Un suplicio de pacto

Tocaba Granadilla. Y hasta mucho había esperado ATI, el núcleo irradiador de Coalición Canaria en Tenerife, para asaltar la alcaldía de ese municipio. Se supo que esa iba a ser la intención pocos días después de las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2015, cuando recaló por el Ayuntamiento de La Laguna el concejal de Ciudadanos Arquipo Quintero. Fue a reunirse con Fernando Clavijo, presidente in péctore de Canarias pero por entonces aún alcalde-presidente lagunero en lo que se constituían las corporaciones y el Parlamento regional. Acordaron levantarle la alcaldía al PSOE en lo que iba a constituir la primera incongruencia de Ciudadanos (“nunca pactaremos con un partido nacionalista”) y la primera traición al por entonces non nato acuerdo regional. Por eso el PSOE puso en el texto del pacto de gobierno con Coalición Canaria específicamente que Granadilla era intocable, y por eso los dirigentes nacionalistas locales tuvieron que apoyar al alcalde socialista Jaime González Cejas, uno de los pocos socialistas imputados que el PSOE ha dejado escapar.

Por lo tanto nadie puede llamarse a engaño ante esta moción de censura en Granadilla, simplemente porque detrás de ella estuvo desde el primer momento –y posiblemente siga estando hoy- el presidente Clavijo.

Hace bien Julio Cruz, secretario de Organización del PSOE, en dar por fenecido el acuerdo de su partido con CC si prospera esta moción de censura, porque tiene todas las papeletas para prosperar. La Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) necesita aglutinar todo el poder local que pueda para poder reconstruirse como siempre, desde el poder, una vez todos los indicios apuntan a que su desgaste parece imparable.

Lo lleva haciendo a costa del PSOE desde el inicio de esta legislatura autonómica arrebatándole el poder en ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de La Cruz o humillándolo de manera grosera en La Laguna, donde el portavoz socialista ha sido apartado de cualquier delegación y de cualquier salario municipal pese a ser el primer teniente de alcalde y socio a la fuerza.

El acoso al socio socialista ha arreciado estos últimos meses con críticas furibundas y continuos desplantes a su tarea dentro del mismísimo Gobierno que ambos comparten. Sólo ha escapado de momento el consejero de Presidencia y Justicia, pero hasta la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, virtual candidata a próxima secretaria general del PSOE, ha sigo objeto de esos ataques. Los ejecuta, para que todo parezca ajeno a Clavijo, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que considera, por ejemplo, que él sería más eficiente con los fondos de empleo, con la adjudicación de carreteras, con las políticas sociales…

El último ataque ya lo lideró directamente Fernando Clavijo al pronunciarse contra la gestión del socialista Jesús Morera al frente de Sanidad. No pudo ser más desafortunada la participación presidencial en la polémica sobre desviación presupuestaria y listas de espera, como si su partido no tuviera nada que ver con el desastre sanitario o como si él no hubiera hecho oídos sordos a todos los que le han sugerido que dedique los famosos y fantasmagóricos 160 millones de euros procedentes del desaparecido Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE) a cubrir los recortes que departamentos como el de Sanidad han sufrido estos últimos años.

Frente a los desprecios de los nacionalistas a su socio, el PSOE se ha comportado lealmente en todo momento y en todo lugar. Hasta el punto de provocar una quiebra interna en asuntos tan delicados como el apoyo a la Ley del Suelo que Fernando Clavijo quiere aprobar cuanto antes a los especuladores de Canarias. Cuanto antes y por encima incluso del Parlamento, al que ha amenazado sin remilgos con no admitirle que le enmienden el proyecto que ya le enmendó hasta el Consejo Consultivo.

El PSOE no quiere esa ley del suelo, o al menos no quiere pasar a la historia entre los que la aprobaron. Pero se debate entre su defensa del territorio y de los espacios naturales, una de sus legendarias banderas, o darle un motivo de peso a los nacionalistas de Clavijo para ejecutar la ruptura. El primer acto ya lo hemos presenciado con la indisciplina de tres de sus diputados (Loli Corujo, Gustavo Matos y Gabriel Corujo) ausentándose de la votación de la ley de Islas Verdes, la antesala de la del suelo.

Parecen desconocer en el PSOE los modales de Coalición Canaria: el pacto se romperá haya o no haya apoyo a la Ley del Suelo, que para eso Clavijo cuenta con los votos del PP y de los tres diputados que lidera Casimiro Curbelo.

Pero Coalición Canaria quiere a su socio votando a favor para, acto seguido, echarlo del Gobierno y dejarlo sin discurso y sin dignidad en la oposición.

Eso si el pacto llega hasta ese momento legislativo y no se rompe ahora por Granadilla.

¿Intervendrá Pedro Sánchez o dejará el marrón a los “medianeros”?

[Chascarrillo malicioso: en nombre del PSOE firmó el pacto con Coalición Canaria en La Laguna su hombre fuerte en Granadilla, Nicolás Jorge, que no tiene ningún cargo orgánico regional. Lo mandaron a él porque nadie quería pasar a la posteridad por tal hazaña. Había que calmar a Coalición Canaria, que ahora paga al granadillero de esta manera tan cariñosa]