El Montepío de la Minería se suma a Anticorrupción y reclama al juzgado que mantenga el embargo de bienes a Villa
El Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana comparte el criterio de la Fiscalía Anticorrupción sobre la necesidad de mantener el embargo del patrimonio económico del exlíder minero asturiano José Ángel Fernández Villa, cuya fortuna oculta afloró a raíz de la regularización de 1,2 millones de euros tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012 aprobada por el gobierno del PP y posteriormente declarada inconstitucional.
La institución, que ejerce la acusación particular en el denominado “caso Hulla” que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo por el presunto desvío de fondos públicos, se suma así a la petición fiscal para que se mantenga esta medida cautelar.
El Montepío pretende así que, a través del embargo, se puedan garantizar las posibles responsabilidades civiles que pudieran fijarse en el supuesto de que finalmente el procedimiento derive en una sentencia condenatoria.
Además de las posibles indemnizaciones, el Montepío quiere asegurar los futuros decomisos sobre “la presunta ganancia ilícita de Fernández Villa”, subraya.
La magistrada-jueza María Begoña Fernández investiga el supuesto desvío de fondos públicos “a través del sobrecoste del proyecto y falseamiento de las certificaciones de obra” de la construcción de la residencia geriátrica ubicada en la localidad de Felechosa, en el municipio asturiano de Aller.
Las obras de la residencia fueron financiadas con cargo a los fondos mineros después de que se modificase el decreto que regulaba su concesión.
La investigación judicial
En esta causa están investigadas una veintena de personas, entre ellas el expresidente del Montepío, José Antonio Postigo, considerado 'mano derecha' de Fernández Villa, quien también se acogió a la amnistía fiscal aunque, en su caso, la cantidad regularizada ascendió según los informes policiales a 436.000 euros.
El Montepío ha emitido este viernes un comunicado donde anuncia su adhesión parcial al recurso de reforma presentado el pasado día 9 de abril por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada.
En este escrito, puntualiza que con su adhesión no cuestiona el criterio de la titular del juzgado al dictar el auto por el que acordó por razones médicas el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias de investigación abiertas al exsecretario general del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT) por el “caso Hulla”.
El comunicado hace hincapié en que la adhesión al recurso se realiza “en la mejor defensa de los derechos e intereses de la institución” para que no se levanten las medidas cautelares que se adoptaron respecto a Fernández Villa en su calidad de investigado.
La magistrada-jueza se basó en un informe forense que llegaba a la conclusión de que el deteriorado estado de salud de Fernández Villa le impediría seguir el procedimiento sin las debidas garantías, ya que le resultaría inviable su comprensión y para no situarle en un estado de indefensión.
En la causa se investiga si los hechos pudieran ser constitutivos, entre otros, de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad de documento oficial, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida, prevaricación y cohecho.
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