En Aragón todavía quedan placas, cruces y monumentos relacionados con el régimen franquista, a pesar de que la Ley de Memoria Democrática estatal sostiene que tienen que ser retirados. Lejos de avanzar en el cumplimiento de esta norma, las Cortes de Aragón aprobaron este jueves con los votos a favor de PP, Vox y PAR una proposición no de ley (PNL) que reclama “proteger de su destrucción, retirada o eliminación” los bienes “contrarios a la memoria democrática”. Para ello, se pretende declarar Bien de Interés Cultura (BIC) 58 placas, cruces y monumentos, varios de ellos relacionados con el franquismo. Es el caso de la escultura ecuestre de Francisco Franco de la Academia General Militar, que fue retirada en 2006 y actualmente permanece en los almacenes de Plaza o la placa en el Ayuntamiento de Huesca “agradeciendo a Franco y a la Dirección de Regiones Devastadas”, que la justicia ordenó eliminar en 2022.
La propuesta de Vox surge tras la polémica relativa a la cruz de Bezas, en la Sierra de Albarracín, cuyo derribo recomendó el Servicio Provincial del Gobierno de Aragón el pasado mes de marzo. La cruz estaba deteriorada tras la caída de un rayo y se consideró un “riesgo para los trabajadores”. Tanto Vox como abogados cristianos recurrieron esta decisión y, finalmente, el consejero de Medioambiente aseguró en las Cortes de Aragón que se iba a proceder a su restauración. Este hecho ha servido a Vox para proponer “proteger” diferentes elementos distribuidos por toda la comunidad autónoma, desde el Monumento a la Legión, el Monumento a los estudiantes caídos por Dios y por la patria, ambos en Zaragoza, y varias cruces y monumentos a los caídos en Huesca y Teruel.
Precisamente el asunto de la cruz es lo que ha garantizado el apoyo del PAR, que propuso una enmienda al segundo punto de la PNL que instaba al Ayuntamiento de Bezas “a impedir la demolición de la Cruz y poner todos los medios a su alcance para garantizar su efectiva conservación”. Alberto Izquierdo, líder del PAR, defendió la gestión del Ayuntamiento de Bezas, que “no tuvo más remedio que obedecer la orden del servicio provincial” y que este Consistorio o podía hacer frente al coste económico de restaurar la cruz: “La gente del pueblo prefiere no quitarla, pero no puede costearlo”, y así lo hizo constar en su enmienda.
El PP se mostró de acuerdo con Vox, exponiendo que mostrarían su apoyo siempre y cuando “se respete la legalidad”. En su intervención, Marín aseguró que “la historia no está para juzgarla, está para aprender de ella de tal manera que no volvamos a cometer los mismos errores”. En relación con la polémica de la cruz de Bezas, la diputada del PP se remitía a la enmienda planteada por el líder del PAR, Marín añadió que la cruz “no se va a retirar, se va a restaurar”.
Desde la Asociación para la Recuperación de Aragón Histórica de Aragón (ARMHA) consideran que es “absolutamente inaceptable” esta PNL y critican la posición del PP y PAR en esta votación: “La base de esta PNL es incompatible con la democracia, nuestra opinión es que les debería dar vergüenza al PP, que se pliega a estos por las exigencias del guion porque tienen que mostrar un acercamiento a Vox, lo del PAR es vergonzoso”, expone Enrique Gómez, presidente de esa asociación.
Alejandro Nolasco fue el que defendió esta propuesta en las Cortes de Aragón, en una intervención con críticas a la izquierda por querer “reescribir la historia” y tildándolos de “bárbaros que destruyen el patrimonio histórico”. Considera Nolasco como una “obligación moral y legal proteger el patrimonio histórico. Queremos proteger con esta iniciativa cruces como la de Bezas y un listado de elementos que quieren destruir los modernos talibanes del pensamiento izquierdista. La historia es historia nos guste o no nos guste y hay que protegerla”.
Nolasco pide en el texto de la PNL que sean protegidos en Aragón “por su interés histórico, artístico, cultural o monumental” una serie de monumentos, elementos arquitectónicos, cruces y placas “que podrían gozar de protección y calificación de Bien de Interés Cultural (BIC)”. El listado propuesto contempla 12 bienes en la provincia de Zaragoza, 19 en Huesca y 27 en Teruel.
En el mismo documento critica que “se identifique a la democracia y la defensa de los derechos humanos con uno solo de los bandos de la Guerra Civil de 1936-39, o el que atribuye al otro bando en exclusiva la perpetración de crímenes o a la propia responsabilidad de la contienda. Estas, junto con otras manipulaciones, configuran la coartada, igualmente falsa, de la Ley de Memoria Democrática que actualmente padecemos, que es respetar y honrar la memoria de las víctimas”.
Ley de Memoria
El texto propuesto por Vox y aprobado gracias a los votos de PP y PAR solicita que la protección sea para “las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública por ser «contrarios a la memoria democrática», con el fin de preservar intacto el patrimonio histórico nacional”. Sin embargo, esto choca con el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática estatal, de aplicación en Aragón, que ya no cuenta con una ley autonómica propia aunque sí con un plan de concordia que omite las referencias a Franco. Dicho artículo establece que serán las administraciones públicas las que deban retirar estos elementos a no ser que haya motivos artísticos o arquitectónicos que justifiquen su conservación. En este caso, se incorporará “una mención orientada a la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática”.
La norma estatal considera que los elementos “contrarios a la memoria democrática” serán en los que “se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”.
También recoge como contrarias las referencias “realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”. Gómez reivindica que se debería aplicar la ley estatal y pide al Gobierno de España que “desarrolle el inventario de los lugares de memoria”.
Oposición
El resto de grupos políticos mostraron su oposición a esta propuesta, que no es vinculante, pero retrata la postura de la mayoría de la cámara respecto a esta cuestión. Daniel Alastruey, del PSOE, recordó a Nolasco que en el siglo XX “hubo una sangrienta dictadura iniciada por un golpe de estado fracasado que causó miles de víctimas” y acusó al líder de Vox de estar en la “caverna”: “Lo que quieren es regresar al franquismo, les gusta Franco y quieren perpetuar la historia que impuso”. Alastruey considera el tema de la cruz de Bezas como una “excusa” y considera que la PNL pretende que “el gobierno de Aragón se decida a prevaricar, a declarar bienes de interés cultural lo que no son más que símbolos franquistas”. Acusó también a Vox de insumisión ante la Ley de Memoria Democrática: “Lo que quieren es volver al sistema franquista, que la memoria que siga permaneciendo sea la que dejaron los franquistas en nuestra geografía”.
“Defensa del franquismo con pretensiones de patrimonio”, así definía Isabel Lasobras, de CHA, esta iniciativa. Aseguró que esto era una muestra de “fanatismo” al “pretender que la reconciliación pase por preservar el relato de los vencedores mientras las familias buscan muertos en las cunetas. Defendemos una memoria democrática, crítica y reparadora, no se trata de patrimonio, se trata de dignidad”.
Pilar Buj, en representación de Aragón-Teruel Existe, recordó como, con la llegada de la democracia, se retiraron las placas que solo contemplaban los caídos del bando sublevado. “Ustedes de ninguna de las maneras pretenden proteger el patrimonio histórico, no pretenden honrar a las víctimas de la Guerra Civil, pretenden negar la realidad, pretenden excluir de la condición de españoles a quienes no pensaban como ustedes. Regresan una y otra vez a 1940, a la posguerra, represión y desmemoria. La que identifica la guerra como la victoria de uno sobre otros, y no como lo que fue, un fracaso colectivo”. Sobre la polémica de la cruz de Bezas, Buj aseguró que “lo que es un problema de seguridad ustedes pretenden presentarlo como un ataque a un símbolo religioso, se equivocan y lo saben. No dudan en utilizar cualquier cuestión para confundir y manipular”.
Álvaro Sanz, haciendo uso de su tiempo y del de Andoni Corrales, de Podemos, aseguró que la PNL es un “panfleto nostálgico del franquismo” y un “ejemplo de cinismo”. Recordando las cifras de muertos, desplazados y condenados durante la Guerra Civil y el Franquismo, Sanz consideró que esta propuesta “vulnera los derechos humanos más básicos” y que es “apología del franquismo porque defiende las actuaciones del dictador”. Sanz recordó que la Ley de Memoria establece que, si los símbolos tienen valor histórico o artístico, se mantengan reinterpretándolos en el contexto en el que sucedieron: “No les interesa la memoria, la cultura ni la historia, lo que les interesa es la apología al franquismo”.