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Opinión - ¡Con los jueces hemos topado! Por Esther Palomera

La concejal imputada de Ciuca cobraba de Telde y una pensión por incapacidad

Tanto los registros policiales efectuados tras la detención por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación de Candelaria Sánchez el 25 de abril de 2006, como su propia declaración dos días después ante el juez García-Sotoca, que añadió un presunto cohecho a la edil de Aguas, confirmaron esta incompatibilidad de Sánchez Vega, que reconoció cobrar 2.400 euros como concejal desde su toma de posesión en junio de 2003 y otros 1.680 euros desde marzo de ese año, “con una pequeña subida” en febrero de 2006, en concepto de pensión de jubilación gracias a una incapacidad laboral permanente, justificada por un “síndrome ansioso depresivo”.

Puede perder la jubilación y tener que devolver el dinero

La investigación del caso de presunta corrupción generalizada en el grupo de gobierno teldense, formado por el PP y AFV-Ciuca hasta el estallido de la Operación Faycán en marzo de 2006, resalta que ese síndrome ansioso depresivo que motiva la “incapacidad permanente total para trabajar” de Candelaria Sánchez “no le impidió desarrollar su cargo de concejal del Ayuntamiento de Telde y percibir nómina por sus rendimientos laborales en dicho puesto de trabajo”.

La Unidad de Clases Pasivas de Las Palmas de Gran Canaria ha sido informada del supuesto fraude a la Seguridad Social y a Hacienda, tras la confirmación en todos sus extremos de la incompatibilidad por parte de la instrucción del caso.

Los efectos de la pensión de jubilación de Laly Sánchez se iniciaron el 1 de abril de 2003, por medio del expediente 11/03474848/01, y la corrección de la irregularidad cometida por la edil de Ciuca, expulsada de la plataforma que lidera Carmelo Reyes tras su detención, podría acabar con la pérdida de la pensión de jubilación -tiene 54 años- y la devolución del dinero que fraudulentamente ha percibido hace ahora 49 meses, unos 85.000 euros.

Patrimonio impropio de dos personas jubiladas

La investigación de Faycán también detectó que el marido de Sánchez Vega, José Antonio de los Santos Perdomo Cebrián, goza -también en la actualidad- de una pensión idéntica a la de su esposa: una incapacidad permanente total desde el 1 de mayo de 2004, al mismo tiempo que desarrollaba “actividades, en apariencia de carácter laboral, en relación a la empresa en la que figura como miembro de los órganos de administración, La Manigua, SL, Aula de la Naturaleza”.

El expediente de la pensión de jubilación de Perdomo Cebrián, maestro de escuela como su esposa, es el 11/0419157/01, y podría correr la misma suerte que la ex concejal de Aguas, Saneamiento, Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Telde entre junio de 2003 y mayo de 2006.

En las diligencias policiales que dieron paso a la orden judicial de detención de Candelaria Sánchez se considera que el matrimonio residente en Ojos de Garza, donde tiene su sede el albergue rural La Manigua, Aula de la Naturaleza, poseía “un patrimonio impropio de dos personas jubiladas”, ya que con sus ingresos pasivos, más los 2.400 euros mensuales de la concejal jubilada, estaban en posesión de cinco vehículos, tres de ellos de alta gama, y un yate en Pasito Blanco, además de un reloj con joyas incrustadas y un anillo de brillantes en el momento de su detención.

La policía resaltó que la caja fuerte de la vivienda del matrimonio se encontraba abierta en el momento de efectuar el registro, y dentro sólo se encontraron cajitas vacías, del tipo que guardan joyas o relojes, lo que llevó a la conclusión a la policía de que la concejal de Ciuca y su esposo pusieron a buen recaudo el contenido de la caja fuerte, ya que se había anunciado en la prensa que iba a ser detenida.

Sánchez justificó ante el juez, el 27 de abril de 2006, que el yate Manigua atracado en Pasito Blanco fue adquirido por 32 millones de las antiguas pesetas, gracias a la venta de un piso por 22 millones de pesetas y la concesión de un crédito de otros 15 millones de pesetas a cuenta de hipotecar el albergue rural. Explicó también que el atraque en Pasito Blanco cuesta 3.000 euros cada seis meses.

Además, dijo que de los cinco vehículos en posesión de la familia, el BMW de la serie 3, MP Coupe, era propiedad de su marido; el BMW Z3, le pertenecía a ella; el Opel Astra, a su hija aunque estaba a nombre de la concejal; y el Toyota Land Cruiser y una moto Aprilia Leonardo 250 eran de su hijo.

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