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Esther López Barceló

Exdirectora de Gabinete de Economía y Hacienda de Madrid. Autora del libro sobre confluencias municipalistas “La conquista de las ciudades”. Profesora de Historia. Exdiputada autonómica de Esquerra Unida y miembro de la dirección federal de Izquierda Unida.

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"Para Ramón J. Sender mi presencia y la de mi hermana fue muy difícil. Se sentía culpable de la muerte de mi madre, Amparo Barayón"

Traducción del inglés de Lara Hidalgo

"Soy hijo de Ramón J. Sender y de Amparo Barayón de Sender, quien fue encarcelada en Zamora y asesinada por los fascistas en noviembre de 1936. Estoy en medio de escribir un libro conmemorativo acerca de mi madre, y quisiera invitar a alguien que la conociese, sea de niña o de adulta, para enviarme sus recuerdos. También me interesa recibir cartas de alguien que conoció a mi padre durante los años 1936 a 1939, en España y en Francia.

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"Sigue habiendo muchos 'Billy, el Niño' sueltos"

Dedicada a todas las resistentes y luchadoras antifranquistas cuyas historias siguen invisibilizadas o ensombrecidas.

El pasado miércoles 30 de mayo, Pablo Iglesias, -en calidad de portavoz del grupo parlamentario Unidos Podemos- preguntó en sede parlamentaria al ministro de Interior acerca de la posibilidad de que el Gobierno retirara la condecoración concedida en 1977 por Martín Villa al inspector de la Brigada Político Social Antonio González Pacheco, más conocido como "Billy, el Niño". En la tribuna de invitados se encontraban casi una decena de víctimas de este torturador franquista que asistieron para conocer in situ la respuesta del ministro. Dado que la justicia nunca ha permitido sentar en un tribunal a este hombre, era de esperar un gesto simbólico por parte del ejecutivo que aliviara la rabia y la impotencia de quienes sufrieron el célebre comportamiento sádico del que se cuenta que este inspector hacía gala durante los tiempos de la dictadura y que le valió el sobrenombre del famoso pistolero del siglo XIX. Sin embargo, la respuesta de Zoido fue tajante y unívoca: Antonio González Pacheco merecía la condecoración ya que no existía sentencia judicial contra él. Lo que conscientemente omitió el ministro es que si no existe condena contra Billy el Niño, así como no existe contra Conesa, ni contra Martín Villa, ni ningún otro, es porque la interpretación que los tribunales han emitido sobre la Ley de Amnistía ha imposibilitado que en España se juzguen los crímenes del franquismo, a pesar de su imprescriptibilidad dada su condición de crímenes contra la Humanidad.

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El País Valenciano sale a buscar a sus muertos

"Me llamo Cristina y he salido a buscar a mis muertos. Caminando.  Buscar a mis muertos para no matarme yo. ¿Para vivir? No estoy segura". Cristina Fallarás, "Honrarás a tu padre y a tu madre"

El País Valenciano sale a buscar a sus muertos. Ocurre después de décadas en las que el Partido Popular emprendiera una cruzada contra la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Y para muestra, un botón: estos dos titulares de prensa -de 2007 y 2014, respectivamente- representan fielmente lo que significó este periodo para las víctimas del franquismo a lo largo y ancho del territorio valenciano: " Huesos de una fosa de la guerra civil de Valencia acaban en una cantera de Sagunto" y " Rita Barberá pide 45.000 euros a la familia de una víctima del franquismo para recuperar sus huesos".

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Bebés robados: "Su hija se ha muerto heladita de frío"

Nuestra historia comienza en marzo de 1962 en un hospital, el General de Alicante, entonces conocido popularmente como La Residencia. Francisca Robles se encuentra sola en una fría habitación de hospital. Cuenta con tan sólo 27 años de edad y acaba de dar a luz a dos niñas, mellizas. Seguramente idénticas. Desde que las parió ha pasado el tiempo dormida, aturdida, y apenas se despierta para amamantarlas.

Unas 40 horas después, a eso de las cuatro de la mañana, una monja, que hace las veces de enfermera, la despierta desde el umbral de la puerta y le dice que una de sus hijas ha fallecido. Las palabras con las que se lo anunció quedarán grabadas para siempre en su mente: "Su hija se ha muerto heladita de frío". En La Residencia, los recién nacidos eran cuidados en una sala llamada "nido", apartada y desconocida para los padres, en la que, al parecer, debido a extremas condiciones climáticas, falleció la niña de los Picó un 30 de marzo de 1962.

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Inés Madrigal, niña robada: "Según la documentación, mi madre adoptiva me parió"

29 cadenas perpetuas y 19 penas de prisión de entre 8 y 25 años para los responsables de los conocidos vuelos de la muerte que lanzaron al mar a más de 4.000 personas durante los terribles años de la dictadura argentina (1976-1983). El 29 de noviembre finalizaba con este resultado el histórico juicio que ha probado por primera vez la existencia de un plan sistemático de exterminio llevado a cabo hace 40 años por la ESMA, acrónimo de la Escuela de Mecánica de la Armada. Argentina en 2003 posibilitó legislativamente la investigación y persecución judicial de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura a través de la anulación por parte del Senado de la conocida como Ley de Obediencia Debida y de Punto Final, que había sido dictada en 1987 y establecía que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles.

La vulneración sistemática de los derechos humanos en Argentina se produjo de múltiples formas, siendo la más tristemente conocida la del robo sistemático de bebés, dado a conocer mundialmente a través de la incansable lucha de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que desde 1977 continúan uniendo familias con sus descendientes secuestrados. En el transcurso de la escritura de este artículo, las Abuelas han recuperado a la nieta número 126.

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Lo llaman "conflicto catalán" y no lo es

"Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo": célebre frase que se atribuye erróneamente al ilustrado francés, Voltaire, pero que en realidad es de su biógrafa, Evelyn Beatrice Hall y que define atemporalmente ese principio democrático básico que sigue siendo necesario reivindicar aún hoy en pleno siglo XXI y que a las autoras nos sirve de perfecta introducción al presente artículo. 

Mucho se ha hablado estos días de lo que diagnosticó Naomi Klein a través de su “Doctrina del shock” y que es necesario repetir para llegar a asimilar que, efectivamente, estamos siendo víctimas de ello. Klein demostró cómo circunstancias excepcionales -sea una catástrofe natural o, por ejemplo, el miedo infundido por la posesión de armas de destrucción masiva- que sucedan en un momento determinado ante una población desorientada, son elementos idóneos para que el poder se atreva a aplicar duras medidas económicas o políticas que, en otras circunstancias, no tendrían éxito. Por ejemplo, el huracán Katrina no sólo se llevó por delante a la ciudad de Nueva Orleans, sino que se aprovechó la gran catástrofe para implementar recortes de derechos básicos y políticas neoliberales, que en otros momentos no habrían sido posibles: sobre la destrucción, la creación de un sistema nuevo, el neoliberalismo más vergonzante. 

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A 40 años de la matanza de Atocha

A nuestra camarada Guiomar, en recuerdo de su padre Miguel Sarabia.

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El señor Montoro nos quiere gobernar

Por primera vez en este periodo de nuestra democracia se ha leído en titulares de prensa que un ministro –recién renombrado, por cierto– pretende llegar a deponer a un concejal legítimamente elegido por las urnas y que gobierna el área económica del Ayuntamiento de Madrid. Uno podría llegar a imaginar que, al gobernar el país un partido procesado por corrupción, los titulares se referirían a algún sinvergüenza que se encargó de cobrar sobres en su despacho, romper discos duros con información valiosa o, incluso, alguien que tuviera unas cuentas opacas en Panamá. Sin embargo, a veces la Historia se ríe de nosotros y convierte en farsa lo que debería haber sido una tragedia.

No hablamos de que nuestro nuevo Gobierno se haya encargado de alertar a un chorizo por sus formas no respetables de operar con el dinero público sino que han amenazado a nuestro Ayuntamiento y, en concreto, al concejal de Economía por haber superado el techo de gasto. Es decir, por haber gastado unos 17 millones de euros más (en un presupuesto de casi 5.000 millones) de lo que nos permite gastar el Ministerio. Esa cantidad fue utilizada para devolver la paga extra de los funcionarios, una medida necesaria tras el injusto castigo al que se vieron sometidos estos trabajadores por la falta de previsión y eficacia de sus gobernantes.

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Unámonos contra la Ley Montoro

La “reforma express” del artículo 135 de la Constitución Española abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo, las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. A través de este acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limitaba el déficit público y priorizaba el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en “sagradas” son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Este último, es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones, sino que ha de utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, aunque el ayuntamiento esté cumpliendo puntualmente los plazos de amortización de deuda, deberá seguir adelantando el pago con el superávit generado. En la Ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrante alguna de las tres normas la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no pretende ser otra cosa que comprometerse a volver al redil de cumplimiento de los preceptos fiscales convencionales.

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¿Quién teme a las cláusulas sociales en la contratación?

Cuando llegamos al área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y nos sentamos a diseñar las políticas estratégicas que pretendíamos implantar, detectamos dos graves problemas en la contratación pública madrileña: el de la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras de servicios públicos prestados a través de grandes contratas; y el de la sombra de la corrupción acechando tras cada nuevo escándalo de nombre alemán o cartaginés (véase, Gürtel o Púnica). Para hacer frente a la fiscalización de la acción de gobierno anterior y evitar con normas y nuevas formas de gobierno que se pudieran volver a producir esas deplorables prácticas, pusimos en marcha una subdirección de Auditoría de la Deuda y las Políticas Públicas y una Comisión de Investigación. Sin embargo, en el ámbito de la acción positiva de transformación, uno de los retos más importantes es el de afrontar el futuro con audacia y responsabilidad, por lo que elaboramos una Estrategia de Contratación Responsable.

No se trata, ni mucho menos, de un tema baladí ya que las Administraciones Públicas adquieren bienes y servicios en cantidades muy significativas. Más del 18% del Producto Interior Bruto en el caso español, por lo que es evidente la enorme influencia positiva que puede suponer en la sociedad en su conjunto, la contratación pública responsable. Mejorar los criterios de baremación a través de los cuales se eligen a las empresas para que presten servicios a la ciudadanía, está comenzando a ser un objetivo prioritario para muchos ayuntamientos: Zaragoza, Barcelona, Avilés, Valencia… son ejemplos claros de que algo está cambiando en la forma de gestionar lo que es de todas y todos.

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