El Gobierno canario pide al central una comisión bilateral para tratar de evitar el derribo de los dos hoteles de las Dunas de Corralejo

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, ha pedido al Gobierno central que proceda al traslado a las Islas de los expedientes relativos a los dos hoteles ubicados dentro del espacio natural protegido de las Dunas de Corralejo, en la costa norte de Fuerteventura, a los que el Ministerio de Transición Ecológica ha trasladado que deben proceder al “levantamiento y retirada” de las instalaciones existentes en el dominio público, es decir, que deben ser derribados. También ha solicitado una comisión bilateral para intentar aclarar quién tiene las competencias para decidir sobre la situación de ambos establecimientos turísticos.

Es el último capítulo de un enfrentamiento entre ambas administraciones que comenzó meses antes de que se procediera a la transferencia al Gobierno canario de las competencias en materia de costas.

Fuentes del Ejecutivo regional han confirmado a este periódico que el nuevo paso dado desde las islas es remitir una carta al Gobierno central instándole a “la devolución de esos expedientes” y que se ha solicitado la constitución de una comisión bilateral entre ambas administraciones para tratar de solventar las diferencias respecto a las competencias en este caso, un encuentro que aún no se ha celebrado, indican fuentes del ejecutivo canario. Según informa Cinco Días, Canarias ha dado un plazo de 30 días para recibir los expedientes y, en el caso de no ser así, iniciará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC).

El consejero regional de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, ya adelantó que llevaría el asunto al TC en caso de que no se llegue a “una resolución satisfactoria, que no es más que cumplir con el real decreto de transferencias”. También el presidente canario, Ángel Víctor Torres, apuntó al Constitucional como medida para salvar a estos hoteles, que operan en un área protegida.

El hotel Riu Palace Tres Islas y el hotel Oliva Beach fueron construidos antes de que los terrenos fueran incluidos dentro del dominio público, por lo que el Ministerio de Transición Ecológica les compensó con concesiones transitorias, es decir, que tenían una fecha de caducidad. Sin embargo, los dos hoteles realizaron, presuntamente y según el Ministerio, diferentes obras y ampliaciones sin licencia que aumentaron su volumen, lo que llevó al Gobierno central en agosto de 2021 a iniciar la caducidad de sus respectivas autorizaciones, que se extendían hasta 2037 en el caso del Riu Palace Tres Islas, y hasta 2089, en el caso del Oliva Beach.

Sin embargo, en enero de este año se procedió a traspasar las competencias de Costas al Gobierno de Canarias, que entiende que ahora es quien tiene la potestad para decidir sobre dichas autorizaciones, y no el Gobierno central. Este, a su vez, discrepa y considera que, al tratarse de unas licencias compensatorias debido a un deslinde del dominio público, es la única administración competente. Mientras, la cadena Riu defiende que no hubo obras sin licencia y que eso “es un artificio absoluto del Ministerio”.

Una licencia con condiciones y fecha de caducidad

Las licencias transitorias son un mecanismo adoptado por la Ley de Costas de 1988 para resarcir de la pérdida de propiedad a titulares legales de terrenos o edificaciones previos a dicha normativa y que quedaron en dominio público. En la Ley anterior, de 1969, en este concepto se incluían las playas, la zona marítimo-terrestre y el mar territorial, es decir, el espacio de las costas bañado por el mar. Las dunas de Corralejo quedaban fuera del deslinde trazado en 1970. Pero con la normativa de 1988, sí quedaron incluidas en dominio público al añadirse criterios más exhaustivos, como hasta dónde alcanzan las olas, los acantilados o la arena de las playas. Sobre estas áreas no se puede construir y solo se permiten determinadas actividades, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente. 

Así fue como se permitió a ambos alojamientos mantener su actividad, pero, según el Ministerio, ambos incurrieron en incumplimientos, por lo que se inició hace ya dos años el procedimiento para extinguir los permisos. Ahora el Gobierno canario se aferra a la transferencia de las competencias de Costas para tomar el mando del asunto y permitir que ambos continúen operando.

Sin embargo, hay una laguna en dicha transferencia, y es que no se menciona si las concesiones transitorias, como las de este caso, serían también traspasadas. 

Apología del “delito ecológico”

Mientras que el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva, municipio en el que se ubican las Dunas de Corralejo, se muestran a favor de continuar con la actividad de ambos hoteles, ecologistas de toda Canarias abogan por respetar el espacio protegido, que alberga la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Dunas de Corralejo e Islas de Lobos, la Zona Especial de Conservación (ZEC) Corralejo y el Parque Natural Corralejo, un espacio emblemático por sus altas dunas de arena rubia, espectaculares playas, vistas a los volcanes cercanos, la isla de Lobos y por las especies que allí anidan.

El portavoz de Ben Magec, Eugenio Reyes, defiende que se tramite la caducidad de ambos hoteles, a los que considera “una apología al delito ecológico”. “Riu tiene que irse”, declaró Reyes el pasado febrero. A su juicio, la cadena hotelera “ha incumplido de forma reiterada las condiciones de su concesión: ha intentado subir el volumen de la edificación, vierte aguas residuales al mar y ha alterado sustancialmente las normas de conservación de las dunas de Corralejo, que está perdiendo arena. Los hoteles están dentro de un espacio protegido y encima se han cometido burradas en un sitio de dominio público, un lugar de todos con el que hacen caja todos los días”.