El Gobierno canario paraliza el suministro de materiales para el Puerto de Granadilla

El pistoletazo de salida del sistema lo dio un ministro socialista cuando afirmó que en España el que no se hacía millonario tenía que ser tonto. El dinero invertido en obras públicas, las grandes promociones inmobiliarias, hicieron creer que España había entrado en la senda de crecimiento económico sin fin. Existía un pequeño problema, para que el sistema funcionara había que obviar normas y leyes. Para que esto no se notara mucho bastaba controlar los medios de comunicación y comprar voluntades. Pero, en cuanto el sistema perdió el lubricante al estallar la burbuja financiera e inmobiliaria empezó a chirriar, a poner en evidencia los cimientos del “milagro” español.

En Tenerife tenemos muchos ejemplos de estos comportamientos, desde el caso de Las Teresitas al del Puerto de Granadilla. En Las Teresitas quedó absolutamente claro la conexión de dos grandes empresarios de la construcción, de políticos de los principales partidos, de la Caja de Canarias y de profesionales sin escrúpulos que ponen sus conocimientos y sus habilidades al servicio de la “operación”. Millones de beneficio a costa de los intereses públicos y todo ello sin tener que invertir ni un euro propio ni en el negocio ni en la playa.

Un caso similar es el del Puerto de Ganadilla, pero con grandes diferencias, mientras que la mejora de las Teresitas es una necesidad incumplida, la del puerto es fehacientemente innecesaria, tanto desde el punto de vista económico como técnico. Además, el proyecto especulativo de Las Teresitas está paralizado por sus múltiples irregularidades, mientras que el del puerto se encuentra en construcción a pesar de las irregularidades denunciadas. Por lo demás se parecen mucho. Se repiten los partidos que lo apoyan, empresarios, los técnicos sin escrúpulos capaces de tergiversar la realidad para justificar el negocio y la colaboración cómplice de muchos medios de comunicación.

El Observatorio Ambiental del puerto de Granadilla (OAG) en sus informes -y en su comportamiento- deja bien claro que para estos “negocios” se requiere la complicidad de los responsables de organismos públicos. En febrero de este año el OAG publicó su “Informe anual 2011. Seguimiento ambiental del puerto de Granadilla en fase de obras” en el que se puede leer -en el apartado dedicado a la vigilancia de las obras- que todos los materiales utilizados en la construcción proceden de canteras debidamente autorizadas. Una afirmación que resultó ser una mentira, un grave incumplimiento de los objetivos que justificaron la creación del OAG y una grave contradicción con los discursos autocomplacientes de su director. Un flagrante incumplimiento de la legalidad por parte de quienes tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Un hecho denunciado desde el mes de abril pasado por ATAN, el Foro contra la Incineración, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y el sector empresarial afectado por unas decisiones que castigan a los que cumplen con la ley y, por el contrario, premian a los que la incumplen.

A pesar de la denuncia en los medios de comunicación, el OAG no consideró necesario informar, aclarar o matizar los hechos, y no sería hasta el 2 de noviembre cuando en su página en Internet informa con detalle de la situación legal de los suministros, una vez que la denuncia de la fiscalía había llegado a los juzgados de Granadilla. Pero, en lugar de reconocer lo evidente, el OAG tergiversa la realidad. Da por buena y conformes a derecho, las autorizaciones municipales para mejora de fincas, aunque su único fin sea el suministro para el puerto, algo para lo que no tienen competencia los ayuntamientos.

En su última actualización del 21 de noviembre, dice que los materiales de acopio externo para la construcción de las infraestructuras portuarias y rellenos de explanadas se obtendrán de movimientos de tierras o canteras debidamente autorizadas. Parecen ignorar en el OAG que en Tenerife solo existe, según nos ha informado la Consejería de Industria, una sola cantera autorizada, el resto, por tanto, son aprovechamientos ilegales. Según el cuadro que se acompaña, el OAG reconoce que ha mentido y engañado a la ciudadanía desde su página. No solo porque la información ha variado de manera sustancial en las distintas actualizaciones, fundamentalmente porque reconoce, marcadas con el color rojo, que varias canteras o aprovechamientos geológicos -no lo aclara- son ilegales.

Un caso llamativo es el de las situadas en Vilaflor (según el OAG fueron utilizadas hasta el mes de mayo) están marcas con el color rojo lo que indica “Incorrecto: sin autorización o no se ajusta a los términos de la autorización” y también con un asterisco que señala que estas dos canteras ilegales son “zonas de origen de los materiales para el puerto de Granadilla en las que existiendo un plazo de tiempo razonable para que expire el permiso, se ha abandonado la actividad después de la extracción de materiales, dejando la obra autorizada inacabada.” Y para que no haya dudas de la incongruencia, son las únicas marcadas con asterisco. Es lo que ocurre cuando se trata de ocultar lo evidente: que se saltan, sin el menor escrúpulo, el estado de derecho, los objetivos para los que fueron creado y, por si fuera poco, tiran a la basura el dinero público que gastamos en el mantenimiento del OAG.

La puntilla esta situación la pone el propio Gobierno Canario, en concreto de la Dirección General de Industria de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio . Hace pocos días llegaba a ATAN el escrito de esa Dirección General (Contestaba a otro enviado en agosto por la Comisión Jurídica de ATAN) en el que se dice: “Que se han realizado visitas de inspección a los diversos puntos en los que esa Asociación Ecologista, junto a otras como el Foro contra la incineración o el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)” El resultado de las inspecciones confirman los hechos denunciados: “La piedra está siendo comercializada, transportada, vendida y aprovechada en las obras del Puerto de Granadilla, sin que conste autorización a alguno de los intervinientes, ni de la Dirección General de Industria, ni del Departamento de Obras Públicas de la Administración del Estado, que en aplicación de la Ley de Minas, artículo 37.3 de R. D. 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.

En tanto no se obtengan las correspondientes autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos del Dominio público, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 22/1973, de 21 de julio de Minas, y la Ley 1171990, de 3 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, las labores de explotación y la puesta en el mercado de recursos geológicos extraídos de los diferentes ámbitos no pueden continuar en activo, y ello sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven por la explotación de recursos sin la debida autorización, de acuerdo con lo establecido.“ Así de tajante se muestra el firmante del informe, Juan Antonio León Robaina, Director General de Industria.

Confirma nuestra denuncia, dejando bien claro el comportamiento ilegal y la total sumisión del OAG a los interese particulares en detrimento de los intereses públicos. Una situación como esta, en la que el Gobierno canario desautoriza de forma tan contundente a un organismo público, exige que se pidan responsabilidades a sus responsables.

Eustaquio Villalba Moreno