Luz verde a la futura ley de protección del arbolado urbano en Canarias
La comisión parlamentaria de Transición Ecológica ha dado su visto bueno al dictamen sobre el proyecto de ley de iniciativa popular de protección del arbolado urbano.
El texto, consensuado por todos los grupos salvo Vox, que se ha abstenido en la votación y cuyas enmiendas han sido rechazadas, también recoge un régimen sancionador en el que se diferencian las infracciones graves de las muy graves.
Estarán tipificadas como muy graves la tala, el derribo o la eliminación de árboles protegidos sin la autorización preceptiva o cuando se incumplan los preceptos de la ley, salvo por razones motivadas de seguridad para personas o bienes.
Y también cuando estas prácticas afecten a ejemplares que hayan sido incluidos en cualquier catálogo de protección o hayan sido individualizados por sus sobresalientes características en el inventario municipal.
En la exposición de motivos de la ley se esgrime la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen la conservación de los ejemplares arbóreos más valiosos y antiguos ante “las agresivas actuaciones urbanas que muchas veces se producen” y asegurar con ello el fomento de los espacios arbolados en pueblos y ciudades.
La ley pretende la preservación de todos los ejemplares de cualquier especie que se ubique en suelo urbano y que cuente con más de 15 años de antigüedad o 20 centímetros de diámetro de tronco, así como aquellas nuevas plantaciones reguladas al amparo de la misma.
Propone la prohibición de la tala de estos árboles salvo en supuestos excepcionales, y ordena el trasplante de los ejemplares que se vean afectados por obras de reparación o reforma de cualquier clase, o por la construcción de infraestructuras.
En general, veta las “podas drásticas o indiscriminadas” salvo cuando las copas de los árboles no guarden la distancia mínima con tendidos eléctricos o telefónicos, dificulten o impidan la visibilidad de semáforos, y cuando exista algún peligro para la seguridad vial o peatonal o para la salud del propio árbol.
También establece la obligación a los propietarios de su mantenimiento, conservación y mejora, así como de comunicar a los organismos competentes cualquier síntoma de decaimiento; y una inspección de los mismos cada dos años por parte de los ayuntamientos o del órgano autonómico correspondiente en el caso de los árboles singulares.
Asimismo, determina la actualización del inventario municipal del arbolado al menos una vez cada diez años.
En la sesión de este viernes, todos los grupos salvo Vox han presentado nueve enmiendas in voce que se han incorporado al texto definitivo de la ponencia fruto de las aportaciones del Consejo Consultivo de Canarias, al que se ha consultado en dos ocasiones.
Y es que tal y como ha señalado el diputado de ASG Jesús Ramos, esta iniciativa popular “no tenía mucho formato de ley”, con lo que todos los grupos han trabajado a fondo para retocarlo vía enmiendas, si bien se ha mantenido su filosofía.
Todos han destacado la colaboración y el consenso imperantes a lo largo de su tramitación, que comenzó en 2022, tras registrarse en la Cámara regional la iniciativa popular con el respaldo de 18.000 firmas, así como la flexibilización de criterios para adaptarse a la realidad de cada uno de los 88 ayuntamientos de Canarias.
La nota discordante la ha puesto Vox, cuyo diputado Javier Nieto ha detectado en la redacción del texto tics de “ecologismo falso de chola y alpargata”, y ha lamentado que la ley nazca “viciada”.
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