Los cortes de agua por falta de pago en Madrid se multiplican por cuatro en cinco años

El Canal de Isabel II ha multiplicado por cuatro los procesos de corte de agua en cinco años. Si en 2008 avisó a 18.674 casas de que iba a cerrarles el grifo, en 2013 ese volumen llegó a 73.016, según los datos internos acumulados por la Plataforma contra la Privatización del Canal y analizados por eldiario.es. Supone un incremento de casi un 400%. En ese lustro, la empresa pública advirtió a 206.643 hogares de un posible corte de agua por impago de las facturas.

Una vez realizado el aviso, el corte efectivo se ejecuta entre el 80 y el 85% de los casos, según las estimaciones de fuentes internas de la compañía. La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) rebaja el porcentaje al 60%, admitiendo que sus cálculos son a la baja. En definitiva, hasta 165.000 hogares madrileños podrían haberse quedado sin suministro en cinco años. Y si en cada domicilio vive una media de más de dos individuos (los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística hablan de 2,53), las personas damnificadas serían unas 330.000.

La empresa no accede a hacer públicos estos datos. Eldiario.es ha preguntado sin éxito por las cifras actualizadas de 2014 a la compañía pública, que tampoco ha respondido a la petición de transparencia solicitada por esta plataforma ciudadana.

La cancelación del agua corriente es uno de los dramas más ocultos y silenciados de la crisis económica y financiera. Gran parte de los cortes se producen por impago de facturas, lo que a la postre se traduce en “desahucios hídricos”, como los ha denominado el gerente de AEOPAS, Luis Babiano. Una situación que además cobra mayor relevancia si cabe cuando se recuerda que el acceso al agua y al saneamiento son un derecho humano, reconocido desde 2010 por la Asamblea de Naciones Unidas, que exige responsabilidad a los Estados para su cumplimiento.

“La desconexión de los servicios de agua a causa de la falta de pago por no tener medios constituye una violación del derecho humano al agua y de otros derechos humanos internacionales”, ha afirmado Catarina de Albuquerque, hasta el pasado diciembre relatora de Naciones Unidas para el derecho humano al agua. De hecho, la ONU ejemplifica el camino correcto con un caso de Bélgica: en la región flamenca donde existe una cantidad mínima de suministro gratuito, la ciudadanía paga una tarifa básica de conexión mientras el precio del exceso de agua utilizada depende de la cantidad consumida.

Opacidad

El silencio al que están condenados los desahucios hídricos, sufridos en numerosas ocasiones en el interior de los hogares, llega acompañado de una falta de estadísticas y datos oficiales que obligan a tirar de estimaciones. Y es que, alrededor de la gestión local del vital líquido multiplica la existencia de empresas gestoras y de ayuntamientos, lo que dificulta extraer conclusiones transversales.

Según los datos sobre el Canal de Isabel II que ha podido ver este medio, en 2008 hubo 18.674 avisos de cortes. En 2009 se pasó a 24.210 (un 29% más). Al año siguiente, la cifra disminuyó ligeramente hasta los 23.651 hogares; para aumentar nuevamente en 2011, con 25.768. El incremento fue muy significativo en 2012, cuando se llegó a los 41.324 avisos.

Aunque sin duda fue 2013 el ejercicio más dramático: hasta el 30 de noviembre de ese año, última fecha disponible, 73.016 casas habían recibido el aviso, número que indica un incremento del 291 por ciento con respecto a los datos de 2008, al inicio de la crisis.

Aumento de cortes con la sociedad anónima

A falta por tanto de saber los registros del año pasado, el incremento más severo en los cortes se produjo en 2013, coincidiendo con la creación de la mercantil Canal de Isabel II Gestión S.A.

Los datos recogen además las “condenas”, un tecnicismo que hace referencia a un corte de suministro definitivo, realizado materialmente de tal manera que impide al usuario tener acceso aunque sea de manera fraudulenta. La evolución de estos casos más extremos también ha sufrido un incremento continuado desde 2008: hasta el 30 de noviembre de 2013 se contabilizaron 19.779 incidentes, siendo el ejercicio 2013 nuevamente el más duro, pues duplicó las cifras del año anterior pasando de 3.757 a 4.458. En total, en este lustro la proporción ha crecido un 220%. En esta situación, lograr de nuevo el suministro supone un coste de entre 260 y 870 euros (frente al restablecimiento más habitual, que asciende a 67 euros).

La plataforma ciudadana concluye en un documento interno que “el aumento progresivo del número de cortes y condenas desde el año 2008 hasta 2013 puede ser debido en parte a la crisis económica, pero paralelamente se pone de manifiesto que la política del Canal se ha radicalizado especialmente a partir del año 2012, fecha de creación de la mercantil Canal de Isabel II Gestión S.A.”.

Todas estas cifras y porcentajes, aunque frías, esconden duras realidades. “Hay que pensar que quien no paga el agua, que suele ser la factura más baja, es que no puede pagar nada”, reflexiona Raquel García, de la Plataforma contra la privatización. Son realidades como la de Pilar Rodríguez, quien relató a eldiario.es cómo sobrevive sin agua y cómo se ‘engancha’ al sistema, si bien en su caso al otro lado estaba una empresa privada.

Tarifas sociales

El debate sobre unas tarifas sociales, para que nadie quede excluido de la red de agua, lleva sobre la mesa meses, sobre todo a través de la Iniciativa 2015, que pretende introducir el debate sobre el agua pública en las elecciones autonómicas y locales de mayo.

En este ámbito, el Canal de Isabel II habla de bonificaciones, de las que existen cuatro tipos: por familia numerosa, por vivienda numerosa, por ahorro de consumo y por exención social. Únicamente la última tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad económica en la que vive parte de la ciudadanía. Según los datos consultados, esa es en la que menos gasta el Canal: por ejemplo, en 2013 supuso poco más de 82.000 euros, cuando las otras tres modalidades juntas sumaron prácticamente dos millones de euros.

Esta bonificación (una especie de subvención) por exención social se aplicaba hasta hace poco a la cuota variable de la factura, precisamente la más baja. Varios colectivos presionaban desde hace tiempo para que se aplicara a la parte fija, decisión que finalmente se aplica desde principios de este año y que se hizo pública unos días después de que saltara la polémica por la emisión de bonos para financiar  la empresa. Precisamente el mismo comunicado que informaba de la operación financiera estaba encabezado con la bajada de tarifas.

“Es verdad que ahora la factura puede bajar hasta un 60%, lo cual es muy interesante, pero creemos que sigue siendo insuficiente porque no se adapta a la realidad social de la Comunidad de Madrid, porque no recoge a colectivos con bajos ingresos o personas paradas”, apunta García, quien critica además que el Canal no haga publicidad de la posibilidad de fraccionar los pagos cuando sí gasta mucho dinero en otras campañas publicitarias.