Los peligros del sexismo moderno
El partido Vox ha sido noticia por la intervención de Ortega Smith cuestionando la existencia de la violencia machista, en un acto del Ayuntamiento de Madrid en contra de la violencia de género. Son unas declaraciones que van en consonancia con su ideología: en los programas electorales pedían claramente la derogación de la Ley de Violencia de Género. Sin embargo, es un problema muy grave. El 25 de noviembre de 2019, día internacional contra la violencia de género, se contabilizan 52 mujeres asesinadas en lo que va de año, según cifras oficiales. La cifra aumenta hasta 94 si tenemos en cuenta aquellas mujeres asesinadas que no tenían una relación afectiva con el agresor (dato de 2019 de feminicidios). Los asesinatos son el hecho más brutal, pero son solo la punta del iceberg de la violencia machista que se encuentra sustentado por el maltrato físico, psicológico o a través de las agresiones sexuales (de 2016 a 2017 se incrementó en más de 1000 mujeres que denunciaron por agresión sexual o contra otro tipo de libertades sexuales).
Autoras como Bosch y Ferrer ya advertían en sus investigaciones en el año 2000 que había un “nuevo sexismo” o un “sexismo moderno” que trataba de negar la discriminación que padecen las mujeres. Es decir, a diferencia del viejo sexismo, éste es mucho más sutil. Parte de la idea de que los hombres y las mujeres ya son iguales, negando la existencia del patriarcado y, por ende, encuentran legítimo rechazar todas aquellas leyes que protegen y que reconocen derechos a las mujeres. Este partido quiere obviar que este tipo de violencia es el resultado de las relaciones de poder que se dan entre géneros, negando, al mismo tiempo, el acceso a las víctimas a tribunales especializados. Es preocupante que se haga este discurso porque estudios previos han mostrado que del año 2017 al 2018 había incrementado el grado de sexismo de aquellos ciudadanos que se situaban en posiciones de derecha o centro-derecha en la escala ideológica, y que podría ser el resultado de este tipo de planteamientos (no los ciudadanos en general que han reducido el sexismo moderno).
Lo cierto es que aún es necesario avanzar en las políticas dirigidas en contra de la violencia machista. Como comentaba al inicio, a excepción de algunas leyes autonómicas, la ley estatal solo reconoce como violencia de género la que se ejerce dentro de una pareja. No obstante, es necesario que también se considere violencia de género la que se produce fuera de una relación sentimental, para que el caso pueda pasar a un tribunal especializado, y que la mujer pueda gozar de las medidas y ayudas de las que disponen las víctimas de violencia de género. Esto es importante porque, con la ley actual, la violación o asesinato de una chica por parte de un desconocido, la práctica de la ablación, ser víctima de trata o el asesinato de una prostituta por parte de su cliente no son considerados violencia de género. Aunque en todos los ejemplos anteriores ellas han sido violadas, asesinadas, mutiladas y maltratadas con el único móvil de la desigualdad de género, la ley no las considera víctimas de violencia de género. A pesar de que los tratados internacionales, como el Convenio de Estambul, fuerzan a esta modificación.
Además, en 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la violencia de género, pero tiene muchos puntos débiles. Este pacto ni es vinculante, ni es una ley. Esto implica que no se puede aplicar o poner inmediatamente en marcha. Hay muchas medidas que tienen que modificar otras leyes o tienen que ser aplicadas por otros niveles de gobiernos, que pueden no querer llevarlas a cabo. Tampoco existe financiación específica para dotar las diferentes acciones, ni hay presupuestos concretos para cada medida, con lo cual no queda garantizado su cumplimiento. Desde 2018, se han impulsado algunas medidas dentro de este marco y se destinaron 1000 millones distribuidos entre diferentes niveles administrativos durante 5 años. Pero la caída acumulada desde 2004 en este ámbito es del 26%. Ha pasado de los 34,3 millones presupuestados en el 2004 a los 25,2 millones para el 2016.
Las mejoras en la legislación y en el presupuesto son necesarias, pero cada uno de nosotros podemos revisar nuestros comportamientos sexistas que tenemos día a día, que es lo que, finalmente, cimienta y mantiene las estructuras patriarcales que, en última instancia, son la base para la normalización de las violencias machistas.
