La Fiscalía se querella contra el concejal de Aguas por los vertidos de Emalsa
La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una querella contra el concejal de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria, Martín Muñoz, ante su posible responsabilidad en la mala gestión de la depuración de los vertidos de la empresa mixta de aguas de la ciudad, Emalsa.
Esta querella ha recaído en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que la ha admitido a trámite, después de que Izquierda Unida Canaria denunciara los hechos ante el Ministerio Público, según la agencia Efe.
Este Juzgado será el encargado de tramitar las diligencias solicitadas por la Fiscalía con el fin de valorar la necesidad de proceder o no contra los responsables municipales encargados de supervisar la correcta depuración de aguas fecales.
La denuncia fue presentada por IUC en julio de 2013 al considerar que se trata de un “atentado contra la calidad del agua y la salud pública”, afirma el coordinador de la Asamblea de Las Palmas de Gran Canaria, Echedey Morales.
IUC presentó junto a la denuncia un informe de 2011 elaborado por el Gobierno de Canarias con la colaboración de distintos especialistas del Instituto Tecnológico de Canarias, el Servicio de Sanidad Ambiental de la consejería de Sanidad y el Instituto Canario de Ciencias Marinas. En dicho informe, asegura Morales, se recogen los vertidos de aguas fecales en varias zonas de la Avenida Marítima de la capital que no reciben tratamiento alguno así como las distintas consecuencias que esto supone para la salud pública.
El coordinador de IUC recuerda que poco después de la presentación de la denuncia ante la Fiscalía, el Ayuntamiento emitió un nuevo informe que venía a ratificar el publicado por el Gobierno de Canarias y que incluso aumentaba el número de vertidos que se habían producido en la bahía palmense.
Izquierda Unida Canaria denuncia que estos derrames llevan produciéndose desde 2008 y que no se tiene control alguno al respecto. Es por ello que pide que se asuman responsabilidades y se sancione a los responsables de que estas situaciones ocurran con cierta asiduidad.
Este es un ejemplo más, afirma Morales, “que viene a demostrar que lo privado no es siempre más eficaz que lo público. Con la privatización de Emalsa, se ha ahorrado en gastos de distinto tipo y las consecuencias las sufrimos todos con los vertidos de aguas residuales en nuestra costa”. Es por ello que el coordinador de IUC en la capital pide al grupo de Gobierno la reconversión de la empresa de aguas en una entidad 100% pública, tal y como lo era antes de su privatización en 1993 bajo el mandato de Emilio Mayoral.
