La actitud despectiva de Ferraz con los socialistas palmeros

La actitud de Ferraz con los socialistas palmeros es despectiva y colonial. La de la dirigencia canaria del PSOE es tan histérica como mediocre.

La esencia de un Estado descentralizado, como el de las Autonomías, es el reconocimiento a las comunidades territoriales (nacionalidades, regiones, municipios, islas, provincias) de un espacio y un proceso políticos propios para gobernar y gestionar sus intereses y necesidades particulares. Para eso cuentan con Instituciones democráticas propias.

El funcionamiento de un sistema político descentralizado puede ser completamente pervertido si los partidos políticos mantienen una estructura férreamente centralista. Si se empeñan, por ejemplo, en imponer “pactos en cascada” que condicionen los gobiernos de los entes territoriales a las circunstancias de la política nacional y a los intereses, a veces meramente tacticistas, de las direcciones estatales de los partidos.

El PSOE es un partido centenario que tiene consagrados en sus estatutos la democracia y el federalismo. Combinar democracia y federalismo requiere que Ferraz se ocupe, y tenga poder efectivo para ello, de decidir sobre los asuntos de carácter general, los relativos a las competencias de las Instituciones del Estado: y es en este ámbito donde en los últimos años se han tomado decisiones que hacen difícilmente distinguible al PSOE del Partido Popular.

Aquí es donde reside el problema político y electoral que viene arrastrando el PSOE, y la social democracia occidental en general, y en el que sus actuales dirigentes están completamente empantanados, a pesar de las facilidades que el PP --al fin y al cabo, la derecha española-- les está dando en materias como el aborto, libertades públicas y otras.

La situación de descrédito del PSOE arranca del cambio de rumbo del Gobierno Zapatero en mayo de 2010, que alcanzó su cénit en la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, en 2011, dando carta de naturaleza constitucional al vademécum neoconservador. De ese cambio constitucional derivó la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que le ha servido al gobierno Rajoy para degradar de una sola tacada el Estado Social y el Estado de las Autonomías.

Todo ese cambio de rumbo fue una mera imposición del mundo financiero y, sin cobertura jurídica alguna en los Tratados de la UE, de las Instituciones europeas gobernadas por la derecha, por los correligionarios europeos del PP.

Ni debió ser un trago dulce para Zapatero, ni le será fácil salir de esa situación ni al PSOE ni a la izquierda europea, eslóganes aparte. Resulta un poco patético ver estos días a Elena Valenciano clamando en París contra las políticas neoconservadoras, justo en el mismo momento en que Hollande, Valls y el PSF están volviendo a entrar por el mismo surco impuesto por la Troika.

Ahora: esa dificultad no justifica el histrionismo de Ferraz ni mucho menos su cada vez más demostradas intransigencia con los disidentes (sólo con los que considera débiles) y tolerancia con los involucrados en casos de corrupción.

Porque la lucha anticorrupción es una cuestión de principios, de marca. No tiene nada que ver con la descentralización y aquí sí debe actuar Ferraz con energía porque es uno de los problemas que más desmoralizan a los ciudadanos que compartimos los valores del socialismo democrático y en el que, lamentablemente, más arduo resulta distinguir entre las reacciones de Génova y Ferraz: los casos Gurtel y EREs son reveladores.

Muchas veces me sorprendo pensando en el “descojono”, perdónenme la expresión, de Antonio Castro, Paulino Rivero, Oramas, Clavijo y compañía al comprobar cómo también han logrado convertir, con más virulencia si cabe, a Ferraz en un látigo al servicio de sus intereses. Intereses que no son otros que los de perpetuarse eternamente en el poder, ganen o pierdan las elecciones, y gestionar ese poder a su manera y en función de los intereses que representan políticamente.

La democracia requiere la posibilidad efectiva de la alternancia política. La competición democrática es sumamente desequilibrada, porque quien está en el poder cuenta con una herramienta descomunal para ganar elecciones. Y si, además, el gobernante está aliado con los sectores económicos más influyentes la alternancia es una empresa casi heroica.

Eso es lo que viene ocurriendo en Canarias y en las principales instituciones de Tenerife y La Palma desde hace más de un cuarto de siglo. Cuando la alternancia se impide, la democracia se degrada. Sea quien sea el partido o el gobernante que se eterniza en el poder. Y donde quiera que eso ocurra: La Palma o Andalucía.

Y esto no es meramente un problema para la buena gobernanza de una sociedad, sino --lo que es muy importante, sobre todo en tiempos de crisis-- para la buena gestión de los recursos públicos y, en gran medida, de la economía.

Lo que ha ocurrido en el cabildo y en muchos ayuntamientos de La Palma, el pacto PSOE-PP, podía ocurrir tarde o temprano. Así ha ocurrido en El Hierro y en varios ayuntamientos de Tenerife. Simplemente refleja que la alternancia política, imprescindible en democracia, se ha convertido en la primera prioridad de quienes han venido ejerciendo la tarea de controlar, en nombre de la ciudadanía, a un poder truculento que no tiene otro programa que el de perpetuarse. No es tan difícil de entender para quien conozca la realidad de estas islas.

Sólo son incapaces de entenderlo los burócratas de Ferraz, pretendiendo usar La Palma como un exorcismo contra el PP, en un territorio tan lejano que les permite ensañarse con los militantes como no lo han hecho nunca en la Península. E infructuoso, porque la diferenciación imprescindible con el PP tiene que producirse allí donde está el origen de la confusión: en la política estatal y europea.

Y no en los remotos cabildos y ayuntamientos de un archipiélago lejano, para mantener o volver a instalar en el poder a Coalición Canaria. Como si Coalición Canaria hubiera sido una opción de trayectoria progresista acreditada y no los aliados tradicionales del PP, con el que comparte --más allá de la retórica-- tantas actitudes y políticas ante la realidad y las Instituciones del Archipiélago.