Ingreso mínimo vital: pros y algunos contras

Uno de los efectos colaterales más directos de la pandemia de la COVID-19 es la crisis económica. Sin embargo, existen otros efectos colaterales, uno de ellos ha sido abrir una ventana de oportunidad para realizar algunos cambios en el sistema político como, por ejemplo, la introducción del ingreso mínimo vital. Esta crisis sanitaria ha hecho emerger una transversalidad en el apoyo a esta medida: casi la totalidad de los votantes a PSOE y UP apoyan esta política pública, pero, lo sorprendente es que más de un 60% de los votantes del PP y el 50% de los votantes de Vox también lo hacen, según el CIS. Esta amplia aceptación, seguramente, ha ayudado a que esta semana se dé luz verde a esta propuesta. Ésta tiene muchos puntos positivos y algunas reticencias:

En primer lugar, esta medida puede reducir la desigualdad entre generaciones. En la crisis del 2008, aquellos que sufrieron más las consecuencias fueron los jóvenes. En tres años, los hogares encabezados por menores de 35 años perdieron un 25% de la renta, mientras que la renta de los hogares encabezados por mayores de 65 años subió un 5%, según Eurostat. El motivo de este efecto diferenciado se debe a que los jóvenes dependen principalmente de su trabajo –el cual está menos protegido por los sindicatos- y los pensionistas cuentan con una renta casi asegurada y una vivienda, en muchos casos, pagada.

Además, el estado del bienestar español redistribuye poco y, cuando lo hace, beneficia especialmente a los mayores dejando de lado a niños y jóvenes. Debido a la crisis, muchos de esos jóvenes cayeron en la pobreza y, los que tuvieron suerte, pudieron volver a casa de sus padres (en España casi un 50% de los jóvenes de 25 a 35 años vive con sus padres). No sin antes truncar el desarrollo de su vida diaria y las expectativas futuras, como tener una vida independiente y formar una nueva familia. Este ingreso mínimo vital puede acolchar el impacto negativo hacia los jóvenes, ya que se podrían beneficiar de esta ayuda. Así, puede evitar que caigan en pobreza y puedan seguir sus planes de futuro. Es importante, no solo para estos jóvenes que ya habrán sufrido las consecuencias de dos crisis en 10 años, sino para que la sociedad no pierda el potencial de toda una generación.

En segundo lugar, este ingreso mínimo vital ayuda a ir a hacia una universalización del estado del bienestar, y asimilarse a los estados del bienestar nórdicos. Algunos utilizan la parábola de San Mateo para describir el estado del bienestar español “a quien más tiene más se le dará”. Otros lo han calificado como el Sheriff de Nottingham que, al contrario de lo que hacía Robin Hood - quitar a los ricos para dar a los pobres, da a aquellos que más tienen. Esto se debe a que es un estado del bienestar contributivo, es decir, los servicios y prestaciones, se encuentran ligados a las cotizaciones que previamente el ciudadano ha hecho a la Seguridad Social. Así, la cantidad de la pensión depende de cuánto has cotizado anteriormente, como también pasa en la cantidad y duración de la prestación de desempleo. Esto provoca que aquellas personas con menor sueldo o que tengan unas trayectorias laborales más intermitentes, como los jóvenes y las mujeres, que normalmente se encuentran en situaciones económicas más empobrecidas, reciben menos. El ingreso mínimo vital ayuda a romper esta inercia de dar a los que más tienen. El ingreso está desligado a las contribuciones hechas o la trayectoria en el mercado laboral que el ciudadano ha tenido, con lo cual es más probable que ayude a aquellos que más lo necesitan. Se amplía, de esta manera, a aquellas personas que se consideran ciudadanos sociales de un país.

Sin embargo, uno de los contras que se puede percibir del ingreso mínimo vital, según como está planteado, son los condicionantes para llegar a tenerlo, ya que no se trata de un ingreso que puedan percibir todos los ciudadanos. Por un lado, cuando se tenga toda la información, se deberá estudiar quiénes son aquellos que puedan acceder a esta prestación para ver si se amplía el grupo que pueda disfrutar del ingreso, dado que solo va a ser efectiva si va mucho más allá de un porcentaje marginal de los que se encuentran en situaciones de pobreza. Por decirlo en otras palabras, que vaya mucho más allá que el programa de la renta mínima de inserción que ya está en vigor.

Por otro lado, el establecimiento de muchas condiciones para llegar a tenerlo puede disminuir mucho aquellos que lo solicitan, aunque tuvieran derecho a percibirlo. Las condiciones obligan a que se tenga que solicitar y transitar por un proceso de burocratización que acredite que se cumplen los criterios. Esto es una barrera, ya que aquellos que se encuentran en peores situaciones económicas normalmente tienen menos acceso a la información, tanto para saber cómo se realizan los trámites como por la dificultad de completar las gestiones, como ya bien demuestra la experiencia con la renta mínima de inserción. También el ingreso mínimo vital plantea un problema de conflicto de competencias, ya que algunas comunidades autónomas ya tenían implantada políticas públicas similares. Así, se tendrá que ver el encaje y qué administración la debe gestionar.

La introducción de la política de ingreso mínimo vital genera algunas esperanzas para no caer en los mismos errores de la crisis de hace una década y universalizar más el estado del bienestar. Sin embargo, se debe estar atento a que no sea una política de la que solo se pueda beneficiar sectores muy limitados y concretos.