El fin de la impunidad

Años de negación. De silencio cómplice. De obstruccionismo. Y de todo tipo de tretas para no asumir su responsabilidad. Y, por fin, la Iglesia Católica se aviene a reparar a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito de su institución y han sido declarados prescritos. La reparación, si es económica, será costeada íntegramente por la propia Iglesia, como no podía ser de otro modo. “El Estado no abonará un céntimo”, según palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Solo faltaba que, como pretendió en algún momento la Conferencia Episcopal, el conjunto de los españoles tuviera que apoquinar por sus repugnantes delitos y por todo el daño causado durante décadas.

La Iglesia acepta finalmente un acuerdo con el Gobierno para colaborar en un sistema de reparación mixto con el Estado en el que se hará cargo íntegramente del pago de las indemnizaciones, como consta en el documento firmado por el ministro, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego. El pacto delega en el Defensor del Pueblo el estudio de cada caso y las resoluciones definitivas. No en vano fue la institución que dirige Ángel Gabilondo quien hace ya más de dos años presentó un demoledor informe con cifras espeluznantes: 440.000 personas habían sido víctimas de abusos sexuales desde 1945. La mitad de las agresiones fueron cometidas por sacerdotes y religiosos. La otra mitad, por laicos. Pero la respuesta de la Iglesia católica siempre fue la negación del problema y la reticencia al reconocimiento y la investigación de los casos. Y es que durante muchos años la cúpula eclesial negó los hechos y, cuando ya era insostenible, porque las evidencias eran abrumadoras y las denuncias, un goteo imparable, intentó minimizar el asunto con una grosera manipulación de los datos y un torticero intento de camuflar los casos de pederastia en su seno con los que tuvieron lugar en otros ámbitos.

Los obispos cuestionaron primero las cifras; luego se negaron a que se creara un organismo independiente que estudiara caso por caso y fijase los baremos de las indemnizaciones y, finalmente, crearon su propio plan con el nombre de PRIVA, que estaba compuesto por un grupo de expertos elegidos a dedo, sin la participación de las víctimas y cuyo trabajo —el de investigar cada denuncia y establecer una cuantía— no era de obligado cumplimiento para los responsables subsidiarios, es decir, para cada uno de los 70 obispados y las más de 300 congregaciones religiosas. 

El informe del Defensor del Pueblo abrió la espita, pero ha sido la decidida voluntad del Gobierno y el empeño personal del ministro de Justicia lo que ha hecho posible que por fin haya un castigo ejemplar para los culpables, tanto para los agresores como para sus encubridores. Así que si hay un pacto con verdadera dimensión histórica es el rubricado este jueves en el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia, ya que acaba con décadas de ocultamiento, connivencia e impunidad ante delitos que dejaron gravísimas secuelas en las víctimas mientras sus autores eran amparados por una jerarquía mucho más preocupada por proteger la institución con un manto de oscurantismo que por evitar el daño.

Sin duda, era un acuerdo inaplazable al que, dicho sea de paso, la Conferencia Episcopal se ha avenido obligada por la mediación del Vaticano -con quien Bolaños ha tejido en estos años una fluida relación- y porque el Gobierno de Pedro Sánchez estaba dispuesto a legislar al respecto si la jerarquía eclesiástica seguía en sus trece para no indemnizar a los afectados mientras rezaba, eso sí, cada mañana por el alma de sus pecadores.

Pues eso: primero que paguen y, ya luego, que rueguen todo lo que les venga en gana.