El secretario de Caspe recuerda a Vox que el Ayuntamiento no tiene competencia legal para prohibir el burka o el niqab
El Ayuntamiento de Caspe no tiene capacidad legal para prohibir el uso del burka o el niqab en dependencias municipales, tal y como plantea una moción presentada por Vox que se debatirá este jueves en el pleno ordinario. Así lo concluye el informe de Secretaría, que advierte de posibles “vulneraciones del ordenamiento jurídico” si se desarrolla una regulación en este sentido y considera que la motivación de la moción presentada por Vox “no responde a criterios técnicos ni organizativos, sino que pueden responder más a una finalidad ideológica de exclusión religiosa”.
El documento subraya que cualquier limitación de un derecho fundamental como la libertad religiosa solo puede hacerse mediante una norma con rango de ley. En concreto, recuerda que “solo por ley se puedan fijar los límites a un derecho fundamental” y que una restricción general del velo integral “supondría una limitación al modo de ejercicio del derecho a la libertad religiosa”.
La moción de Vox propone “no permitir el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro”, incluyendo “el niqab, el burka u otras prendas similares”. La iniciativa justifica esta medida en la necesidad de garantizar la “identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad”. Sin embargo, el informe jurídico advierte de que el Ayuntamiento no puede regular directamente el ejercicio de derechos fundamentales mediante ordenanzas. En este sentido, recoge doctrina del Tribunal Supremo que establece que “todo el ejercicio del derecho fundamental está reservado a la Ley, y no puede por ello ser objeto directo de regulación por una Ordenanza municipal”.
Además, el documento cuestiona la necesidad de la medida. Según señala, los propios servicios municipales han confirmado “la total ausencia de conflictos” relacionados con el uso de este tipo de prendas en la atención al público, por lo que “no constituye un problema técnico u organizativo para el Ayuntamiento”. También incide en que limitar el acceso sin que exista una alteración real del orden público puede suponer “una restricción injustificada de este derecho fundamental”.
En sus conclusiones, Secretaría es clara: “El Ayuntamiento de Caspe no se encuentra habilitado para, mediante un reglamento u ordenanza, limitar este derecho ni regularlo”, por lo que “no puede prohibir el uso del velo islámico (burka, niqab o similar) en las oficinas municipales”.
La moción registrada por Vox plantea establecer “una condición funcional de acceso y uso consistente en la necesidad de permitir la identificación visual del rostro”, aplicable a cualquier prenda que impida reconocer la cara “con independencia del origen, motivación o significado de la prenda”.
El texto sostiene que las dependencias municipales son espacios donde “se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos” y donde la identificación resulta “un requisito funcional imprescindible”, vinculándolo a la seguridad y a la prevención de suplantaciones.
La propuesta se limita a los edificios municipales y especifica que “no resulta aplicable a la vía pública”, además de excluir casos justificados por “razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral”.
Este asunto se ha debatido en varias instituciones, también en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde con los votos a favor del PP y de Vox se aprobó la prohibición de llevar estos elementos en los espacios municipales. Vox consideró en el pleno del pasado mes de febrero que es impresindible “permitir la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad” y Natalia Chueca dijo que se va a desarrollar una futura ordenanza cívica para exigir identificación visual. Esta iniciativa no contó con el apoyo del PSOE y de ZeC, aunque ambas formaciones se posicionan en contra del burka y del niqab, consideran que se está debatiendo “sobre un problema que no existe”, según Elena Tomás. Lola Ranera, por su parte, consideró que “utilizar la posición para recortar derechos y señalar a parte de la ciudadanás es islamofobia”.