El promotor detenido en Reus está implicado en una promoción ilegal de mil viviendas en Playa Blanca
Luis Fernando Lleó Khunel, promotor y constructor detenido este jueves en Reus (Tarragona) junto a otros cinco empresarios en Gran Canaria y Lanzarote en el marco de la Operación Unión, está implicado en la construcción de más de mil viviendas ilegales en Playa Blanca (Yaiza), cuando en diciembre de 2006, el ex alcalde José Francisco Reyes (PNL) otorgó al constructor licencia de obra sobre suelo no urbano. Es el denominado caso Costa Roja, denunciado en su día por el consejero socialista en el Cabildo Carlos Espino.
La Guardia Civil informó este jueves que la detención del promotor en Reus -confirmado su nombre por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias-, se debe, entre otros ilícitos, al supuesto pago de comisiones ilegales por parte del constructor tanto a un consejero del Cabildo de Lanzarote, aún sin identificar por las fuentes consultadas por CANARIAS AHORA, como a varios empresarios miembros del plenario de la Cámara de Comercio de la isla, entre ellos, según adelantó este periódico, el también consejero del Ente Público de Radio Televisión Canaria, Honorio Nicolás García-Bravo Cabrera, hijo del que fuera alcalde de Yaiza, Honorio García Bravo.
Lleó Khunel está relacionado con un polémico proyecto destapado en su día por La Voz de Lanzarote, de más de mil viviendas y dos mil plazas de garajes en Playa Blanca, suspendido en la vía contencioso-administrativa por la Justicia, que ahora entra en el ámbito penal con la Operación Unión desatada por la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil.
Como en su día informó el digital lanzaroteño, fue José Francisco Reyes quien en diciembre de 2006 concedió autorización para construir un gran residencial, Costa Roja, en el norte de Playa Blanca, donde estaba prevista la edificación de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y más de 2.500 plazas de garaje.
El proyecto fue otorgado en un suelo no urbano, obviando el Plan Insular de Ordenación (PIOT) de 1991 y, en su momento, el alcalde de Yaiza no informó al Cabildo, pese a que estaba obligado a hacerlo.
Fue La Voz de Lanzarote la que hizo pública la licencia ilegal, que posteriormente fue recurrida por el Cabildo y actualmente cuenta con medidas cautelares que impiden que se ejecute el proyecto mientras se resuelve el proceso.
Además, paralelamente se abrió otro proceso judicial para depurar responsabilidades penales por la concesión de esa licencia, en el que están imputados el ex alcalde sureño, José Francisco Reyes, el secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica del Consistorio, Antonio Lorenzo Tejera.
Minuta del abogado a costa del erario público
En su día, también trascendió que el Ayuntamiento de Yaiza abonó la minuta del abogado del secretario consistorial, Vicente Bartolomé Fuentes, por su asistencia en las diligencias previas que se siguen contra este, el jefe de la oficina técnica municipal, Antonio Lorenzo y el ex alcalde, José Francisco Reyes, por el caso Costa Roja.
Este proceso nace de una querella criminal que presenta el consejero del PSOE en el Cabildo de Lanzarote Carlos Espino contra el entonces alcalde y los dos funcionarios municipales por la concesión, supuestamente ilegal, de una licencia para una urbanización de más de 1.000 viviendas en la localidad turística de Playa Blanca, cuya construcción se encuentra paralizada por orden judicial.
La denuncia se formaliza contra estas tres personas a título individual por lo que, según fuentes jurídicas consultadas en noviembre de 2008 por la agencia Acnpress, no hay motivo para que sea el Ayuntamiento quien abone la minuta del letrado, que ascendió a 840 euros.
El caso se inició en diciembre de 2006, cuando José Francisco Reyes otorgó una licencia para construir en un plan parcial que está extinguido. A raíz de una denuncia pública, el Cabildo pidió la suspensión de las obras y el Juzgado la concedió. Posteriormente, Espino presentó una querella contra estas tres personas.
De esta forma, se concedieron dos licencias para esta urbanización. Una, en diciembre de 2006 y otra, en junio de 2007, con el alcalde aún en funciones tras las elecciones locales de mayo de ese año. Los informes de la segunda licencia del secretario general y del jefe de la oficina técnica para una urbanización de más de 1.000 viviendas, 2.500 garajes y 228 locales comerciales, promovida por una empresa de Luis Lleó, ocupan sólo un folio y se concedieron el mismo día que se presentó la solicitud.
Denuncia del arquitecto
En este caso también se llamó a declarar al arquitecto de la urbanización, Enrique Ruiz, que denunció ante la Policía Nacional la supuesta compra ilegal de la licencia por parte del promotor al Ayuntamiento de Yaiza por tres millones de euros.
El Ayuntamiento abonó la minuta del abogado el pasado 13 de noviembre de 2007, cuando aún permanecía al frente Reyes, del PNL. En el mes de febrero, tras una moción de censura, le había arrebatado la alcaldía Gladys Acuña (PIL) con el apoyo de CC. La orden de pago se realizó a los cuatro días de que entrara la factura a las dependencias municipales.
