Las cosas claras y el chocolate espeso

Esta es, en esencia, la información. Nada sorprendente pues conocidas son las alegrías enajenadoras de la ex alcaldesa que hundieron las posibilidades de actuación del actual gobierno municipal, ya muy mermadas por la crisis. Y digo alegrías porque rige la venta de bienes públicos una legislación que establece un riguroso procedimiento administrativo para garantizar que la operaión no dañará al patrimonio público; hasta el punto de señalar el uso que habrá de dársele al dinero obtenido, lo que, creo entender, trata de aclarar la Fiscalía. El que vende, una vez come, reza un axioma, muy tenido en cuenta en el ámbito privado, que desaconseja vender para hacer frente a gastos consuntivos y no para adquirir nuevos activos más rentables. Supongo que en eso pensaban los legisladores al poner los bienes públicos a salvo de gestores poco sensatos que gastan en vano pólvora del rey. Y ya que me he puesto axiomático, diréles que las cosas (las cuentas) claras y el chocolate espeso, que de eso se trata.

Las críticas de Arcadio en el momento aquel se guiaron por ese dicho y reprochó a Luzardo que malvendiera patrimonio, que despatrimonializara a la ciudad a fin de mantener el nivel de ingresos municipales sin subir los impuestos. Una baza electorera, la de dejar en paz las contribuciones, que si, en principio, es de agradecer, deja de serlo para tornarse demagógica si la rige el deseo de salir del paso y el principio de que arree quien venga detrás.

Y le ha tocó arrear, es un decir, a Jerónimo Saavedra. El alcalde subió algunos impuestos, cosa que, ya ven ustedes, le afeó la ex alcaldesa, que se ha mostrado, eso sí, muy coherente pues ella lo hubiera evitado vendiendo hasta los perros de la plaza de Santa Ana y las Cuatro Estaciones del ex Puente de Piedra; además de las pulseritas verdes que le sobraron de la promoción de su frente marítimo.

Imagino que la Fiscalía quiere averiguar si aquellas ventas respetaron el procedimiento de enajenación del patrimonio público. A buena hora y con sol, diría, porque lo cierto es que la despatrimonialización se produjo; con la salvedad de que si se hicieron las cosas bien, sería tema de debate político; pero si hubo irregularidades, que Dios coja confesado a Saavedra porque será otra palada que ahonde el agujero. En cualquier caso, llegar a situaciones como ésta, de duda acerca de si se observaron y funcionaron los mecanismos y las garantías del procedimiento administrativo, apunta a otros aspectos colaterales.

Dejando a un lado la falta de prevención ante irregularidades o decisiones inadecuadas, lesivas y casi siempre irreversibles, habría que plantear el abuso de cometerlas mediante de la aplicación mecánica de mayorías como la que tenía entonces Luzardo. Los resultados electorales como patente de corso. Ya se verá si actuó bien, mal o medio pensionista, pero en el segundo supuesto alguien se daría cuenta de que no se estaban haciendo las cosas bien, que es lo que está por ver. Pudo advertirlo algún munícipe pepero que no por eso dejó de votar a favor, pues, total, al no exigírsele responsabilidades resultaba más cómodo aceptar la disciplina de partido como bien a preservar, incluso por encima del interés patrimonial general, que ponerse borde y soportar las malas caras de los compañeros.

Ya se verá qué ocurrió, pero ya es significativo que la Audiencia de Cuentas desconociera el destino final de esos 11 millones de euros (casi 2.000 millones de pesetas) y que la Fiscalía trate ahora de averiguarlo. Llama la atención porque la ley es terminante respecto al uso que había de dársele.

Si digo que no sería la primera ocasión en que la disciplina de voto se aplica a como dé lugar, también diré que no sería tampoco la primera vez que los reparos de la oposición se quedan sin continuidad fuera del salón de plenos, reducidos al mero rifirrafe puntual y vámonos a comer, que ya es hora.