Los ayuntamientos aragoneses se rebelan: reclaman más de 700 millones que retiene el Estado para recuperarse del coronavirus

Las diputaciones provinciales, las comarcas y los 731 ayuntamientos aragoneses urgen inversiones millonarias para recuperarse de los trágicos efectos del coronavirus. Por esta razón, exigen, entre otras medidas, poder gastar los más de 700 millones de euros que les retiene el Estado como consecuencia de la aplicación de la “maldita” Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), también llamada Ley Montoro. Ésta es la actuación estrella que reclaman las administraciones locales aragonesas que está incluida en la Estrategia para la Recuperación Social y Económica, suscrita a principios de junio por todos los partidos -salvo Vox-, los agentes sociales y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).

En diciembre de 2013, en plena crisis económica, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la LRSAL, que todavía sigue vigente y que suponía, con el argumento de la necesidad de la estabilidad presupuestaria y de no incrementar el déficit, intervenir de hecho en la gestión municipal, de tal forma que se hacía la vida imposible a los ayuntamientos a la hora de invertir, contratar personal y ejecutar el presupuesto anual ordinario. Y como no gastaron porque la ley no les dejaba, los municipios han ido acumulando remanentes hasta llegar a los más de 700 millones de euros actuales, una situación económica saneada que les permite afrontar retos “con mayor solvencia que en anteriores situaciones de crisis”. “Nos intervinieron las cuentas y ahora queremos usar ese dinero para impulsar el tejido industrial de nuestros municipios y pagar la factura de los numerosos gastos que nos ha provocado la COVID-19”, afirma el diario Aragón el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta.

Coronavirus, a pie de calle

Los ayuntamientos han estado “a pie de calle” desde que se desató la alarma del coronavirus, ayudando a sus vecinos con las numerosas necesidades que al principio generó “mucha incertidumbre y preocupación”. Ahora, la desescalada está siendo “suave y lo vemos con más optimismo”, en palabras de Zubieta. Lo más urgente ahora es que se reactive la economía pequeña de los municipios y para ello hacen falta inversiones.

La dedica un capítulo monográfico a la activación económica en la Administración Local y, además de recoger en el punto primero la reclamación de los más de 700 millones de euros de remanentes acumulados por la sucesivas liquidaciones presupuestarias, incide en la necesidad de realizar en los municipios inversiones en urbanismo, infraestructuras, asfaltado de calles, urbanización, así como elaboración de planes de actuación que afecten a servicios esenciales (sanidad, servicios sociales, educación…) conveniados entre varias administraciones (DGA, diputaciones y ayuntamientos). El documento se refiere también a la importancia de la futura Ley para el Fondo Aragonés de Financiación Municipal, cuyo anteproyecto ha sido aprobado ya por el Gobierno de Aragón y que llegará a las Cortes después del verano. Se trata de una ley que los municipios consideran clave, ya que les garantizará financiación segura al margen de las disputas políticas.

Otras medidas recogidas en la Estrategia abogan por el aplazamiento y suspensión de plazos del pago de los tributos locales, así como la adaptación de los presupuestos de 2020 a la nueva situación de crisis sanitaria y económica. En la fase de desescalamiento, se plantean protocolos en los municipios para personal, equipamientos municipales culturales, deportivos, educativos, sociales, turísticos y asistenciales. Los municipios proponen el traslado de eventos populares suspendidos por la epidemia a finales de 2020 o a 2021, “incluso duplicarlos dentro del próximo año”.

Por último, el documento reclama otra de las grandes exigencias de los municipios: la supresión de la limitación establecida en la tasa de reposición de personal para así poder reforzar unas plantillas que son “insuficientes” para la lucha contra la pandemia.