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La Fiscalía pide 11 años de cárcel para los procesados por un motín en el centro de migrantes de Las Raíces

Interior del campamento de Las Raíces, en Tenerife

EFE


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La Fiscalía pide 11 años de cárcel para cada una de las cuatro personas que serán juzgadas la próxima semana en la sección quinta de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife en relación con unos disturbios ocurridos en el campamento de acogida de inmigrantes de Las Raíces, en La Laguna.

En su escrito de calificación, el Ministerio Fiscal indica que los cuatro procesados, cuando hacían fila para acceder a la zona de duchas al igual que otros usuarios del centro, se tornaron "violentos" porque no querían esperar por su turno.

Cuando se abrieron las duchas se produjo una avalancha, lo que aprovechó uno de los acusados para arremeter contra una vigilante que momentos antes le había apartado porque se estaba aproximando a ella sin portar la mascarilla y le había tocado la mano.

Según detalla la Fiscalía en su escrito, le dio un codazo en la cabeza, la tiró al suelo y la pisó, pasándole por encima, sorteó la barrera que formaron los otros vigilantes y se introdujo en el cuarto de mantenimiento, frente a las duchas.

Allí se produjo un forcejeo al que se sumó otro usuario del campamento. Uno de los vigilantes fue agredido con una barra de hierro.

Cuando los trabajadores de seguridad redujeron al inductor de la reyerta y lo trasladaban a la zona de recepción hasta la llegada de la Policía otros usuarios del centro, alrededor de 40, entre ellos los otros tres acusados, los rodearon y los amenazaron con cuchillas de afeitar, navajas y palos con cuchillas incrustadas en la punta.

Además, según el escrito de acusación, propinaron a los vigilantes de seguridad patadas y puñetazos y les arrojaron piedras y diversos objetos.

Un vigilante recibió una mordida en un muslo de uno de los acusados, que exhibía una navaja con la que hacía gestos de cortar el cuello, igual que con un arma fabricada con un palo y cuchillas de afeitar.

Cuando alcanzaron la entrada del edificio formaron un perímetro de seguridad para evitar que los usuarios, que cada vez eran más, entraran en el mismo.

La Fiscalía indica que los acusados se colocaron en primera línea de la aglomeración y continuaron con las amenazas, generando "un clima de pavor y miedo".

Al llegar la Policía, los acusados, con ayuda de algunos trabajadores de la ONG del centro que no han sido identificados, se deshicieron y escondieron las cuchillas y armas, razón por la cual no pudieron ser recuperadas, sostiene la acusación pública.

Los cuatro procesados, que se encuentran en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza, son acusados de un delito de desórdenes públicos con instrumento peligroso y otro de amenazas condicionales, y dos de ellos por cinco y un delito leve de lesiones.

La Fiscalía pide que indemnicen en 1.500 euros a uno de los trabajadores por los 30 días que tardó en recuperarse de sus lesiones, a otros dos en 350 euros, y a otro en 200 euros. 

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