El Cabildo de La Palma desalojará a un residente de La Dehesa por obras de reforma

El Cabildo de La Palma ejecutará el desalojo de un residente del centro de atención a personas dependientes de La Dehesa para poder iniciar las obras de reforma de las plantas segunda y tercera del inmueble, una actuación financiada con fondos europeos Next Generation que permitirá habilitar 59 nuevas plazas sociosanitarias en la isla.

La consejera insular de Servicios Sociales, Ángeles Fernández, ha confirmado que el inicio de los trabajos está previsto con la firma del acta de replanteo, fijada para este viernes, y ha señalado que el Cabildo actuará conforme determinen los servicios jurídicos, incluyendo, si fuera necesario, la ejecución del desalojo con apoyo policial.

La responsable insular defendió que la actuación no puede verse paralizada por la negativa de “una sola persona” cuando existen más de 490 personas en lista de espera para acceder a una plaza residencial en La Palma.

El residente afectado es Juan Antonio Martín de 80 años, uno de los ocupantes de las plantas que serán reformadas, que ha manifestado su negativa a abandonar su habitación al considerar que las alternativas ofrecidas por la administración suponen un empeoramiento de sus condiciones de vida y vulneran los derechos reconocidos en la normativa de servicios sociales.

Según su testimonio, en las plantas segunda y tercera residían unas 20 personas, todas no dependientes o con un grado leve de dependencia, en habitaciones individuales “austeras pero dignas”, que permitían “un mínimo de autonomía”.

Asegura que el proceso de diseño, licitación y adjudicación de las obras se realizó sin que los residentes fueran informados ni consultados previamente y que, una vez adjudicada la obra, se inició “de forma urgente” el traslado de los usuarios para liberar las dependencias.

Martín sostiene que inicialmente se les planteó un traslado al Hospital de Dolores, en espacios compartidos de hasta ocho personas, opción que fue rechazada por la mayoría, aunque con el paso de los meses sí aceptaron esas reubicaciones que, a su juicio, implican una pérdida de derechos.

También ha defendido que su estancia en el centro es legal, y que su ingreso se produjo en contextos excepcionales como la pandemia, sin falsear documentación y contribuyendo económicamente al servicio, abonando entre el 70 % y el 75 % de su pensión.

La consejera Ángeles Fernández ha asegurado que “solo un residente” se mantiene en contra del realojo y defendió que el resto ha sido reubicado de forma temporal, tanto en el propio centro como en otros recursos sociosanitarios, “todas conformes” con las alternativas.

Sostuvo que la habitación ocupada por este residente no se ajusta a la normativa vigente y que las opciones ofrecidas cumplen los requisitos legales.

Fernández ha negado que el centro de La Dehesa tenga plazas vacantes, tal y como denuncia el afectado, y aseguró que su ocupación es actualmente “casi del 100 %”.

Añadió que la política insular de dependencia no se limita a la creación de plazas residenciales, sino que incluye otros servicios como la ayuda a domicilio, la promoción de la autonomía personal o la teleasistencia, cuya cobertura ha sido ampliada.

Además, señaló que el Centro de Alzheimer de La Palma, anexo al centro de La Dehesa, podría entrar en funcionamiento en el primer semestre de 2026 una vez finalicen los trámites para su gestión mediante concierto social.