Los niños perdidos de Canarias: 785 menores migrantes llevan más de un año desaparecidos

“Cuando se fugó Aissa (nombre ficticio), le pregunté al resto de niñas. Me comentaron que su intención era irse a Francia. A los dos días, Aissa les dijo que estaba bien y que la habían acompañado otras niñas del centro de al lado”. Así recuerda un trabajador de Tenerife la desaparición de una de las menores acogidas en su recurso. El educador, que prefiere no dar su nombre, afirma que los jóvenes no contaban a los trabajadores su intención de marcharse, pero sí a sus compañeros. La razón, explica, era la falta de movimiento y el no poder continuar con su viaje hacia Europa. “Estar atados de pies y manos”, resume.

El informe anual de personas desaparecidas publicado en 2025 por el Ministerio del Interior recoge que en 2024 se interpusieron en Canarias 3.767 denuncias por menores desaparecidos. Las Palmas fue la provincia con un mayor porcentaje de desapariciones relacionadas con menores de edad de todo el país, con un 87,1% de los casos. 

Este documento dedica un apartado específico a los menores extranjeros “ausentados” de los centros de acogida. Los jóvenes entran en esta categoría cuando han pasado doce meses desde su desaparición o cuando han cumplido ya la mayoría de edad sin haber sido localizados. En estos casos, y aunque la investigación siga abierta y las personas no dejen de ser buscadas, el Gobierno canario deja de tener su tutela.

En Canarias, al término de 2024, había 785 expedientes abiertos con estas características: 760 correspondientes a la provincia de Las Palmas y 252 a la de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de la comunidad autónoma con más casos, solo por detrás de Andalucía (5.873). Por nacionalidades, la mayoría de estos menores son de Marruecos, Guinea, Argelia, Malí y Costa de Marfil. 

La fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, responde que “son todas fugas voluntarias”. “Hay muchos casos en los que los chicos quieren continuar su viaje y buscan la manera con organizaciones que les facilitan la huida”, cuenta. A veces, asegura, “ya vienen con el pack desde África y saben con quiénes tienen que contactar”. Esos casos también se persiguen por la Fiscalía, aunque García reconoce que “no existe un protocolo específico”.

“Si detectamos muchas fugas de un mismo centro o de un grupo de chicos determinado, entonces lo que hemos hecho es comenzar una investigación con la Policía”, detalla. Cuando el joven desaparecido cumple 18 años, “se cierra la tutela y la Fiscalía ya no interviene”. “De todas formas, esos números están muy abultados porque cada vez que el menor se fuga se denuncia, y el mismo menor puede fugarse varias veces dando lugar a varias denuncias”, matiza. 

Este periódico ha intentado sin éxito contextualizar las cifras con la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, responsable de la tutela de los menores extranjeros no acompañados.

La operación Tritón

En noviembre de 2025, la Policía Nacional desmanteló una red internacional dedicada al tráfico de menores migrantes entre Canarias y Francia. En el marco de la operación Tritón, los agentes detuvieron en Lanzarote a once miembros de la organización, a otro en Gran Canaria y a otro en Madrid. La investigación arrancó tras la desaparición de catorce jóvenes, todas niñas. Trece desaparecieron de un centro de Arrecife y una de un recurso de San Bartolomé de Tirajana. 

A los detenidos se les investiga por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, tráfico ilegal de personas, delitos contra los derechos y deberes familiares, encubrimiento y pornografía infantil. Ahora, la Policía Nacional coopera con Francia para intentar encontrar a las víctimas de esta red.

“Los riesgos a los que se enfrentan estos niños y niñas se repiten a lo largo de todo el camino migratorio y continúan en los países de tránsito y de destino”, advierte la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye. “Cuando llegan, su situación de vulnerabilidad se multiplica y hace que sea más fácil explotarlos, ya sea laboral o sexualmente. La explotación no es casualidad, solo es posible cuando antes se ha deshumanizado a la persona, Y deshumanizamos a estos niños y niñas cuando, en lugar de protegerlos, les obligamos a llegar a Europa por rutas peligrosas e inhumanas”, sostiene.

Desprotección de los menores

Cuando un menor desaparecía en el centro en el que trabajaba el educador de Tenerife, primero se le buscaba dentro del propio centro y, si no estaba, el coordinador o coordinadora del recurso enviaba a un trabajador al cuartel de la Guardia Civil para denunciar la desaparición. “Las autoridades pertinentes registraban esto como una ”fuga“ y se le pedía al Gobierno canario que guardara la documentación del menor hasta un año después de la desaparición”, cuenta.

Desde Unicef sostienen que la saturación incide directamente en los riesgos de desaparición o fuga. “El desbordamiento de profesionales y las ratios de atención tan altas de quienes tienen un deber de protección impiden que se identifiquen los riesgos a los que puedan estar expuestos estos chicos y chicas”, explican desde la organización. 

A esto se suman los proyectos migratorios de cada menor. “La falta de protección y escucha y vivir en la ”incertidumbre“ propician su disposición a buscar alternativas y a exponerse a situaciones de riesgo, lo que es aprovechado por traficantes o incluso tratantes de personas”, indican desde Unicef.

Por su parte, Loueila Sid recuerda que se han detectado y denunciado vulneraciones de los derechos de la infancia migrante en Canarias, en especial, en centros que se siguen gestionando “desde una lógica de emergencia”. “Un entorno hostil facilita que la huida se perciba como una salida posible”, advierte.

Traslados seguros y protocolos claros 

“En nuestra experiencia, en el caso de fugas en contextos como este, los niños afirman enfáticamente que descartarían la salida del centro si tuvieran la certeza de recibir oportunamente el permiso de residencia, estudiar y trabajar o si no estuvieran en situaciones de hacinamiento o, incluso, de malos tratos”, aseveran desde Unicef.

Unicef pide que se desbloquee el Protocolo de Ausencias No Autorizadas en el que están trabajando el Gobierno y las comunidades autónomas y “que lleva casi dos años pendiente de aprobación”. 

“Nos preocupa que, en ocasiones, sobre todo en contextos de saturación, estas fugas muchas veces están prácticamente naturalizadas por muchos de los actores, incluyendo al personal de los centros, lo que puede generar que no se activen los protocolos que corresponden”, advierten desde la agencia de Naciones Unidas, que insiste en la importancia de fijar protocolos claros, mejorar la coordinación entre las instituciones, pero también en ir más allá. “Las fugas son indicadores de malestar emocional y así debe poder verlas el equipo educativo”.