Tres centros de menores de Zaragoza agotan sus prórrogas mientras Nolasco (Vox) sigue rehuyendo a los sindicatos

Los centros de menores CEIMJ, Lanuza y Villacampa, en Zaragoza, han agotado las prórrogas contractuales con las que venían prestando sus servicios, según denuncian los sindicatos, que reclaman al Gobierno de Aragón explicaciones sobre su situación administrativa y los plazos previstos para regularizarla. La advertencia llega en pleno conflicto por las condiciones laborales de los cerca de 600 profesionales del sector, que llevan más de dos años reclamando un convenio autonómico.

La Plataforma por un Convenio Autonómico de Protección y Reforma de Menores, integrada por CGT, UGT y CCOO, ha vuelto a dirigirse al consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, al que reprocha que todavía no haya convocado la reunión que se comprometió a impulsar en septiembre entre la Administración, las empresas y los representantes de los trabajadores.

La situación resulta especialmente incierta en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ), ubicado en Juslibol. Los sindicatos aseguran que los nuevos pliegos, cuya publicación se había anunciado como inminente, parecen paralizados.

De hecho, el Gobierno de Aragón anunció en noviembre de 2025 una licitación para gestionar este centro, con un presupuesto de 8,7 millones de euros y una duración inicial de dos años, prorrogables por otros dos. Entonces, el Ejecutivo reconoció que el contrato anterior estaba insuficientemente financiado y comprometía la sostenibilidad del servicio. Sin embargo, no se presentó ninguna oferta y tampoco en una segunda ocasión. La prórroga hasta 2026 ya ha acabado y siguen sin publicarse los nuevos pliegos. Actualmente, el centro es gestionado de urgencia por la Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM).

La situación del CEIMJ de Juslibol resulta especialmente delicada en los últimos años. El centro sufrió los altercados de noviembre de 2024 y el motín de febrero de 2026, que dejaron varios heridos entre trabajadores, policías e internos. A ello se suman las reiteradas denuncias sindicales por la falta de personal, las deficiencias de seguridad y el deterioro de las condiciones laborales, problemas que han puesto de manifiesto las dificultades que atraviesa este recurso público.

Igualmente, el centro Lanuza terminó su prórroga en abril de 2025 y el Villacampa, el pasado mes de septiembre.

A las dificultades de los centros actualmente en funcionamiento se suma la situación del recurso especializado que debía sustituir al centro de menores de Ateca, clausurado judicialmente en agosto de 2024 tras las denuncias por presuntos malos tratos y abusos. El Gobierno de Aragón habilitó inicialmente un dispositivo provisional de 15 plazas en Juslibol, que cerró en julio de 2025, y convocó posteriormente un concurso de tres millones de euros para gestionar un nuevo centro de 20 plazas destinado a adolescentes con trastornos de conducta. Sin embargo, la licitación quedó desierta en marzo de 2026 al no presentarse ninguna entidad interesada, sin que haya vuelto a sacarse a concurso.

Dos años de reivindicaciones

El conflicto laboral se remonta, al menos, a 2024, cuando los sindicatos comenzaron a reclamar un convenio autonómico para mejorar los salarios, las jornadas y las condiciones de seguridad de los trabajadores.

Desde entonces se han sucedido reuniones, protestas y convocatorias de huelga. En enero de 2026, el entonces gerente del IASS, Ángel Val, trasladó a los representantes sindicales su compromiso de aplicar el nuevo convenio estatal, pero las organizaciones mantuvieron su reivindicación de un acuerdo específico para Aragón.

La plataforma sostiene que las deficiencias laborales no afectan únicamente a los profesionales, sino que repercuten directamente en la calidad de la atención que reciben los menores tutelados y aquellos que cumplen medidas judiciales.

Nuevo gerente

La denuncia coincide con el relevo en la dirección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que ha permanecido alrededor de dos meses sin gerente tras la dimisión de Marta Tejero a finales de agosto.

Su sustituto, el abogado Álvaro Polo Ernicas, ha sido nombrado este miércoles, según la información facilitada por el departamento de Nolasco.

Desde la consejería responden a las críticas sindicales pidiendo que se deje trabajar al nuevo responsable antes de cuestionar su gestión. Recuerdan que acaba de ser nombrado y aseguran que, como cualquier cargo público del Gobierno de Aragón, está abierto a escuchar las críticas y consideraciones de los profesionales y las entidades del sector.

Recuerdan que el vicepresidente ya mantuvo una reunión con la mencionada Plataforma a las pocas semanas de tomar posesión en el Gobierno de Aragón y que habrá una próxima reunión una vez que el nuevo director gerente del IASS, Álvaro Polo, haya tomado posesión e iniciado sus primeros encuentros con el sector de los servicios sociales.

Los sindicatos, por su parte, insisten en que el compromiso fue personal del consejero y que, en cualquier caso, el cambio de gerente no puede convertirse en un nuevo motivo de retraso. Reclaman información sobre la situación contractual de los tres centros, además de una fecha para retomar el diálogo sobre el convenio autonómico.