La Fiscalía denuncia que hubo cohecho en el 'caso Lerena'

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha efectuado una denuncia por cohecho en el caso de la trabajadora que durante siete años estuvo ocupando un puesto en la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, sin tener vinculación laboral alguna con ese organismo sino que era una empleada directa del empresario Juan Antonio Lerena Sánchez, noticia que avanzó CANARIAS AHORA hace un mes.

En el auto que firma la fiscal-jefe Carmen Almendral Parra se informa de que "pongo en su conocimiento que por esta Fiscalía se iniciaron las Diligencias Preliminares de investigación, en la que una vez practicadas las diligencias procedentes se acordó formular denuncia por un presunto delito de cohecho, previsto y penado en el artículo 420 del Código Penal, y se remitió todo ello al juzgado de Instrucción Decano de los de Santa Cruz de Tenerife, para que por el juzgado que por turno corresponda se lleven a cabo las diligencias que en las mismas se interesan".

La Fiscalía ha efectuado la denuncia por cohecho después de investigar toda la documentación que se aportó a Anticorrupción y en la que se demostraba que Candelaria M.P. ejercía como auxiliar administrativo en el Negociado de Espacios Naturales y Litoral del Servicio de Control y Gestión Medioambiental, cuando en realidad estaba contratada por el constructor individual Lerena Sánchez, que sólo en dos años logró adjudicaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por valor de 1.255.000 euros.

Entre las funciones de esta trabajadora por cuenta ajena, destacaba la de ser persona de contacto "para determinadas contrataciones administrativas que tramita el mismo servicio, teniendo, además, acceso directo y previo a la publicación de todos los trámites para la licitación y adjudicación de los contratos administrativos que celebran el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el organismo autónomo".

Es por esto que la Fiscalía ha investigado un posible trato de favor dado al constructor y ha concluido que se dan los típicos legales para apreciar el cohecho, un delito que solo puede darse entre autoridades y funcionarios públicos, y que no solo conlleva penas de prisión de uno a cuatro años, sino un castigo más oneroso, como el pago de una multa hasta tres veces el valor del dinero entregado.

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