El Gobierno de Aragón autorizó Magisterio en la universidad privada a pesar de que en la pública sobran plazas
En este curso de las 240 plazas de Magisterio en Educación Infantil y Primaria que había para estudiar en el campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza solo se lograron cubrir 197. El mismo número se ofertó en Huesca, donde se ocuparon todas aunque, “por primera vez en la historia reciente”, se tuvo que abrir una lista de espera en septiembre.
Las cifras evidencian las dificultades de los campus periféricos para completar toda su oferta. Con la reciente autorización, por parte del Gobierno de Aragón, del grado de Magisterio en la Universidad San Jorge, el impacto en Huesca y Teruel puede ser “imprevisible”, tal y como explica la vicerrectora del campus turolense, Alexia Sanz.
En el curso actual, el 54% de los alumnos de Huesca son de Magisterio. El porcentaje desciende al 40% en Teruel; de los cuales, según apunta Sanz, el 25% procede de Zaragoza y su entorno.
Para la vicerrectora, el error no solo está en la mera duplicación sino también en la forma de llevarla a cabo y en el hecho de que “abre las puertas a otras posibles autorizaciones”. La planificación universitaria, dice, ha de ser de interés general en todos los lados, “pero más en Huesca y en Teruel donde se dan una serie de derivadas sociales y culturales específicas”.
La Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (Losua) establece que se ha de velar por “la vertebración territorial y la descentralización”. Si no les gusta, dice Sanz, que hagan otra, “pero es el sistema que tenemos y no tiene sentido que, a partir de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, se cambien las reglas del juego”.
Critica también que desde el Ejecutivo autónomo se está insinuando que hay un enfrentamiento entre las dos universidades, y eso “no es cierto”.
Todos los partidos están en contra
Desde que el Gobierno de Aragón confirmó la autorización se han sucedido las voces discordantes. Provenientes estas de todos los partidos, incluido el Partido Popular. Fruto de ello, la consejera de Educación comparece esta mañana en las Cortes de Aragón, a petición del Grupo Parlamentario Socialista.
En el PSOE aseguraron que la autorización es “ilegal” por incumplir el Estatuto de Autonomía y la Losua. Lamentaron, además, que la decisión se haya tomado una vez disueltas las Cortes para “escapar del control parlamentario”.
Patricia Luquin, candidata de IU a la presidencia de Aragón, pidió a la consejera de Educación, Dolores Serrat, que anulara la autorización ante “el clamor de la población”. En su opinión, ha sido una maniobra efectuada con “autoritarismo, secretismo y nulo diálogo”.
También desde CHA llegaron las críticas, David Félez, candidato a la alcaldía de Huesca, apuntó que el objetivo real de la administración autonómica es “desmantelar” la universidad pública. También se refirió a las diferentes posturas del PP: “La alcaldesa de Huesca, Ana Alós, queda totalmente desautorizada por la decisión de su propio partido”.
