El Gobierno de Aragón reclamará en los juzgados 25.000 euros por las mascarillas defectuosas

El Gobierno de Aragón ha determinado llevar ante el Ministerio Fiscal el caso de las miles de mascarillas defectuosas recibidas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en abril de 2020. El contrato objeto de la reclamación condujo al pago y la recepción de 10.000 mascarillas que debían destinarse a la protección del personal cuidador de residencias de mayores y discapacidad dependientes del IASS y que no pudieron distribuirse por no cumplir con los estándares de calidad acordados, tal y como acreditaron en 2021 y 2022 sendos informes tanto del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales –hoy de Bienestar Social y Familia– como la Cámara de Cuentas.

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha informado de esta decisión del Ejecutivo, al entender que “es dinero público con el que se ha estafado al Gobierno de Aragón y que la obligación del Gobierno es culminar este proceso y dar traslado a la Fiscalía”.

“Lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a nuestra obligación”, ha dicho la Consejera: “Si se ha estafado a los aragoneses con dinero público, la obligación de este Gobierno es trasladar los hechos a la Fiscalía para analizar si hay algún tipo de delito de estafa a los aragoneses, porque al final es a los aragoneses a los que se está estafando”, ha explicado, en un momento complejo en plena pandemia de covid19 “en el que se estaba sufriendo muchísimo en las residencias”.

A mediados de marzo el presidente Jorge Azcón confirmó que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón estaban elaborando un informe para dilucidar si cabía reclamar el dinero que el Ejecutivo abonó por esos lotes de mascarillas defectuosas. El informe, tal y como ha explicado este martes la consejera Carmen Susín, arroja dos conclusiones: la primera establece una cuantificación del perjuicio sufrido por el IASS por este asunto en 25.382,31 euros, una cantidad a la que cabría añadir una parte del coste del transporte, y en segundo lugar, determina que la puesta en conocimiento de estos hechos al Ministerio Fiscal –si éste lo estima procedente– permitiría practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y depurar así las responsabilidades penales y civiles que se puedan derivar en el caso de que tales hechos pudieran ser constitutivos de delito.

Las mascarillas permanecen en la actualidad en los sótanos de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar y, de acuerdo con la documentación sobre la operación suscrita por el Secretario General Técnico del Departamento en agosto de 2020, fueron adquiridas a un precio de 4,15 euros cada mascarilla “de uso médico” y a 0,75 euros por cada “unidad de tres capas”; tales precios -por encima de mercado- fueron justificados en la factura por considerarse las primeras de mayor calidad que las segundas. Así, esas primeras mascarillas se compraron por una cantidad 5,53 veces superior en relación con las segundas, pero posteriormente se comprobó que no cumplían con los estándares exigidos.

Ese es el hecho que, según ha explicado Susín, podría ser constitutivo de delito de estafa según los servicios jurídicos, ya que el material recibido no reunía las características comprometidas por las que se había acordado ese pago más de cinco veces mayor en lo que puede constituir una actuación consciente y deliberada por parte de la empresa vendedora.

La compañía –Escrow Trust Europe Foundation, radicada en Países Bajos– simuló además un certificado que falseaba la naturaleza del material adquirido y su efectividad, tal y como ya constaba en un requerimiento enviado por el Ejecutivo anterior en agosto de 2020, cuatro meses después de la operación. De este modo, ante lo que Susín ha calificado como una “dejación de funciones” del anterior Ejecutivo al no poner en marcha un procedimiento judicial para reclamar el dinero, será el Gobierno de Jorge Azcón el que dé el paso para hacerlo “cuanto antes”, en palabras de la consejera de Bienestar Social y Familia.

En concreto, el importe abonado anticipadamente en esta operación de compraventa el 2 de abril de 2020 fue de 244.570 euros desglosados en dos facturas; de ese montante, el importe facturado al IASS por el material suministrado que se consideró defectuoso asciende a 41.500 euros por 10.000 mascarillas calificadas por la empresa suministradora “de uso médico” y que demostraron no cumplir con la consideración de ser FFP2 ni FFP3. De esa cantidad se resta el importe de 16.117,69 euros, incluidos en la 2ª factura como saldo favorable y pendiente de pago a favor de la compañía y que el IASS no ingresó una vez certificó que el material incumplía las especificaciones acordadas.