La Cámara alerta de que la nueva Ley de Puertos “condena a la segunda división” al Puerto de Santa Cruz de Tenerife
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 (EUROPA PRESS)
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife ha señalado, a través de un comunicado, que la nueva Ley de Puertos del Estado --que en estos momentos se debate en el Congreso de los Diputados-- “condena al Puerto de Santa Cruz de Tenerife a la segunda división de los puertos españoles” y “rompe el equilibrio regional al favorecer a las instalaciones portuarias de La Luz y de Las Palmas, configurándolas como único gran puerto de transbordo internacional del Atlántico”.
Para el presidente de la Cámara ,Ignacio González Martín, la decisión de dejar fuera de la categoría de puerto de transbordo internacional a la capital tinerfeña es “un hecho de extrema gravedad porque no sólo impide su desarrollo y crecimiento en condiciones de igualdad, sino que, además, acentuará los costes de la doble insularidad y segará la posibilidad de convertirlo en plataforma logística tricontinental”.
En este sentido, la Cámara de Comercio ha pedido a los diputados canarios de todos los grupos políticos con representación en el Congreso que impidan la discriminación del puerto de Santa Cruz de Tenerife, promoviendo su inclusión en el grupo de puertos nacionales que pueden establecer bonificaciones en el tráfico marítimo internacional, entre los que se incluyen Las Palmas, Algeciras, Barcelona y Valencia, entre otros.
González Martín ha recordado al Estado que Canarias es un territorio fragmentado y alejado del continente en el que no se puede aplicar los mismos criterios de calificación portuaria que en la Península. Según ha explicado “no se trata de una mera cuestión de rivalidad entre islas, ni de fomentar el pleito insular, sino de defender y potenciar las posibilidades de desarrollo de la Comunidad Autónoma en su conjunto”.
A su juicio, “ambos puertos deberían tener la misma posibilidad de desarrollo frente a la feroz competencia internacional, ya que de esta manera Canarias tendría muchísimas más posibilidades de convertirse en un centro neurálgico de negocios y de tráfico marítimo entre América, Europa y África”.
La previsión de la comisión de Fomento es tener aprobada la reforma de la Ley 48/2003 este verano. Según el vicepresidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Comercio y director de la Asociación de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques de Santa Cruz de Tenerife, Luis Falcón, “si se aprueba tal y como está previsto el nuevo artículo 19 de la Ley, sólo el Puerto de Las Palmas podrá hacer descuentos en sus tarifas portuarias, lo que le permitirá competir con puertos hub como Tánger-Med, Túnez, Argelia o Libia”.
Para Luís Falcón, “esta posibilidad es esencial para cualquier puerto que quiera ser competitivo en el escenario internacional, y de la que queda totalmente excluido el puerto de Santa Cruz de Tenerife y la futura plataforma logística de Granadilla”.
MÁS BRECHAS
Otra de las grandes brechas que abre el Proyecto de Ley de Puertos del Estado es la pérdida de recursos económicos de las infraestructuras portuarias canarias. Si bien el texto actual, mantendrá las bonificaciones de las tasas portuarias, no crea un mecanismo que compense a las autoridades portuarias insulares por la merma de ingresos que éstas suponen.
Una situación que viene a profundizar, aún más, en la perdida de competitividad del puerto tinerfeño que, apenas tendrá margen de maniobra para afrontar proyectos de mejora en sus infraestructuras o prestación de servicios, según explica el vicepresidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Comercio, Luis Falcón.
Para evitar que esto suceda, tanto la Cámara de Comercio como los distintos agentes económicos y sociales de la comunidad portuaria de Tenerife han presentado al Gobierno de la Nación y a los Grupos Parlamentarios distintas fórmulas. Una de ellas, es que Europa compense la pérdida ingresos a través de los fondos de las Regiones Ultraperiféricas y, otra opción sería, que el Fondo Interportuario de Compensación sea el encargado de limar este desequilibrio, una posibilidad que ya ha sido rechazada por el resto del sistema portuario español alegando que cada autoridad portuaria debe asumir su propia financiación.
La tercera vía que se apunta --según Luis Falcón-- es que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemple una partida específica que garantice el pleno mantenimiento financiero de las autoridades portuarias canarias.
Según el vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Comercio “si no se acepta ninguna de las propuestas planteadas, las autoridades portuarias y, especialmente, la de Santa Cruz de Tenerife perderán su capacidad inversora y retrasarán la puesta en marcha de infraestructuras vitales para la competitividad no sólo de los puertos, sino de la economía insular en su conjunto”.
Luis Falcón añade, además, que todo ello redundaría en un distanciamiento de Tenerife con respecto a los puertos competidores de su zona geográfica, que ya cuentan con proyectos aprobados o en fase de desarrollo y ejecución, tales como Las Palmas o los de Marruecos“.
