CARTA MAGNA
La nueva Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una de las aportaciones más importantes de la reforma finalmente acordada esta madrugada por los líderes de la UE, será proclamada solemnemente el próximo 12 de diciembre, en Estrasburgo (Francia).
Así lo ha confirmado hoy a los medios de comunicación el presidente del Parlamento Europeo, el alemán Hans-Gert Pöettering, quien ha destacado la importancia del acontecimiento y se ha felicitado por el acuerdo sobre el nuevo Tratado de Lisboa.
Finalmente, la Carta no figurará en extenso dentro del Tratado, sino como un documento aparte, pero sí será mencionada en un artículo, lo que le garantiza fuerza vinculante para todos los estados y órganos de la Unión.
Para subrayar la importancia del documento, los presidentes de las tres instituciones principales de la UE -Consejo, Comisión y Parlamento- participarán en Estrasburgo en una sesión solemne de la Eurocámara en la que expresarán su apego a los principios de la Carta.
Su proclamación se producirá la víspera de la firma del nuevo Tratado, en Lisboa, por los representantes de los veintisiete gobiernos.
Además, su contenido completo será publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
La Carta es una de las principales aportaciones rescatadas del fracasado proyecto de Constitución europea.
Contiene todos los valores y principios fundamentales reconocidos a los ciudadanos europeos que deberán ser respetados por las instituciones de la Unión.
Recoge y amplía a su vez el texto de la Carta de derechos que fue firmada en Niza por la UE en el año 2000.
Respecto a Niza, las adiciones principales son el reconocimiento de la dignidad humana como base de todos los demás derechos; el derecho a la integridad física y psíquica de la persona; la protección de datos de carácter personal; la libertad de las artes y las ciencias; el derecho de asilo; y los derechos del niño.
El Gobierno británico, que en 2004 aceptó y firmó como los demás esta incorporación trascendental, se ha desvinculado al final de su contenido por temor a que el sistema laboral y social de las Islas pudiera ser cuestionado ante los tribunales europeos.
Londres se ha asegurado de que la Carta europea no creará nuevos derechos justiciables en el Reino Unido más allá de lo que ya contemplan las leyes británicas.
También el gobierno conservador polaco ha manifestado, mediante una declaración unilateral, que la Carta “no afecta en modo alguno al derecho de los Estados miembros a legislar en el ámbito de la moral pública, el Derecho de familia, la protección de la dignidad humana y el respeto de la integridad humana física y moral”.
Ambas salvedades han sido criticadas y lamentadas por el Parlamento Europeo, porque pueden romper la aplicación uniforme de los derechos a los ciudadanos de la Unión.
El presidente del PE, Hans-Gert Pöttering, ha resaltado hoy, pese a todo, el carácter vinculante del nuevo repertorio de derechos y la “visibilidad” que adquirirá la Carta cuando sea proclamada por todas las instituciones.
Por su parte, el eurodiputado español Enrique Barón, representante del grupo socialista del PE en las negociaciones recién concluidas, ha destacado que la Carta “será la única parte del tratado que los ciudadanos podrán comprender sin dificultades”.
Barón ha dejado claro que el Parlamento no habría aceptado dispensar otro tratamiento menos visible a la Carta (se barajó relegarla a mera declaración).
