco Pellicer, ex director de Operaciones y Contenidos de la Expo Zaragoza y presidente de la asociación Legado Expo.
La sociedad municipal Zaragoza Expo que la gestionaba se disolvió en 2017. Desde entonces las cosas han ido de mal en peor. No ha habido mantenimiento ni limpieza de la biomasa orgánica y la suciedad está colapsando el circuito del agua que incluye el riego, la navegación, los embarcaderos, el canal de aguas bravas, los huertos educativos y las playas.
El circuito de 2 kilómetros de canales y lagunas se trazó para captar el agua sucia del Ebro y de la acequia del Rabal, depurarla y devolverla al río en mejores condiciones. Si no se actúa con urgencia, advierten Alday y Pellicer, el filtro verde, los canales y los estanques serán pronto charcas inmundas y malolientes.
Si eso llega a ocurrir, quedará seriamente dañado un pulmón verde de 120 hectáreas en la Margen Izquierda para el disfrute de los ciudadanos. También una parte esencial del legado de la Expo, de una Zaragoza capital del ahorro, del buen uso del agua y de la defensa ambiental para frenar las crecidas del río.
El equipo de gobierno municipal había consignado una partida presupuestaria plurianual de 3,2 millones de euros hasta 2028. En el actual ejercicio estaban programados 200.000 euros que, sin reparo alguno, se desviaron para transformar la antigua fábrica de Giesa en un centro de producción audiovisual, Distrito 7, y para comprar una nave.
Está claro que el Parque del Agua no es una prioridad para los actuales rectores municipales, que parecen sentirse incómodos con la reciente memoria histórica, con la Expo 2008 que hizo realidad la mayor transformación que ha experimentado la capital aragonesa en muchas décadas (habría que retrotraerse al precedente de la llegada de la democracia municipal y de los dos mandatos de Ramón Sáinz de Varanda).
La Expo llegó con un acuerdo político, personificado en los ex alcaldes José Atarés (PP) y Juan Alberto Belloch (PSOE), y en el decisivo respaldo de la entonces vicepresidenta del Gobierno de España Teresa Fernández de la Vega. Llegó también con una planificación estratégica previa, un modelo de ciudad para el siglo XXI, en la que trabajaron durante años ingenieros, arquitectos y consultores. Fue un desafío en el que se comprometió a asociaciones, organizaciones empresariales y sindicales, a los medios de comunicación y, sobre todo, a los ciudadanos que con su participación activa fueron determinantes para el éxito de la candidatura frente a Trieste y Tesalónica.
No quiero olvidarme del Plan de Acompañamiento de 2.500 millones de euros que, además del recinto Expo y de la recuperación de las riberas del Ebro, Gállego y Canal Imperial, incluyó otras grandes obras como el Puente del Tercer Milenio, la Ronda del Rabal, la prolongación de la avenida Pablo Ruiz Picasso, la Z-40, la estación intermodal de las Delicias, el paso inferior de la rotonda de la MAZ, la Vía Parque del Canal Imperial de Aragón, la ampliación y modernización del aeropuerto y los 30 kilómetros de Anillo Verde.
Resulta paradójico que al mismo tiempo que el equipo de gobierno municipal está apostando por la necesaria recuperación del Huerva, cuyo cauce y riberas quedaron pendientes en la Expo de 2008, esté abandonando el Parque del Agua, el buque insignia del urbanismo sostenible con el agua. Como también se está descuidando desde hace años el mantenimiento de los corredores verdes y de los equipamientos de la muestra internacional.
La Zaragoza capital del agua, y también Luis Buñuel, merecen –como ha reclamado el arquitecto Iñaki Alday– la revisión urgente del sistema hídrico del parque Luis Buñuel para evitar daños irreversibles, la reforma integral de la noria siria y facilitar que puedan reabrir las concesiones que se vieron obligadas a cerrar.
Por extensión, los aragoneses merecen también que se estimule un debate más vivo, riguroso y transparente sobre las posibles hipotecas de las inversiones multimillonarias en centros de datos que son voraces consumidores de energía y de agua.
Para empezar, hay evidencias de que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) no da abasto para evaluar los impactos ambientales de estos grandes proyectos que, sumados a los de las energías renovables y a los de las granjas porcinas, no paran de salir a información pública en el Boletín Oficial de Aragón.
La duda que queda en el aire es si alguien está evaluando con profundidad el impacto y las justas compensaciones en el territorio o si, por el contrario, el Gobierno de Aragón se está dejando llevar por una “política de barra libre”.