El Juzgado de Instrucción ha citado a declarar en calidad de investigados a Emilio Santacatalina Revelles y a Nicolaas Richardus Johannes María en el marco de la causa abierta por la compra de mascarillas defectuosas en Aragón durante la pandemia de 2020. El procedimiento se sigue a raíz de la denuncia presentada por el Gobierno de Aragón, que en julio anunció que trasladaba a la Fiscalía el expediente de compra de material de protección efectuado en abril de 2020 por el anterior Ejecutivo autonómico, presidido por el socialista Javier Lambán.
En esa fecha, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) pagó de forma anticipada 244.570 euros al Grupo Santacatalina, a través de la firma neerlandesa Escrow & Trust Europe Foundation, por un lote de mascarillas FFP2 y FFP3. Posteriormente se detectó que 10.000 de esas unidades, adquiridas a un precio de 4,15 euros cada una, no eran adecuadas para uso sanitario.
La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, cifró en 25.382 euros, más el coste proporcional del transporte internacional, el beneficio patrimonial obtenido indebidamente por el proveedor y aseguró que se reclamaría esa cantidad. El Ejecutivo actual entiende que en la operación pudo haberse cometido un delito de estafa.
En la providencia, la jueza acuerda también que, si los citados ostentan la representación legal de las sociedades Grupo Santacatalina Build New World y Escrow & Trust Europe Foundation, estas entidades deberán comparecer en la misma fecha en calidad de investigadas como personas jurídicas. Deberán designar representante, acudir con abogado y procurador, y presentar las escrituras de constitución de la sociedad, así como el domicilio social.
Además, se requiere a la empresa Wolke, Patentes y Marcas S.L., con sede en Madrid, que informe sobre el domicilio social de Grupo Santacatalina Build New World, dado que actuó en nombre de esta mercantil en una solicitud de patente.
La magistrada advierte de que, en caso de que los citados no sean localizados en los domicilios facilitados, se oficiará a la Policía Nacional para la averiguación correspondiente. Contra la resolución cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.