Ni candados ni oportunismo

La democracia española no colapsará porque los españoles conozcamos al detalle lo que pasó la noche del 23F de 1981. Tampoco porque se abra el candado bajo el que han permanecido ocultos los informes de inteligencia de los meses anteriores o se conozca el verdadero papel que jugaron las élites políticas, económicas y militares en la trama. Mucho menos por discutir sobre el anacronismo de una ley franquista promulgada en 1968 y desarrollada con posterioridad por el decreto 242/1969

La decisión, por tanto, del Gobierno de desclasificar los papeles secretos al cumplirse los 45 años del golpe es, sin duda, un acierto porque un país democrático no puede permitirse la protección de sus instituciones mediante el oscurantismo y tampoco que la industria del bulo sirva de caldo de cultivo para la conspiración. Hace falta ahora saber qué parte de ese material se hará público, sobre la base de qué criterio se ha adoptado ahora la decisión o por qué este loable ejercicio de transparencia y memoria con el 23F no afecta a otros episodios oscuros de nuestra democracia, ocurridos incluso antes de 1981.

La decisión, que coincide con el 45 aniversario de la entrada de los militares en el Congreso de los Diputados, la anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasadas las 8.30 de la mañana a través de sus redes sociales y será efectiva  el próximo miércoles cuando se publique en el BOE y los textos puedan consultarse en la web oficial de La Moncloa.

“La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Gracias a quienes abristeis camino”, escribió en un mensaje de X en el que agradeció también al escritor Javier Cercas, autor del libro Anatomía de un instante, que haya abierto ese camino al solicitar la desclasificación.

Consultados los abogados del Estado, el Gobierno dice tener la seguridad de que, salvo en el caso de Juan Carlos I, quienes se podían ver señalados tras la desclasificación están ya fallecidos y que nada hay, en todo caso, en los documentos que afecte ya a la seguridad del Estado. Ese será uno de los argumentos que utilicen en La Moncloa para justificar que no se abra la puerta a esclarecer muchos otros casos que aún hoy continúan bajo siete llaves, como fueron las negociaciones de diferentes gobiernos con ETA; los sucesos de Vitoria, también conocidos como matanza del 3 de marzo y de los que se van a cumplir ahora 50 años; la represión en los sanfermines de 1978; el caso Zabalza o los GAL.

La desclasificación del 23F llega sí con retraso, con más de una veintena de libros publicados al respecto y, seguramente, no dejará satisfechos a muchos, pero al menos aportará una verdad basada en pruebas y no en elucubraciones o intuiciones. Cuestión distinta es que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no es cualquier ministro, se haya felicitado en su cuenta de X por cumplir con la ley antes de que se apruebe, en referencia a la de Secretos Oficiales que entró para su tramitación en el Congreso hace un año y aún duerme el sueño de los justos.

El mensaje de Bolaños pone de manifiesto, por un lado, que para acabar con la protección estatal de los documentos sobre el 23F no hacía falta modificar ninguna norma, sino que bastaba, como se ha demostrado, con un acuerdo del Consejo de Ministros, por lo que el retraso en adoptar esta decisión carecía, hace 5 años igual que hoy, de una base sólida. Y por otro, que el Gobierno carece de la mayoría necesaria para derogar una ley franquista, lo que invita a lecturas inquietantes sobre la vigencia de una norma preconstitucional. 

La decisión, en todo caso, destila un intento del Gobierno, no por remover el pasado o reabrir heridas más que superadas, pero sí por cambiar el marco de la actual conversación pública. De lo contrario, la desclasificación de los papeles sobre el 23F se podría haber adoptado en el 40 aniversario del golpe, cuando ya gobernaba Pedro Sánchez, y se reclamaba igualmente la apertura de los documentos por parte de historiadores y diferentes grupos parlamentarios.

En efecto, la memoria no puede estar bajo llave, pero tampoco al albur de lo que decida en función de sus intereses el Gobierno. ¿O acaso no es necesario en este momento en el que la ultraderecha parece imparable desclasificar también todos los documentos clasificados sobre la dictadura franquista? ¿Y los de la Transición?