El colectivo de personas con discapacidad reclama consenso político para aprobar su ley ante un año electoral

Las asociaciones que representan a las personas con discapacidad en Aragón reclamarán a los grupos parlamentarios, con los que se reunirán a partir de septiembre, consenso para aprobar el proyecto de ley de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad antes de que acabe la legislatura.

“Les pediremos que no hagan campaña con esto, si no, todo el trabajo que llevamos haciendo no habrá servido de nada y habrá que volver a empezar de nuevo”, indica la presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Aragón), Marta Valencia, dado que los proyectos decaen si no son aprobados durante la misma legislatura en la que son presentados.

Las Cortes de Aragón, que han aprobado más de 40 normas en esta legislatura, tienen 23 leyes pendientes de acuerdo para su aprobación, entre ellas la ley de renta social básica, que está bloqueada pese a ser uno de los proyectos prometidos en esta la legislatura.

Desde CERMI, no quieren que la ley de Personas con Discapacidad, aprobada en Consejo de Gobierno a finales de junio y cuyo texto fue remitido a las Cortes, se retrase, por lo que piden a los grupos consenso y celeridad para aprobarla en esta legislatura. Saben que los partidos políticos encaran un año electoral, lo que puede dificultar los acuerdos, y que el Parlamento autonómico se disolverá 40 días antes de la fecha de los comicios, es decir en abril, por lo que cuentan con menos tiempo. En concreto, siete meses para aprobar estas leyes, además de otras iniciativas que el Gobierno de Aragón remita a lo largo de las próximas semanas.

Por ello, los representantes de las asociaciones de personas se reunirán a partir de septiembre con todos los grupos políticos para transmitirles la urgencia de aprobar una norma que garantiza los mismos derechos a las personas con discapacidad.

Ocho modificaciones

En estos encuentros, CERMI trasladará ocho modificaciones al proyecto de ley con el ánimo de que se incluyan durante su tramitación en las Cortes y queden recogidos en la futura ley.

Marta Valencia valora que el Gobierno de Aragón haya tenido en cuenta 80 de las 100 aportaciones planteadas por el colectivo, pero insta a seguir trabajando para recuperar las que se quedaron fuera y que, a su juicio, son también “vitales”. La nueva ley situará a Aragón como una de las comunidades autónomas pioneras en esta materia, junto a Andalucía y Castilla y León. Existe una norma a nivel nacional, pero las competencias asociadas a esta norma (sanidad, servicios sociales, educación…) son autonómicas, de ahí la necesidad de que se regule por CCAA, apunta.

La nueva ley regula toda la normativa de manera transversal. No se limita solo a los servicios sociales sino que aborda el empleo, la infancia, la salud, la educación, algo que valoran desde el colectivo. “Eso es muy bueno porque nosotros queremos implicar a todas las consejerías, porque todas nos afectan, la discapacidad es transversal a todas”, insiste Valencia. Además, en la misma ley se crean instrumentos para poder recurrir en caso de discriminación y un sistema de arbitraje para favorecer la mediación ante conflictos.

No obstante, Valencia sostiene que hay puntos que se han quedado fuera y que deberían incluirse en el texto. La primera reivindicación tiene que ver con los plazos de desarrollo reglamentario de la misma por parte de cada una de las consejerías. Desde CERMI, exigen que esto se lleve a cabo en el plazo de un año desde la aprobación de la ley en las Cortes de Aragón.

“Queremos que los planes estén dotados económicamente en condiciones y se desarrollen en un tiempo determinado, que haya un plazo para hacerlo, porque si no se dilata en el tiempo”, puntualiza.

Dispositivos de emergencia accesibles para mujeres

En el apartado de mujeres y niñas con discapacidad, donde se plantea el desarrollo de programas de prevención y atención de la violencia de género, proponen que la norma garantice el uso accesible de los dispositivos de emergencia de las mujeres con discapacidad. Valencia cuenta que han conocido casos de mujeres con discapacidad auditiva con las que la unidad de alejamiento no ha podido contactar, porque llamaban por teléfono y estas lógicamente no lo oían. “Ahora el 016 incorpora ya un sistema para la lengua de signos, pero hay muchas herramientas de comunicación para estos casos que no están adaptados, empezando por las propias comisarias”, sostiene.

Por otro lado, desde CERMI exigirán también asistencia por parte del Gobierno de Aragón para sufragar los gastos relacionados con la discapacidad a las familias en situación de pobreza y la incorporación de un profesional único que sirva de vínculo entre los profesionales sanitarios que atienden a la persona con discapacidad para mejorar la atención y reducir la carga de cuidados soportada por la familia.

A nivel educativo, reclaman también la elaboración de estudios e investigaciones sobre grado de acoso o violencia en las aulas hacia las personas con discapacidad, para conocer en profundidad esta realidad y poder desarrollar medidas. Y plantean también un cambio en el título de la ley para que se denomine ‘Derechos y garantías (en lugar de atención) a las personas con discapacidad.

Hacia la accesibilidad universal

Con esta ley se avanzará también en la accesibilidad universal. La actual ley data de 1997, por lo que urgía una renovación en todos los ámbitos, física y sensorial, y abordar también la cognitiva, que no estaba incluida en la norma vigente.

“Sigue habiendo barreras físicas, sensitivas y cognitivas. Por ejemplo, la Ciudad de la Justicia en su día no la hicieron accesible del todo, y hubo muchos fallos y errores, también el centro de salud Inocencio Jiménez”, afirma.

Lo que reclaman es que cuenten con ellos antes de diseñar un nuevo edificio para hacerlo accesible desde el primer momento como se está haciendo, asegura, con la nueva Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Se trata de incluir rampas, evitar escalones o puertas giratorias; letreros con un tamaño de fuente más grande o pictogramas para orientar a las personas con discapacidad dentro de un edificio, así como permitir la entrada de perros guía, entre otras actuaciones. En definitiva, “medidas para toda la sociedad, porque todos vamos a ser mayores, y vamos a perder oído, vista y movilidad”, concluye.