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Sílvia Claveria

Politóloga. En la actualidad está realizando el doctorado en la Universidad Pompeu Fabra. Se ha especializado en estudios de género, élites políticas y comportamiento electoral. Editora del Blog Cercle Gerrymandering.

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¿Quién determina nuestra ideología?

Esta semana el "pin parental" ha sido la noticia central, parece que la escuela vuelve a ser un campo de batalla. Este pin parental o veto parental ha sido una iniciativa de Vox, para que los padres den consentimiento de asistencia a los hijos para ir a clases o talleres relacionados con feminismo, identidad de género o LGTBI. Ya algunas articulistas han defendido que los niños tienen derechos y además es beneficioso que tengan la libertad de escuchar charlas más allá de aquello que piensen sus padres.

Sin embargo, desde un punto de vista empírico, se ha intentado explicar recurrentemente cómo se forma o se modifica la ideología. Es un ámbito en el cual ha sido difícil de establecer conclusiones sólidas, pero cada vez se tienen más claves para saber cómo se generan las prioridades de los ciudadanos.

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La investidura y los currículums

Cuando Adriana Lastra ha subido al estrado, Inés Arrimadas ha aprovechado la ocasión para mostrar, desde su escaño, una hoja dónde se leía "CV Adriana Lastra", intentando afear que esta diputada no posea ningún título universitario o que no hubiera trabajado fuera de la política y, por tanto, se entreveía un cierto cuestionamiento de la posición que ocupa.

En este aspecto existen dos corrientes ideológicas contrapuestas en la concepción de la democracia: por una parte, una visión más tecnocrática de la política y por la otra un enfoque que da más importancia a la representación con la sociedad. La visión tecnocrática considerará que es mejor tener políticos con niveles educativos elevados. Se asume que cuánta mejor formación académica tenga un político, mejor competencia en la elaboración de las políticas públicas va a tener.

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La Navidad como síntoma

Por estas fechas, ya sea para celebrar la navidad o el solsticio de invierno, es habitual juntarnos con la familia para comer, beber e incluso para cantar villancicos. Sin embargo, como explica la fábula, no todo lo blanco es harina. Es, especialmente, en estas épocas del año cuando se perciben de una forma más descarnada las desigualdades en las responsabilidades y el desempeño de tareas domésticas dentro de una familia.

Estas desigualdades se apoyan, en parte, en el tipo de estado de bienestar que ha adoptado cada país. Normalmente los expertos han establecido tres tipos del estado de bienestar: el liberal, el escandinavo y el continental. El estado español se inserta dentro de este último, por tanto, se caracteriza por el hecho que los ciudadanos reciben derechos sociales en función de la contribución en el mercado laboral que se haya tenido.

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Los peligros del sexismo moderno

El partido Vox ha sido noticia por la intervención de Ortega Smith cuestionando la existencia de la violencia machista, en un acto del Ayuntamiento de Madrid en contra de la violencia de género. Son unas declaraciones que van en consonancia con su ideología: en los programas electorales pedían claramente la derogación de la Ley de Violencia de Género. Sin embargo, es un problema muy grave. El 25 de noviembre de 2019, día internacional contra la violencia de género, se contabilizan 52 mujeres asesinadas en lo que va de año, según cifras oficiales. La cifra aumenta hasta 94 si tenemos en cuenta aquellas mujeres asesinadas que no tenían una relación afectiva con el agresor (dato de 2019 de feminicidios). Los asesinatos son el hecho más brutal, pero son solo la punta del iceberg de la violencia machista que se encuentra sustentado por el maltrato físico, psicológico o a través de las agresiones sexuales (de 2016 a 2017 se incrementó en más de 1000 mujeres que denunciaron por agresión sexual o contra otro tipo de libertades sexuales).

Autoras como Bosch y Ferrer ya advertían en sus investigaciones en el año 2000 que había un "nuevo sexismo" o un "sexismo moderno" que trataba de negar la discriminación que padecen las mujeres. Es decir, a diferencia del viejo sexismo, éste es mucho más sutil. Parte de la idea de que los hombres y las mujeres ya son iguales, negando la existencia del patriarcado y, por ende, encuentran legítimo rechazar todas aquellas leyes que protegen y que reconocen derechos a las mujeres. Este partido quiere obviar que este tipo de violencia es el resultado de las relaciones de poder que se dan entre géneros, negando, al mismo tiempo, el acceso a las víctimas a tribunales especializados. Es preocupante que se haga este discurso porque estudios previos han mostrado que del año 2017 al 2018 había incrementado el grado de sexismo de aquellos ciudadanos que se situaban en posiciones de derecha o centro-derecha en la escala ideológica, y que podría ser el resultado de este tipo de planteamientos (no los ciudadanos en general que han reducido el sexismo moderno).

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¿Fin del voto dual?

Uno de los pocos países donde se produce lo que tradicionalmente se conoce como voto dual, es el Estado español. El voto dual tiene dos componentes: el abstencionismo diferencial y el cambio de voto. Así, tradicionalmente, se ha producido un nivel más elevado de abstención en las elecciones autonómicas que en las generales. También los ciudadanos suelen votar un partido de implantación estatal en las elecciones generales y otro autonómico en las regionales. En este artículo me voy a centrar en el caso catalán, pero merecerían un texto aparte el caso de la Comunidad de Madrid o la Comunitat Valenciana porque tienen otras lógicas.

Abstencionismo diferencial: La incertidumbre en el nivel de participación electoral que se iba a registrar en las elecciones del 10N ha sido un elemento clave en estos comicios. Como se trataba de una repetición electoral y tras haber conseguido una participación alta en abril (71,7%), se preveía que podía fluctuar el nivel. La participación en las elecciones de noviembre ha sido de un 69,8 % (a las 20:00h). Por tanto, este dato compite con uno de los peores datos de participación de la historia de la democracia.

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Futbolistas, médicas o cuidadoras: cuando las ocupaciones femeninas están devaluadas

Las futbolistas de la liga Iberdrola han decidido ir a huelga a partir del día 16 y 17 de noviembre. Reclaman, entre otras cosas, que sean reconocidas como profesionales, tener un convenio colectivo, un salario mínimo de 12.000 euros, jornada completa, y que se respeten los derechos laborales. En definitiva, solo exigen derechos básicos como poder cobrar en caso de lesión o maternidad, y se percibe crudamente como dista esta situación de la de sus homólogos masculinos. La desigualdad de género en el fútbol no es una excepción, sino otra muestra más de que las profesiones feminizadas tienen un reconocimiento menor, y con ello una retribución económica más pequeña.

El salario medio de aquellas ocupaciones donde las mujeres son mayoría –más de un 66% de trabajadoras mujeres– es menor que en aquellos trabajos donde los hombres representan una proporción alta –más de un 66%–. Como explica Marga Torre, esta brecha se mantiene cuando se comparan ocupaciones equivalentes en términos de experiencia, formación y número de horas trabajadas. Además, la diferencia de salario es mucho mayor cuando las ocupaciones requieren menor nivel educativo. Es habitual observar que aquellos que se dedican a conducir camiones tienen un sueldo mucho más alto que aquellas que se dedican a la limpieza o de asistente de cocina, por ejemplo.

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Los efectos transversales de la sentencia

El pasado lunes 14 de octubre, se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. Esta institución condenó a los principales líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años. La sentencia ha sido considerada bastante dura, y eso puede provocar distintos efectos en diferentes ámbitos. Por una parte, jurídicos, ya que la argumentación para condenar a los independentistas por sedición implica que muchas protestas calificadas como resistencia pasiva se consideren en un futuro al mismo nivel que las protestas con la violencia activa. Diferentes expertos y magistrados ya se han encargado de desgranar estos aspectos. Sin embargo, me voy a centrar en los efectos que puede tener la sentencia en la ciudadanía en relación a la legitimidad de las instituciones.

Sánchez compareció tras la sentencia del Tribunal Supremo, explicando que el problema de la relación entre Catalunya y España quedaba zanjada, sin dejar la puerta abierta a la concesión de los indultos. Sin embargo, los ciudadanos catalanes parece que tienen otra visión en relación a la sentencia. De hecho, ya se han producido diferentes movilizaciones como respuesta.

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Y ahora… ¿Terrorismo?

La detención de siete independentistas a los cuales se les imputa delitos relacionados con el terrorismo ha producido ya titulares que vinculan el movimiento independentista y el gobierno de la Generalitat con la violencia. Políticos como Lorena Roldán no han desaprovechado la situación y la semana pasada mostraba en el Parlament de Catalunya fotografías de un atentado de ETA en Vic en 1991, haciendo un claro vínculo entre el terrorismo vasco y el movimiento catalán. Se ha empezado así a crear un marco donde el independentismo se vea como una lucha violenta y, por tanto, ilegítima. Sin embargo, el movimiento independentista siempre ha apelado a la democracia y a la no-violencia, y nunca la ha justificado. Además, debe seguir vigente la presunción de inocencia de los acusados. De hecho, dado el secreto de sumario, las filtraciones que se publican resultan en muchas ocasiones contradictorias. Es prudente esperar a tener mucha más información para no caer en la trampa de asociar el movimiento independentista a la violencia, sobre todo dados los antecedentes producidos en los últimos años.

En la ley antiterrorista de 2/2015 se amplía el delito de lo que se considera terrorismo. Se define como tal si se subvierte el orden constitucional o se desestabiliza el funcionamiento de las instituciones políticas. Con esta modificación producida en el 2015, se englobarían como terroristas una amplitud de acciones que, de entrada, poco tendrían que ver. Por ejemplo, las acciones realizadas en la marcha de "Rodea el Congreso" serían consideradas delitos terroristas, ya que desestabilizaría el funcionamiento de las instituciones. También se tipifica el delito de desórdenes públicos, delito de sedición y el de rebelión como actos terroristas (aunque las cometan individualmente, si se cometen amparados por una organización). De esta manera, por ejemplo, cualquier acto organizado para cortar una carretera en el marco de una manifestación, estaría clasificado como tal. Esto es lo que les ocurrió a Tamara Carrasco y Adrià Carrasco, detenidos en 2018 por orden de la Audiencia Nacional, a los cuales se les acusaba de rebelión, terrorismo y desordenes públicos.

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¿Qué podría pasar si se presentara Más Madrid?

De momento, las negociaciones para formar gobierno entre PSOE y UP no están dando fruto y, por tanto, parece que se convocarán elecciones. Las encuestas publicadas hasta la fecha indican que los resultados que se obtuvieron el pasado 28-A se mantienen, en especial para los partidos de izquierda. Sin embargo, como ya expliqué, estas encuestas pueden ser poco informativas ya que cuentan con pocos encuestados y como no hay una fecha concreta en el horizonte para la celebración de elecciones, pueden hacer difícil calibrar bien la intención de voto de los ciudadanos. Además, valorar el nivel de participación que se producirá puede resultar complicado, cosa que puede influir en los pronósticos.

En definitiva, el escenario electoral que se presenta es incierto. Sin embargo, se podría añadir alguna duda más, si cabe, si se presentaran a las elecciones nuevas formaciones políticas, como Más Madrid (MM). Hasta ahora, Íñigo Errejón ha negado esta posibilidad. Pero ¿qué podría pasar si, al final, este partido decidiera construir una candidatura para las elecciones generales?

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La izquierda debe temer a las elecciones

Si no hay una investidura el 23 de septiembre, se disolverán las cámaras, y se convocará las elecciones para el 10 de noviembre. Por las informaciones publicadas, parece que el PSOE prefiere un gobierno en solitario y UP un gobierno de coalición. El PSOE parece que está intentando retrasar mucho el inicio de las negociaciones para así dejar a UP sin margen para hacer contraofertas, y se vean más obligados a aceptar acuerdos "a la baja". Tampoco han iniciado negociaciones con otras formaciones como el PNV, lo que indica que las intenciones de llegar a acuerdos no son muy altas.

En estas épocas de negociación, es difícil descifrar cuáles son las preferencias reales de cada formación política. Sin embargo, parece que el PSOE y, en menor medida, UP no tienen mucho miedo a volver a celebrar elecciones. Para ambos parece que puede ser su segunda preferencia. De hecho, si hacemos caso a las encuestas que se han publicado en los últimos días, el PSOE podría ganar apoyo, y UP no sufriría un embate muy pronunciado, pudiendo mantener muchos de los votos. Además, estas encuestas pronostican una mayoría absoluta del PSOE con UP, ya que descendería el apoyo de Cs y Vox.

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