CC pide al Congreso de los Diputados financiación y declaración de interés general para los trenes isleños

Coalición Canaria (CC) sigue empeñada en sacar adelante los dos proyectos para construir una red ferroviaria en Canarias, concretamente en las islas de Tenerife (tres al norte y otro al sur de la isla) y Gran Canaria. En conjunto, el coste de ambas propuestas supera los 4.000 millones de euros, por lo que el Gobierno canario intenta que sea el Estado quien lo financie. Por ello, ahora CC ha registrado, a través de su única diputada en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, una Proposición No de Ley ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible en la que solicita la declaración de interés general de los proyectos de trenes, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía, y que sean incluidos en la estrategia ferroviaria nacional.

El proyecto de los trenes, especialmente en Tenerife, está rodeado de polémica desde sus inicios, tanto por su elevado coste, como por su trazado previsto, con el coste medioambiental que supondría y la existencia de alternativas más baratas y mejor valoradas por los expertos en movilidad consultados por el Cabildo insular en la pasada legislatura. 

En la propuesta presentada este lunes por Valido, recogida por Europa Press, se solicita también la financiación de los proyectos mediante un convenio de colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias con una duración inicial de 10 años y una prórroga de 7 años y que el archipiélago reciba un trato “justo y proporcional” en materia de inversiones ferroviarias, equiparando sus derechos a los de otras comunidades autónomas y corrigiendo el “déficit histórico” de inversión en el archipiélago.

La formación señala que el desarrollo de los trenes en Canarias “es una prioridad estratégica que no puede demorarse más” ya que su ausencia “perpetúa desigualdades históricas que contradicen los principios de cohesión y equidad territorial, limitando las oportunidades de desarrollo económico, social y medioambiental en el archipiélago”.

A juicio de CC (que no se detiene a analizar las características orográficas de Canarias ni ninguna otra), “el transporte ferroviario no es un lujo, sino un derecho que debe garantizarse en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, no es aceptable que los canarios y canarias, por el hecho de vivir en un territorio insular, no disfruten de infraestructuras ferroviarias financiadas por el Estado, como ocurre en el resto de España”.

La propuesta se ampara tanto en el artículo 138.1 de la Constitución como en el artículo 3 del Estatuto que buscan un “equilibrio económico adecuado y justo” entre los distintos territorios del país y que se tenga en cuenta “la lejanía, la insularidad y la condición ultraperiférica” a la hora decidir inversiones estratégicas.

Asimismo apunta que aunque algunos artículos apuntan que hay competencias exclusivas en la red viaria y ferroviaria, “este marco competencial no ha sido obstáculo para que el Estado firme y financie convenios como el de carreteras, asumiendo que, aunque estas infraestructuras sean competencia autonómica, su financiación estatal es indispensable para corregir las desigualdades derivadas de la insularidad y la condición ultraperiférica de Canarias”.

Con todo, CC señala que Canarias sigue siendo la única comunidad autónoma de España que no cuenta con infraestructuras ferroviarias financiadas por el Estado y mientras que en el territorio peninsular el Ministerio de Transportes asume la financiación de redes ferroviarias de interés general, “en Canarias esta inversión ha sido históricamente inexistente”.

Ahora, detalla, “los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, con el respaldo y apoyo decidido del Gobierno de Canarias, han apostado firmemente por la implementación de una red ferroviaria en sus respectivas islas como una solución estratégica para avanzar en un modelo de transporte sostenible y en línea con los objetivos de movilidad sostenible promovidos a nivel estatal y europeo”.

CC indica que estos proyectos, que ya son “sobradamente conocidos” por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, “no solo responden a la necesidad de descongestionar las redes viarias existentes, sino que también representan una herramienta clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, favorecer la cohesión territorial y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

De esta forma, la PNL incide en que la red ferroviaria proyectada en ambas islas busca, entre otros objetivos, “ofrecer alternativas de transporte público más seguras y eficientes, contribuir a la descarbonización de la movilidad en Canarias y garantizar una conectividad más equitativa entre los diferentes núcleos de población”.

Para CC, “la ausencia de una red ferroviaria en Canarias perpetúa una desigualdad inaceptable, la financiación de estas infraestructuras no sólo es una obligación legal y moral, sino también una oportunidad para garantizar un desarrollo justo y sostenible en todo el territorio nacional”.

Alternativas más eficientes y baratas

En enero de 2024 salió a exposición pública el Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife (PIMSIT), un documento elaborado por la empresa Tema Ingeniería a petición del Cabildo insular y en el que se valoraban diferentes alternativas para mejorar el transporte en la isla, en la que vive casi un millón de personas y que recibió el pasado año más de 6 millones de turistas.

La principal conclusión de ese informe era que la mejor alternativa para la isla no eran los trenes, sino los carriles Bus-Vao. El documento incluyó una valoración de hasta 17 alternativas que plantean infraestructuras de transporte a estudiar por las administraciones en las próximas décadas “con una óptica de sostenibilidad”. Y calculó que la más idónea era la que priorizaba la implantación de tres carriles Bus-VAO, aparcamientos disuasorios, ampliaciones del tranvía y que, además, relegaba en un segundo plano la construcción de los trenes.

Los autores del plan reconocen que la isla de Tenerife “se ha quedado claramente rezagada en la aplicación de políticas decididas a favor de un cambio en el reparto modal hacia modos públicos y no motorizados”. Y que la situación actual muestra porcentajes “realmente bajos” respecto al uso del transporte público “a pesar de la amplia cobertura que presenta en la isla”. El texto detalla que este “desequilibrado reparto” cuenta con varias causas, pero las principales son la dispersión poblacional, accesibilidad del sistema viario y facilidad del vehículo privado en la red interurbana. Tenerife (al igual que Canarias, en general) fue ordenada para que los coches alcanzaran prácticamente cualquier punto del territorio. Y eso hace muy compleja la movilidad sostenible que pretende instaurarse ahora.

Pese a estas conclusiones y a su elevado coste, el Cabildo sigue impulsando su implantación como solución al colapso viario en la isla. Mientras tanto, el número de habitantes y turistas sigue creciendo sin ninguna medida que los limite.

En la pasada legislatura el proyecto en Tenerife quedó apartado en la agenda del Cabildo y recibió críticas, además, por el coste ambiental que supondría su construcción.

Ahora, el Cabildo, con CC y el PP en el gobierno insular y en el de Canarias, lo vuelve a impulsar, pero intenta fraccionar su construcción por tramos para poder costearlo y que sea el Estado quien asuma la mayor parte.

Al coste que estaba ya estimado para el tren tinerfeño hay que sumar también 90.000 euros destinados a renovar la evaluación de impacto ambiental en el tren del norte y otros 450.000 destinados a un concurso de ideas para el proyecto. Llama la atención que dicho concurso se convocase con un plazo de presentación de proyectos de solo dos semanas (expira este 31 de enero) y que se haya limitado a solo 10 las propuestas aceptadas.

Según este concurso, el trazado del tren deberá seguir el corredor de la actual autopista de la TF-5 sin afectar a su capacidad actual y futura, permitir el trasbordo con los servicios de tranvía y del tren del sur o mantener una alta capacidad de transporte y coherencia con el modelo territorial y socio-económico de la isla, especialmente, de la comarca norte.