El Gobierno solicita al Consultivo el dictamen sobre el proyecto de decreto que regula la modalidad del teletrabajo

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó el pasado viernes, 31 de marzo, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tomar en consideración y solicitar, con carácter urgente, al Consejo Consultivo de Canarias el dictamen del proyecto de decreto por el que se regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo del personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos vinculados o dependientes, se indica en una nota de prensa del Ejecutivo regional. 

El teletrabajo, explica, es una modalidad de prestación de servicios en la que, a través de un uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, se posibilita que el personal de una organización pueda desarrollar su jornada laboral desde un lugar distinto al de su centro de trabajo, sin que por ello la calidad del servicio que preste y su relación con la ciudadanía se vea afectada. 

Incluido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, añade, aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue incorporada a la Comunidad Autónoma a través de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, y con la transformación tecnológica como uno de sus retos, el Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el marco general para la innovación y mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge, en su disposición adicional tercera, que “el departamento competente en materia de recursos humanos, inspección y calidad de los servicios públicos y tecnologías de la información adoptará las medidas oportunas para el desarrollo de un programa experimental de teletrabajo con la finalidad de contrastar la viabilidad de la aplicación de este sistema de prestación de servicios en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

El proyecto de ley explica que, a través de una disposición adicional, se podrá teletrabajar un día a la semana durante los seis primeros meses, pudiendo aumentar a dos días a la semana posteriormente, y llegando a un máximo de tres días a la semana. 

La prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización y ordenación del trabajo para mejorar la eficacia, introducir modelos innovadores, descongestionar los centros o reducir desplazamientos. De no ser así, apunta, el trabajador no podrá acogerse a esta modalidad. 

El documento, que cuenta con la aprobación de los órganos de representación de los trabajadores, será de aplicación al personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y sus organismos públicos vinculados o dependientes, así como al personal funcionario de las entidades públicas empresariales, que ocupe un puesto de trabajo susceptible de ser desempeñado en la modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo establecido en este decreto, excepto al personal que, por la naturaleza de su trabajo, no puede teletrabajar, quedando excluidos de este decreto, como el personal al servicio de la Administración de Justicia, Educación, Sanidad, Centros Sociosanitarios y la Policía Canaria, salvo que se establezca lo contrario. 

“En nuestro país·, concluye, ”además de las experiencias desarrolladas por la Administración General del Estado, varias comunidades autónomas han regulado el teletrabajo para su personal empleado público, como Castilla y León, País Vasco, Islas Baleares, Extremadura, La Rioja, Comunidad de Valencia, Cataluña o Comunidad de Madrid“.