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La Fundación porCausa impulsa proyectos de investigación y periodismo sobre pobreza y desigualdad. Apuesta por el periodismo de servicio público apoyado en datos y equipos multidisciplinares y se financia a través de donaciones privadas.

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El Sistema de Garantía Juvenil alcanza solo a uno de cada diez desempleados

Uno de cada tres españoles de entre 16 y 29 años busca empleo y no lo tiene. Casi la mitad se encuentra en esta situación desde hace al menos dos años. La proporción de jóvenes que no tiene oportunidad de trabajar ni estudiar (los llamados "ninis") superó el 20% en 2014, con tasas de abandono escolar que doblan las de la Unión Europea. La ausencia de expectativas, estabilidad y seguridad supone para muchos retrasar la emancipación familiar o emigrar. Para casi uno de cada diez supone la pobreza y la posibilidad de quedar atrapado de por vida en un círculo vicioso de precariedad y bajas expectativas laborales.

Aunque los indicadores de vulnerabilidad y desempleo de los jóvenes españoles han estado tradicionalmente muy por encima de la media europea, la crisis ha abierto una brecha sin precedentes en nuestro país entre jóvenes y mayores. En la España de la recuperación macroeconómica, tener menos de 30 años constituye un obstáculo difícil de sortear. La magnitud de este problema establece el rasero de la respuesta pública, que tiene en el Sistema de Garantía Juvenil una de las principales herramientas para evitar la pobreza y la precariedad de los jóvenes. Después de más un año de experiencia, sin embargo, los expertos y los destinatarios del programa se muestran poco optimistas.

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Menos sueldo y más precariedad, el "castigo" de las mujeres jóvenes en España

Trabajar a tiempo parcial y percibir menos salario que los varones: las dos "condenas" que sufren de manera significativa las mujeres en España. Y, sobre todo, las más jóvenes. En 2013, el 15,3% de los varones de entre 25 y 29 años trabajaba a tiempo parcial, un porcentaje que llega casi al 27,7% en el caso de las mujeres. Mientras, en el grupo de edad de 30 a 34 años, las diferencias se agrandan aún más siendo el 7,8% ellos y un 24,3%, ellas, según la Encuesta de Población Activa.

"Esta es, en la actualidad, una de las principales brechas de género en el mercado de trabajo no solo para las mujeres jóvenes, sino prácticamente para cualquier grupo de edad. Además, esta brecha contribuye a explicar otras diferencias, como por ejemplo la salarial, aunque no es el único factor que determina esa diferencia", explica Esteban Sánchez Moreno, profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid y experto en políticas de empleo.

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Jóvenes y maternidad: una elección forzada (I)

Elizabeth Cárdenas, de 24 años, trabaja a tiempo parcial como auxiliar de enfermería en una residencia de ancianos. Con los 450 euros que cobra viven ella y su hijo Daniel de 3 años. Daniel es uno de esos 454.648 bebés que nacieron en 2012. Solo el 9% de los nacimientos correspondieron a madres consideradas como jóvenes de entre 16 y 24 años, casi el mismo porcentaje de los que se dieron en chicas de 34 años. Elizabeth sabe que su caso es una excepción y de hecho ella no planeó que sucediera así: "No me arrepiento de haber tenido a mi hijo entonces, pero si miro atrás, si me hubiera gustado haber tenido otras condiciones". Condiciones como haber accedido a la universidad, haber estudiado la carrera de enfermería a la que aún aspira a matricularse y estar trabajando como tal.

A que eso ocurra, a tener la formación deseada, el trabajo deseado y un salario decente, es a lo que esperan muchas mujeres y es una de las causas – que no la única- del retraso de la maternidad en España en estos últimos años. En 2014, la edad media para tener el primer hijo se situaba en los 30,4 años, mientras que hace un cuarto de siglo estaba en los 26,5 años, según Eurostat. Además, la media de hijos por mujer se sitúa ahora en 1,32 hijos, la mitad que en el año 1976. ¿A qué se debe este retraso en la edad de maternidad? ¿A dónde nos lleva tener uno de los índices de natalidad más bajos de la Unión Europea? ¿Cómo se puede invertir esta tendencia?

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País Vasco y Murcia: las dos caras de las rentas mínimas en España

“No es que no lleguemos a fin de mes, es que no llegamos a mediados de mes. Luego vives de la caridad. Tienes que empezar a tirar de amigos, de familiares, o agachar las orejas e irte a la Cruz Roja a pedir comida”. V.M., guipuzcoana y a quien pertenecen estas palabras, es una de las beneficiarias de la Renta de Garantía de Ingresos (Renta Mínima de Inserción) en el País Vasco, la Comunidad Autónoma con la mayor cuantía media de esta prestación en todo el país. 662,51 euros al mes es el mínimo establecido por esta Comunidad, una cantidad que puede ascender hasta los 945,20 euros según complementos.

Con los 870 euros que le han asignado al mes, V.M. subsiste junto a su marido y sus dos hijas, de 7 y 10 años de edad. Los dos están en paro y la RGI es su única fuente de ingresos. “Cobro el día 30, intento pagar las facturas, pago la ikastola, pago el coche, hago una compra de comida muy grande, y el día 10 ya no tenemos un duro. 870 euros para una familia de cuatro personas... Me ha llegado una carta de la luz diciéndome que me llevan a juicio porque no he podido pagar una de las facturas. Si la pago no doy de comer a mis hijas. ¿Comemos o pagamos? ¿Qué hacemos? (…) Si llamo a mi madre y le pido 7 euros que me faltan para pagar la factura de la luz y ella me lo ingresa, me lo cuentan como ingreso y se descuenta de la ayuda”, señala la afectada. “En nuestra casa no entra carne ni pescado todas las semanas. Entra una vez al mes. Decimos: ‘¡Hemos cobrado! ¡Hoy vamos a comprar carne!”.

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Las condiciones y cuantías de las rentas mínimas profundizan la brecha de la España rica y la pobre

Casi un tercio de los españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Cuando el pasado mayo el Instituto Nacional de Estadística hizo pública la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2014, de nuevo saltaron todas las alarmas sobre el incremento de la desigualdad y de los índices de riesgo de pobreza en nuestro país. Cinco días antes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicaba el informe, ‘Por qué menos desigualdad beneficia a todos’, en el que mostraba cómo la brecha entre los ricos y los pobres, residentes en los treinta y cuatro países miembros, había alcanzado su máximo histórico desde que inició su medición hace tres décadas: el 50% de la riqueza está en manos de los más pudientes, mientras que los más pobres tan sólo tienen el 3% de la misma.

En el caso de España, las consecuencias de la crisis y del largo periodo de recesión, sumadas a las políticas de recortes presupuestarias y de austeridad de los últimos años, se han ido traduciendo en cifras récord de desempleo, grandes ajustes salariales y una precariedad laboral expandida a todos los sectores que han contribuido a agrandar la brecha entre los que más tienen y los que tienen menos, y a aumentar exponencialmente y de manera preocupante el número de personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza o que se precipitan hacia ella. En concreto, y en base a los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 29,2 % de los españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa AROPE (At risk of poverty or social exclusion), de la que hace uso la oficina estadística Europa (EUROSTAT) para calcular el porcentaje de personas más desfavorecidas en un estado y que combina tres factores: el riesgo de pobreza, la carencia material severa y hogares sin empleo o con baja intensidad laboral.

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La ruleta territorial de la pobreza infantil

Durante los años de la crisis la inversión en infancia del País Vasco, Valencia y Castilla y León fue el doble que la de Cantabria y entre un 30% y un 50% más alta que la de Cataluña, La Rioja o Madrid. Esta comunidad lidera junto con Murcia y Canarias la caída del esfuerzo presupuestario, multiplicando los recortes en servicios educativos y sanitarios esenciales para los niños. La crisis se ha traducido en diferencias graves en materia de bienestar y protección de la infancia en las diferentes comunidades autónomas, vulnerando derechos que condicionarán a los menores de por vida.

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Murcia, Madrid y Canarias son las comunidades que menos invierten en infancia

En su obra Teoría de la Justicia John Rawls, el filósofo político estadounidense más influyente del siglo XX, nos propone un experimento mental que él llamó "el velo de la ignorancia". Rawls nos pide que nos imaginemos antes de nacer y pensemos en qué tipo de sociedad nos gustaría hacer nuestra entrada a la tierra. Si no supiéramos nada de cómo va a ser nuestra familia, ni del colegio al que iremos, ni de cómo será la atención en nuestro hospital local si es que lo hay, o de cómo nos tratará la policía ¿En qué tipo de sociedad nos sentiríamos seguros? ¿Cómo garantizarnos la suficiente igualdad de oportunidades aunque nos haya tocado el peor escenario?

En España, hoy, el niño de Rawls se encontraría un panorama aterrador. La crisis ha golpeado tan duramente los presupuestos para la infancia que ninguna comunidad autónoma se salva de la debacle. Justo cuando las cosas se han puesto peor, la red de seguridad, que ya era débil, ha sido retirada. Esta es la primera conclusión a la que se llega tras la lectura del trabajo del Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) para Unicef Comité Español sobre la Estimación de la inversión en políticas relacionadas con la infancia en España y evolución 2007-2013.

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