Justicia para la cueva de Chaves: colectivos ciudadanos piden que el ‘rey del carbón’ cumpla su condena

Un amplio número de ciudadanos quiere justicia inmediata con el yacimiento neolítico de Chaves, en Huesca, destruido en 2007 por el empresario Victorino Alonso, que pese a ser condenado a dos años por un delito contra el patrimonio histórico y al pago de una multa de 25,5 millones de euros al Gobierno de Aragón no ha debido ni pisar la prisión ni abonar esta cantidad. La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), Ecologistas en Acción, la Asociación del Valle de la Gloria y la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca han unido sus fuerzas.

Han firmado un manifiesto para la recuperación de la cueva de Chaves y su entorno en la localidad de Casbas de Huesca, consensuado por diversas organizaciones. En él se pide el cumplimiento de la sentencia que condenó a Victorino Alonso y la empresa Fimbas, propietaria de la finca donde se encuentra la cueva, por su destrucción, así como su recuperación y la de su entorno “para la población local y toda la ciudadanía como corresponde a este patrimonio cultural”.

Los primeros firmantes del manifiesto, que quieren involucrar a más colectivos, van a desarrollar durante los próximos meses acciones conjuntas encaminadas a conseguir las demandas en él contempladas y la adhesión de otros colectivos y personas. Hace unos días acudieron a la Audiencia de Huesca, donde entregaron la solicitud de impulso procesal y de ejecución de la sentencia, depositada en las dependencias del Juzgado Penal número 1.

Estas organizaciones consideran “una vergüenza” que siete años después de la sentencia firme del Juzgado de instrucción número 1 de Huesca todavía ésta no se haya cumplido. Fimbas, administrada por Victorino Alonso en el momento en que destruyó la cueva, todavía no ha hecho entrega al Gobierno de Aragón de dicha finca para su inscripción como bien público como parte del pago de la deuda contraída de 25.490.805 euros.

“El juego legal al que nos tiene acostumbrados Victorino Alonso”, actualmente en la cárcel por delitos contra el medio ambiente ocasionados por dos minas ilegales a cielo abierto (Feixolín y Nueva Julia) en León, “unido a varias dilaciones indebidas detectadas del Juzgado, ha motivado que no cumpla la condena de prisión por la destrucción de la cueva de Chaves y de momento, se esté retrasando, de manera anormalmente exagerada, la entrega de la finca”, señalan.

Por otro lado, también se está retrasando el cumplimiento de la orden del Gobierno de Aragón de 2009, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y el Tribunal Supremo, en la que junto a la suspensión del coto de caza existente en el interior de la finca por la introducción de especies alóctonas se ordenaba la retirada de todo el vallado que la rodea, una vez comprobado que la población de animales de su interior no perjudicaría otros intereses locales.

Se reclama también el cumplimiento de la Ley Aragonesa de Patrimonio Cultural para permitir la visita a los abrigos de pintura rupestre que se encuentran en el interior de la finca, declarados patrimonio mundial, y la recuperación en general para la población local y visitantes del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara de las zonas de interés natural y geológico, “usurpados hasta el momento por el vallado de la empresa, unido al aprovechamiento local del valor material e inmaterial de la cueva, que también merece una protección más acorde con el mismo a través de un museo-centro de visitantes”, son otras de las demandas contempladas en el manifiesto.

El denominado ‘rey del carbón’ vio en 2022 cómo se extinguía esta condena al haber transcurrido tres años desde que se le impuso sin delinquir, sumado esto a la ausencia entonces de antecedentes penales. El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca lo condenó en 2016, pero en 2018 acordó suspender la ejecución de la pena por tres años. Superado este plazo, el juzgado decretó la remisión definitiva de la pena en un auto con fecha del 12 de septiembre, al que no se opuso el Ministerio Fiscal, y se recibieron fuera de plazo los escritos de las otras acusaciones en contra de la medida.  El historial penal de Victorino Alonso se revisó, a fecha del 24 de junio del 2022, sin que constara la comisión de ningún delito cometido durante esos tres años, por lo que a partir del artículo 87 del Código Penal se acordó la remisión definitiva de la pena.

Se trataba del segundo yacimiento neolítico más importante de la Península Ibérica. Ubicado en el barranco de Solencio en Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara de Huesca, en el año 2007 maquinaria pesada de la empresa Ferpi excavó sin permisos el interior de la cueva de Chaves para convertirla en un abrevadero y un pesebre para animales.

Los hechos trascendieron dos años más tarde, en 2009, cuando se denunció la destrucción del nivel neolítico y parte del paleolítico. Maquinaria pesada de la empresa Ferpi excavó la cueva, sin permisos administrativos, extrayendo  2.247 metros cúbicos de sedimentos, según consta en el auto judicial. Prácticamente la mitad (1.017) correspondía al nivel arqueológico del neolítico. Cuando la Guardia Civil se presentó en la Cueva de Chaves descubrió en su interior pesebres, bebederos y cuadros para los animales.

Alonso figuraba como administrador único de la finca de caza de Bastarás. Al ser declarado insolvente, la responsabilidad civil subsidiaria recayó en la sociedad titular del coto, Fimbas, pero el Gobierno de Aragón todavía no ha cobrado la indemnización. La finca de caza cuenta con 1.932 hectáreas que debían pasar a manos de la comunidad autónoma. Primero se ofreció como dación en pago y después el juez decretó el embargo para afrontar la deuda de más de 25 millones de euros.