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J. Marcos

Padezco curiosidad crónica: observo, escucho, analizo, aprehendo, critico. Dibujo con palabras y miro con fotografías. A veces cuento historias. Soy reportero (texto y fotos) freelance, para medios tanto nacionales como extranjeros. Licenciado en Filosofía y Periodismo, estoy especializado en temática internacional. Voy de allí para acá mientras saboreo los caminos secundarios. Últimamente me dedico a no encajar en la mayor cantidad posible de lugares. www.desplazados.org

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Una nueva adjudicación del Canal de Isabel II por 24 millones de euros levanta sospechas

Canal de Isabel II Gestión ha publicado un nuevo concurso para adjudicar los servicios de call center, por valor de 24 millones de euros. La empresa pública que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid rectifica así, obligada por la sentencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que anuló la anterior adjudicación. El nuevo pliego ha vencido el 8 de marzo, mientras el anterior queda ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid.

La adjudicataria había sido en un primero momento la compañía de atención telefónica GSS Venture, de la que el propio Canal posee un 25% y en la que tiene unos fondos propios de más de 1,6 millones de euros, según las últimas cuentas publicadas por el Canal, actualizadas a 31 de diciembre de 2014. Los recursos de las otras dos empresas que optaban al suculento negocio, Atento y Konecta, provocaron la paralización del proceso. Así lo ha reconocido a este medio Atento, que estudia presentarse nuevamente al pliego pero no ha querido dar más datos. Tampoco Konecta, en una actitud que no sorprende a las personas conocedoras de este tipo de adjudicaciones: "Nadie se quiere manchar las manos con el Canal, para no cerrar la puerta a que les conceda algo en el futuro".

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La empresa pública Canal de Isabel II paga la defensa de un imputado por corrupción y lo recoloca en la empresa

El Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid, paga la defensa de las personas acusadas de corrupción por su labor en su filial Hispanagua de Melilla. Lo ha confirmado el propio gerente de la compañía, Adrián Martín, en la Comisión de Estudio de la Deuda de la Asamblea de Madrid. Ya lo dejó caer en marzo del año pasado ante varios trabajadores. En aquel momento y a pesar de que eldiario.es contaba con la información, el Canal negó la mayor pese a la insistencia de las preguntas.

En concreto, las declaraciones de esta semana confirman públicamente cómo la considerada una de las joyas de la región madrileña está pagando a través de su seguro la defensa de Gerardo Díaz, exgerente de Hispanagua en Melilla y de Canal Gestión Lanzarote, de donde fue cesado en octubre de 2015. Ahora ha sido recolocado como personal adscrito a la Dirección Financiera y de Desarrollo Corporativo del Canal de Isabel II Gestión.

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Las presas del trasvase Tajo-Segura derivan más agua al Levante de la que dejan fluir al río

Desde 1979 el agua del Tajo no sólo desemboca en Lisboa, sino que también lo hace en la otra orilla peninsular, en el Levante. En palabras oficiales, se trata de "dar solución a la escasez de recursos del Sureste español". La cobertura legal a este imponente movimiento de agua se dio en 1971 al considerar la cuenca del Tajo como "excedentaria" –le sobra agua–. A la larga, el proyecto ha derivado en situaciones en las que, por ejemplo, en 2014, la tubería del trasvase se llevara desde los embalses de cabecera más líquido que el resto del curso del río más largo de la Península Ibérica.

El proyecto se ideó en 1933 y las obras arrancaron en 1968. Se construyó pensando en trasvasar 600 hectómetros cúbicos anuales de agua y llegar, en una segunda fase, a los 1.000 hm3. Cada hectómetro son mil millones de litros. Pero la realidad hídrica del país, que se ha vuelto más seco, rompió estas previsiones. También frenaron ese impulso "las leyes ambientales de la Unión Europea, que impidieron que en zonas muy valiosas –que todavía queda alguna en la cabecera de determinados ríos– se perdiera lo que quedaba sin embalsar", recuerda la abogada ambientalista María Soledad Gallego.

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El fin de los cortes de agua por impago entra en la agenda de los nuevos ayuntamientos

Una estrategia contra el empobrecimiento que pasa por cortes de agua, luz, y gas. Ésta será una de las principales medidas (200 millones de euros anuales) que pondrá en marcha Manuela Carmena si finalmente logra la Alcaldía de Madrid. La garantía de estos tres suministros básicos es una de las propuestas de Ahora Madrid que más consenso ha alcanzado, según su propia web, y también de las más valoradas entre sus votantes.

El debate sobre una gestión pública de los servicios urbanos de agua y saneamiento, acorde con su condición de derecho humano (decretado por la ONU), cobró por primera vez protagonismo electoral en la campaña de mayo. Diferentes formaciones se sumaron al Pacto por el Agua Pública. Con serias posibilidades de formar ayuntamientos, ahora están en condiciones de cumplir sus promesas.

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Los intereses electorales hacen que el PP y PSOE caigan en contradicciones sobre el agua

El PP de Aragón está en contra del trasvase del Ebro. La presidenta autonómica, Luisa Fernanda Rudi, lo ha dejado claro. Aguas abajo, sus colegas de partido le llevan la contraria de forma pública. "Sí o sí, el trasvase del Ebro es una apuesta necesaria para el Partido Popular de la Comunitat Valenciana", contesta el presidente del PP en la provincia de Alicante, José Císcar, quien ha hecho campaña en Tarragona visitando con regantes la zona de la posible toma de su ansiado trasvase.

La guerra del agua, que protagonizó enfrentamientos, manifestaciones, portadas y decenas de noticias a principios de siglo con la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional (PHN) por parte del Gobierno de José María Aznar y que incluía un trasvase del Ebro, ha renacido en las últimas semanas marcando la agenda electoral.

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La Junta adjudicó Aznalcóllar a la empresa responsable de un desastre ecológico en México

La adjudicación de la mina de Aználcollar, que la Junta ha paralizado después del escándalo, no sólo afecta a la empresa andaluza Magtel, con supuestas vinculaciones con la Junta de Andalucía. La otra pata de Minorbis, Grupo México, es la responsable de uno de los peores desastres ecológicos del país.

Así lo reflejaron los medios locales cuando, el 6 de agosto de 2014 la falla estructural de un contenedor de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de este conglomerado, en el Estado de Sonora provocó un derrame tóxico de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados, muy dañinos para la salud y el ecosistema.

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La Comunidad de Madrid gana 127 millones con el suministro de agua mientras aumenta los cortes por impago

La Comunidad Madrid ha ingresado 126,9 millones de euros del Canal de Isabel II, la empresa que gestiona el agua de la región y de la que es accionista mayoritario. El pasado 23 de abril se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas en la que se aprobó el reparto de un dividendo complementario de 22,6 millones de euros.

A esta cantidad hay que sumar los 131,4 millones de euros que ya fueron repartidos como dividendo a cuenta a finales de 2014. En suma, la gestión del Canal se saldó el pasado año con 154 millones para repartir entre el accionariado: la Comunidad de Madrid, que controla el 82,4% a través del ente público Canal de Isabel II; y los 111 ayuntamientos que tienen el 17,6% de las acciones y se repartieron 27 millones de euros.

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Los cortes de agua por falta de pago en Madrid se multiplican por cuatro en cinco años

El Canal de Isabel II ha multiplicado por cuatro los procesos de corte de agua en cinco años. Si en 2008 avisó a 18.674 casas de que iba a cerrarles el grifo, en 2013 ese volumen llegó a 73.016, según los datos internos acumulados por la Plataforma contra la Privatización del Canal y analizados por eldiario.es. Supone un incremento de casi un 400%. En ese lustro, la empresa pública advirtió a 206.643 hogares de un posible corte de agua por impago de las facturas.

Una vez realizado el aviso, el corte efectivo se ejecuta entre el 80 y el 85% de los casos, según las estimaciones de fuentes internas de la compañía. La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) rebaja el porcentaje al 60%, admitiendo que sus cálculos son a la baja. En definitiva, hasta 165.000 hogares madrileños podrían haberse quedado sin suministro en cinco años. Y si en cada domicilio vive una media de más de dos individuos (los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística hablan de 2,53), las personas damnificadas serían unas 330.000.

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España contradice la tendencia mundial a recuperar la gestión pública del agua

España se queda cada vez más sola en la privatización del servicio de suministro de agua. La tendencia internacional es la contraria: las administaciones están recuperando el control directo sobre el abastecimiento. El proceso de remunicipalización del servicio ha sido documentado por el estudio Nuestra futura agua pública que registra el éxito de 235 casos, localizados en 37 países diferentes. Capitales como París, Berlín, Buenos Aires, Bogotá, Yakarta, Kuala Lumpur, La Paz o Dar es Salaam sobresalen en una tendencia que avanza con paso firme, que se expande a lo largo y ancho del globo, sobre todo desde 2009. Del total de ejemplos, 184 pertenecen a países con altos ingresos (sobre todo Francia, 94, y Estados Unidos, 58), mientras que los 51 restantes están ubicados en regiones empobrecidas.

En contraste, en España, si en 1996 el 63% de la población estaba abastecida por sociedades públicas, hoy el porcentaje ha disminuido hasta el 47%. El documento muestra 14 islas: 14 procesos de recuperación del control del agua, correspondientes a localidades como Medina Sidonia (Cádiz), Arteixo (A Coruña), Manacor (Mallorca), Ermua (Vizcaya), Torrelavega (Cantabria) y Arenys de Munt (Barcelona), además de una veintena de municipios sevillanos agrupados en Aguas del Huesna. Se trata de excepciones en un contexto teñido por la privatización.

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Europa y los jueces rechazan los planes del Gobierno para gestionar el Guadalquivir

La planificación hidrológica en la que trabaja el Gobierno a través de las diferentes confederaciones de cuenca ha recibido un nuevo revés. La Comisión Europea ha dado un tirón de orejas y ha pedido que se evalúen las posibles repercusiones negativas que el acceso marítimo al puerto de Sevilla podría tener en Doñana. La alerta llega días después de que el Tribunal Supremo declarara nulo el dragado del río a su paso por la capital sevillana; se suma además a la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el blindaje legislativo diseñado por el Gobierno para el Trasvase Tajo-Segura.

Tanto Bruselas como los órganos judiciales españoles demuestran así que el Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado en mayo de 2013, vulnera la Directiva Marco de Agua (DMA) de la Unión Europea así como otras directivas comunitarias relativas a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Se trata de una denuncia que por ejemplo ha elevado ante diferentes instancias la organización WWF-Adena. La Unesco también se ha posicionado en contra del dragado por su afección a Doñana, Patrimonio Mundial de la Humanidad.

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