Las leyes retroactivas del Gobierno llevan a la quiebra a ciudadanos y empresas

El 19 de abril de 2012, Mariano Rajoy tomaba posesión de su primer título como doctor honoris causa en una universidad como presidente del Gobierno. La que elogiaba a Rajoy con tal distinción era la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y, con ocasión de este nombramiento, el jefe del Ejecutivo eligió dar un discurso sobre seguridad jurídica como “requisito imprescindible para el progreso”.

La seguridad jurídica siempre ha sido uno de los mantras básicos del ideario conservador, o neoliberal, cuya ausencia se señala especialmente a países latinoamericanos por parte de quién la defiende. Seguridad jurídica fue lo que reclamó Rajoy en la cumbre Iberoamericana de 2012, después de las andanadas expropiativas que habían tenido lugar en Argentina, Venezuela y Bolivia.

Ante esta defensa de la seguridad jurídica sorprende, aún más, que el Gobierno popular en sus dos años de mandato haya adoptado numerosas leyes que quiebran el principio de que, en los países de derecho, no se cambian las leyes a mitad de partido. La forma más habitual de cargarse la confianza internacional, empresarial y ciudadana es utilizar la retroactividad a la hora de lanzar nuevas legislaciones. Una práctica llamativamente usual en el Gobierno de Rajoy.

La decisión de quitar una parte de la beca Erasmus a los estudiantes que ya habían comenzado el curso es solo la punta del iceberg de las decisiones que quitan derechos ya adquiridos en lo que va de legislatura. La contestación social ha sido grande porque el público afectado también lo era, potencialmente 40.000 estudiantes.

En la actualidad, en el Congreso se dirime una norma que significativamente cambia lo pactado. Se trata de la ley de reforma del sector eléctrico, cuya aplicación puede llevar a la quiebra a buena parte de los inversores en energía fotovoltaica y en sistemas de autoconsumo. La medida altera radicalmente el horizonte de rentabilidad con el que los inversores, especialmente los solares, hicieron sus desembolsos. Así, a partir de ahora el sistema de retribución para estas fuentes pasaría a tener una “rentabilidad razonable” en función de la evolución del bono a 10 años más 300 puntos y de otros criterios sin definir que se están ultimando en la tramitación de la ley.

Hasta que se aprobó la reforma del sector en julio, el Gobierno fijaba un precio y pagaba a las empresas la diferencia entre el precio de venta en el mercado mayorista y el que había fijado. Este incentivo, o prima, animaba a la industria a invertir en un sector donde el desembolso inicial es muy importante. Ahora el Ejecutivo cambia las normas e introduce unos “criterios de rentabilidad razonable” que se revisarán cada seis años (los parámetros, cada tres). Este cambio afecta a los que estuvieran pensando en comenzar una inversión en el sector, pero se aplica con retroactividad a quienes lo hicieron en pleno boom. Los créditos que pidieron, basados en un plan de negocio con un umbral de inversión pactado con el Estado español, se desmoronan. Muchos créditos no se refinanciarán o lo harán con condiciones draconianas. El sector advierte: habrá miles de impagos. Y, por lo pronto, firmas internacionales como Abengoa ya han llevado a España ante tribunales internacionales de arbitraje.

Por orden cronológico de afectados (de los más recientes para atrás), el sector del cine ha sido otro de los más perjudicados por las decisiones cambiantes del Ejecutivo. El Fondo de Protección a la Cinematografía, que ha sufrido un fuerte tajo en los últimas cuentas públicas, paga las ayudas al sector con dos años de retraso. Así, el Gobierno debe todavía 21 millones de películas estrenadas en el trimestre final de 2011, por lo que la deuda acumulada para 2014 será de 45 millones de euros. Habida cuenta de que Montoro ha dotado con 33,7 millones de euros al fondo para 2014, difícilmente cuadran las cuentas para pagar lo debido y financiar cualquier nueva producción.

En un caso similar al de los productores solares, el Gobierno prometió un dinero y las productoras se financiaron con esas expectativas, de forma que los bancos aceptaron como garantía esas promesas que ahora se desvanecen. Tras el revuelo montado, otro más, el titular de Hacienda aseguró que el Ejecutivo pagaría todo el dinero comprometido, aunque aún no está claro cómo ni en qué forma lo hará.

Incumplimientos como Estado

Otro sector que ha entrado en incumplimientos forzosos ha sido el mundo de la ayuda y la cooperación. El propio Gobierno incumple año tras año su palabra de alcanzar la quimérica cifra de aportar el 0,7% del PIB, un objetivo fijado por la UE en 2015 y que este año volverá a representar apenas un 0,15% del PIB. El drástico tajo que ha recibido la Agencia de Cooperación Internacional (AECI) no lleva solo al incumplimiento de este compromiso como Estado, sino también a no atender acuerdos con distintos fondos de ayuda internacional, como el Fondo del Agua o las ayudas para proyectos educativos en Latinoamérica que gestionaba la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Aunque a nadie parezca importarle, cuando España firma su entrada y compromete unos recursos en la dotación de estas organizaciones, o en el cumplimiento de un objetivo del 0,7%, está empeñando la palabra de todo el Estado.

En la misma línea, el Gobierno se ha negado a sufragar los gastos de los científicos a los comités internacionales en los que España estaba representada, con la consiguiente desaparición del país en estos foros.

En cuanto a las ONG, el año pasado el Gobierno canceló sin previo aviso una convocatoria de 290 millones de euros para proyectos plurianuales que se desarrollarían entre 2012 y 2015. La cancelación llegó cuando el proceso ya había llegado a la fase de preselección. Huelga decir la cantidad de recursos, tiempo y dinero que estas organizaciones habían dedicado a preparar los proyectos que se habían convocado con un año de antelación. Además, muchas de estas organizaciones acumulan impagos millonarios por los retrasos en pagarles las Administraciones Públicas, que en muchos casos han derivado a ellas la prestación de servicios públicos.

Otras medidas adoptadas por el Ejecutivo, siempre con la disculpa de cumplir los recortes ordenados de Bruselas, han entrado de forma retroactiva en el bolsillo de los españoles. Por ejemplo, con la no aplicación del sistema de atención a la dependencia, con 198.041 personas en lista de espera para empezar a beneficiarse del derecho que se les ha reconocido por ley. Muchas de estas personas habrían echado números con la aplicación de la ley para realizar inversiones, que ahora no saben nunca si van a poder amortizar, cobrar o recuperar.

Los cambios en la aplicación de la ley también se extendieron a quitar el pago de la cotización de la Seguridad Social a 145.000 cuidadores. Un derecho que les reconoció la ley en 2007 y que se les ha cubierto hasta 2012, año en que el Gobierno les dijo que, el que quisiera, se tendría que pagar la cuota de la Seguridad Social. En realidad, cualquier afectado por esta ley sabe que, en su práctica totalidad, se ha quedado en papel mojado.

Los funcionarios también han sufrido su contencioso retroactivo. Zapatero les bajó el sueldo sin previo aviso un 5% de media en 2010. Pero es que Rajoy les quitó una paga extra que, en realidad, habían ido ya aportando en forma de cotizaciones sociales en cada nómina hasta el verano en el que se dictó la supresión de la extra. La paga extra se llama así indebidamente, ya que en realidad es un cobro diferido de la nómina en el mes de diciembre. Esto hace que las cotizaciones por esa paga se apunten de forma prorrateada en las nóminas de todo el año.

Hacienda no tuvo otro remedio que enmendar lo hecho y en abril de 2013 comenzó a devolver las cotizaciones que había retenido por una paga que los funcionarios nunca llegaron a cobrar. A razón de entre 65 y 156 euros de media a medio millón de funcionarios.