El diputado del Común elevará al Gobierno de Canarias y al Defensor del Pueblo las quejas de los afectados por la Ley de Costas

El diputado del Común, Rafael Yanes, elevará al Gobierno de Canarias, primero, y al Defensor del Pueblo, después, las quejas de los afectados por la Ley de Costas, “una situación que está obligando a la judicialización para parar las actuaciones de desalojo de muchas poblaciones”, tal y como le explicó el letrado y presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (PCALC), José Luis Langa González, se indica en una nota de prensa de la PCALC.

En el encuentro, se añade en la nota, que tuvo lugar este martes, 24 de mayo, el diputado del Común escuchó la inquietud del presidente de la PCALC, quien indicó que se está produciendo una “aceleración de los desalojos por parte de Costas en todos los municipios de Canarias afectados, que son más de 68, previo al anunciado proceso para la transferencia en la competencia de Costas, que parece que nunca se acaba de concretar”.

En este sentido, el letrado explicó a Yanes que “aunque logremos en algún momento las transferencias, los términos de la ley deben mantenerse, pero sería el momento de pedir una excepcionalidad en la misma para Canarias, igual que la tiene Baleares y otros territorios costeros de la península”, indicó Langa González.

Para el presidente de la PCALC “es incomprensible que Canarias no goce de una excepcionalidad en temas de Costas, pues si se aplicara la ley al pie de la letra, más de la mitad de nuestro territorio se vería afectado, pues somos un Archipiélago que ha crecido en torno al mar y por el mar. Esa es nuestra tradición, nuestra idiosincrasia, y querer acabar con ello con desalojos y derribos es acabar con la historia de un pueblo”.

Por ello, se apunta en la nota, desde la Plataforma se pedirá que el Protocolo de cooperación entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y la Asociación Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas, que se firmó en 2016 con el Gobierno de Canarias, se lleve a efecto, pues “han pasado seis años y nunca se han reunido las partes implicadas que son el Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, Fecai (Federación Canaria de Islas), Fecam (Federación Canaria de Municipios) y la propia Plataforma”, añade Langa González, quien estuvo acompañado en la reunión por la jurista Ana Delia Ramallo.