La decana del Colegio de Abogados se adhiere al acuerdo de defensa de la Asistencia Jurídica Gratuita

La decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, Milagros Fuentes, se adhiere al acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española en el que se expresan “las líneas rojas” de la Abogacía respecto al proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Fuentes, desde una isla ultraperiférica, muestra su total respaldo a la decisión acordada al entender que se pone en riesgo un servicio fundamental para garantizar el derecho de defensa de los más vulnerables, la última esperanza de los ciudadanos más desfavorecidos: la tutela judicial efectiva, en definitiva, el acceso a la Justicia.

La decana suscribe asimismo la carta que el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer Díez, ha remitido a diputados y senadores solicitándole su colaboración para que el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita salga adelante “con el mayor consenso posible”. El texto íntegro de la misiva se reproduce a continuación:

Estimados diputados y senadores, especialmente los de mi Comunidad autónoma:

Te adjunto con esta carta el acuerdo del Pleno del Consejo General de la Abogacía Española adoptado por unanimidad por los 83 decanos de los Colegios de Abogados de España y por sus consejeros electivos el pasado día 20 de junio, que expresa las "líneas rojas" de la Abogacía respecto al proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que se está tramitando por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con competencia legislativa plena.

Tras una reunión mantenida en los primeros días de marzo acordamos, el Ministro de Justicia y yo mismo, la constitución de una Comisión mixta entre el Ministerio y el Consejo, en la que poder abordar con serenidad los distintos proyectos legislativos: Ley de acceso, Ley de Servicios y Colegios Profesionales, Ley de Jurisdicción Voluntaria, Ley Orgánica del Poder Judicial, Reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Enjuiciamiento Civil, Código Procesal Penal, el Estatuto de la Víctima del delito, etc. y tratar de encontrar solución a las cuestiones con las que no estamos de acuerdo. Y sin olvidar la Ley de tasas, recurrida ante el Tribunal Constitucional.

El segundo proyecto que se abordó (el primero correspondía al acceso a la profesión) fue el de la Asistencia Jurídica Gratuita, que se encontraba en tramitación en el Congreso, y para el que se han producido hasta ahora 15 prórrogas sucesivas del plazo de enmiendas. Al haber considerado el Ministerio de Justicia inasumibles muchas de nuestras propuestas, el Pleno del Consejo General de la Abogacía en su sesión del pasado 20 de junio adoptó por unanimidad el acuerdo antes mencionado.

Hay en el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita temas nucleares que si no se cambian pondrán en riesgo un servicio público modélico prestado por 83 Colegios de Abogados y 42.500 abogados 24 horas al día, 365 días al año que no sólo no cuesta más a los ciudadanos españoles sino que en 2013 costó 42 millones menos de euros respecto a 2009. Y con más colectivos y personas con derecho a este servicio por decisión legislativa. Esos recortes se han hecho fundamentalmente a base de reducir de forma sustancial los baremos que cobran los abogados de oficio, muchos de los cuales no se han tocado desde hace diez años.

No es un tema corporativo ni una defensa a ultranza de legítimos derechos profesionales lo que nos mueve a reclamar más cambios en este proyecto, para lo que pedimos tu colaboración. Creemos fervientemente, de forma unánime, todos los Colegios de Abogados que si el proyecto sale adelante tal como está configurado, pondrá en riesgo un servicio fundamental para garantizar el derecho de defensa de los más vulnerables que funciona muy satisfactoriamente, sin incidencias y sin quejas por parte de los ciudadanos. El Servicio de Justicia Gratuita solo ha sido noticia negativa en relación con el retraso de los abonos en las exiguas retribuciones, incluso con los impagos y con los recortes unilaterales por parte de algunas Administraciones Públicas.

Un servicio que la Abogacía ha tratado siempre de cuidar y mejorar, especialmente con la puesta en marcha a nuestras expensas del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, que ahorra tiempo y dinero a los ciudadanos y a las Administraciones públicas. Y, sobre todo, perderemos la oportunidad de mejorar y modernizar realmente este servicio y resolver problemas de la actual regulación, creando otros mucho más graves.

El diálogo mantenido por el Ministerio de Justicia y los innegables avances logrados -que valoramos en su justa medida- no han impedido que se mantengan algunos graves errores del proyecto de Ley que perjudican al ciudadano: no garantiza la financiación pública ni la cercanía de la Justicia al ciudadano, no destina el dinero de las tasas a la Justicia Gratuita, desconfía y sospecha de los ciudadanos, no garantiza la digna retribución del servicio, burocratiza y hace más lenta la labor de los abogados y de los Colegios, y, sobre todo, deteriora un servicio de calidad y no mejora el actual modelo ni lo moderniza. Todo ello justifica sobradamente el malestar y la desconfianza no ya de los Colegios de Abogados sino de la inmensa mayoría de los abogados de oficio.

Hemos pedido diálogo al presidente del Gobierno para negociar esta Ley, antes de que sus consecuencias sean irreversibles, y también otros proyectos de Ley en los que creemos que la voz de la Abogacía y del resto de los operadores jurídicos puede aportar muchas cosas positivas. Nos mueve el deseo de tener una Justicia que merezca la confianza de los operadores jurídicos y, sobre todo, de los ciudadanos. A estos no los representamos, como tú, pero conocemos muy bien sus problemas porque nos los exponen diariamente. No queremos una Justicia que dificulte el acceso a la tutela judicial efectiva ni una Justicia cargada de barreras o de tasas ni una Justicia cada día más lejos de los ciudadanos.

Es tiempo de confiar en los ciudadanos y también en la colaboración que ofrecen los excelentes profesionales que, mayoritariamente, conforman la Abogacía y el resto de las profesiones, a las que también represento como presidente de Unión Profesional. No hay que esperar sólo a momentos electorales. También creo que todavía es tiempo de confiar en quienes representan a los ciudadanos, en quienes nos representan a todos.

En nombre y representación de todos los abogados españoles y de los 83 Colegios de Abogados, pido tu colaboración para que el proyecto de Ley que salga del Parlamento se haga con el máximo consenso posible y sirva, de verdad, para mejorar lo que, en muchas ocasiones es la última esperanza de los ciudadanos más desfavorecidos: el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, en definitiva el acceso a la Justicia.

Te agradezco anticipadamente todo lo que puedas hacer en este sentido.

Un cordial abrazo,

Carlos Carnicer Díez