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Los dilemas de la pandemia

Michael (D) juega con su hermana Elaine (I) en su casa mientras las escuelas siguen cerradas tras el brote del nuevo coronavirus, en Pekín, China, el 19 de febrero de 2020

Estos días, el chat que tengo con mi familia extensa, estaba más animado que de costumbre. Provenimos de ideologías, edades o lugares diferentes, sin embargo, parece que había cierto consenso en algunos aspectos relacionados con la crisis sanitaria que estamos atravesando. Casi todos decían cosas como "la mayoría de políticos son unos incompetentes que no han gestionado nada en su vida", "no son expertos en lo que gestionan" o "no están escuchando a los expertos". Por momentos pensaba que volvíamos a estar en 2011 en medio de la crisis de representación y retomábamos discursos de la antipolítica.

Parece que no es un sentimiento aislado de mi familia. Un estudio realizado por Amat y otros muestran que el brote de la COVID-19 parece haber causado un cambio en las preferencias tecnocráticas. Desde que se ha producido la pandemia, los ciudadanos prefieren estar gobernados por expertos en lugar de políticos o prefieren que los políticos aborden los problemas desde un punto de vista técnico. También este estudio observa que para combatir esta pandemia los ciudadanos están dispuestos a sacrificar derechos y libertades, pero esto sería otro artículo.

La visión tecnocrática considera que es mejor tener expertos como decisores públicos. Se asume que cuanta mejor formación tengan, más competencia habrá en la elaboración de las políticas públicas. Lo que obvia muchas veces esta visión es que prácticamente no hay situaciones donde solo haya una solución correcta, tampoco neutral o que no tenga implicaciones ideológicas.

Naturalmente, los epidemiólogos tienen diferentes recetas para paliar la COVID. Creo que es lógico pensar que el Gobierno y otras instituciones públicas han requerido informes o han valorado opiniones de los expertos. Sin embargo, la respuesta que se está dando, efectivamente no solo depende de las decisiones técnicas, sino de la respuesta a diferentes dilemas o intereses contrapuestos. Simplificando mucho, las preguntas que se han podido hacer son: ¿cuántos muertos estamos dispuestos a permitir para reactivar la economía? ¿cuántos muertos estamos dispuestos a permitir para la buena salud mental/educación de los niños confinados?

Este dilema también se puede ver reflejado en un anuncio que hizo la DGT hace unos años. Se preguntaba a un ciudadano/a ¿qué cifra de víctimas en la carretera sería la ideal? Normalmente el encuestado respondía un número. Y le mostraban a su familia para recordarle que entre el número de víctimas que había dicho podría estar su familia. Entonces, rectificaba y decía que el número ideal sería ningún muerto en la carretera. Con la respuesta a la primera pregunta se esconde el dilema ético de cuántas víctimas está dispuesto a asumir para poder circular en coche, y son dilemas difíciles de dar respuesta.

El Gobierno puede cometer errores en la toma de decisiones, porque en los tiempos recientes no habíamos vivido una situación similar, ni tampoco se tiene una información perfecta de cómo evoluciona el virus. Sin embargo, no podemos obviar que los poderes se enfrentan a dilemas, y la resolución de esos dilemas, o el equilibrio de los mismos, se hace a través de la ideología y de las priorizaciones políticas/éticas. Así, permitir que algunos ciudadanos vayan a trabajar responde a una decisión ideológica de equilibrar la salud y el impulso de la economía. Que el gobierno autonómico haya recurrido a Telepizza para asegurar los menús de los niños más vulnerables es una decisión ideológica, por no confiar en las decisiones que puedan tomar estas familias. No haber dispuesto medidas para el cuidado de hijos o personas dependientes de las personas que deben ir a trabajar también responde al lugar donde se ha puesto el foco. Se ha considerado la posibilidad de abrir antes terrazas y bares que centros educativos, haciendo evidente la priorización de la economía a la educación. A todo esto se le debe sumar las posibles medidas acerca de cualquier forma de ingreso mínimo vital, cómo el Gobierno va a gestionar los autónomos o el pago de los alquileres. La mayoría de estas respuestas no dependen de cuestiones técnicas, sino de cómo equilibrar o priorizar algunos sectores.

No sé si en el chat de mi familia pude convencer a alguno, tampoco sé si lo he hecho aquí. El mensaje que quería transmitir es que el debate no debe girar en torno a si los políticos son expertos en sanidad o no: lo que deberíamos evaluar es si las prioridades del Gobierno en este tipo de dilemas complejos se ajustan a nuestro sistema ético o ideológico. Posteriormente, si ha sido una buena gestión. Sin embargo, como los poderes públicos muchas veces no exponen los dilemas a los que se enfrentan, o qué sectores está priorizando, pueden quedar como políticos que no atienden a criterios técnicos o de expertos.

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16 de abril de 2020 - 22:11 h

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