San Andrés, un puerto deportivo de ida y vuelta
El proyecto del Puerto deportivo de San Andrés nació con la intención de que se convirtiera en un revulsivo económico del municipio. Un activo que creara puestos de trabajo y una infraestructura de calidad. Su principal defensor ha sido siempre el empresario José Ana Labajos quien en el año 2002 vendió la mitad de sus participaciones a José Manuel Llorca, la cabeza visible del Fórum Filatélico, que en la actualidad se encuentra en busca y captura. Tras la intervención judicial de la entidad a finales del año 2006 parecía que definitivamente el muelle iba a quedar desactivado como además venían pidiendo los vecinos de este entorno y colectivos ecologistas. Sin embargo, sorpresivamente esta semana el Ministerio de Fomento decidió exponer a información pública el segundo informe de impacto ambiental que obligó a realizar tras las modificaciones que se introdujeron sobre la primera alternativa.
La razón parece estar en que en el año 2010 el Consejo de Estado se negó a rescatar la concesión otorgada en el año 1997 a la empresa Parque Marítimo de Anaga, propiedad de Labajos y en teoría el proyecto sigue su curso administrativo. Sin embargo, en la práctica pocos esconden que ya resulta inviable. El plazo de concesión duraba 30 años a contar desde 1997. Si se tiene en cuenta la suspensión durante los 8 años que han transcurrido desde que se exigió la redacción de un nuevo estudio de impacto y los tres que costaría la ejecución de la obra queda claro que las cuentas no salen. En apenas 15 años sería imposible rentabilizar una inversión que alcanza los 50 millones de euros. Pero además los titulares de la mitad de la explotación se encuentran en Concurso de Acreedores. No obstante, Labajos introdujo en las cláusulas de la venta la obligación de que esta propiedad le fuera revertida en caso de que Fórum no pagara las cantidades convenidas. Así lo acordó hace un año la Audiencia Provincial que obliga a la entidad a pagarle al empresario 1,5 millones de euros. Los miles de acreedores que se consideran los verdaderos estafados de esta trama, sin embargo, se han negado a que quien consideran el “testaferro” de Llorca en Tenerife se sitúe en el primer lugar de la fila a la hora de recibir dinero.
El empresario siempre se ha quejado de las trabas que de forma continuada impuso Puertos a su proyecto y que al final lo convirtieron en inviable. En principio la inversión prevista era de cien millones de euros y contemplaba la construcción de un dique de abrigo para evitar las cíclicas inundaciones que sufre San Andrés, un refugio pesquero, un centro comercial y un club náutico. En la segunda alternativa la infraestructura se desplazaba hacia el lado de la Dársena pesquera y se reducía su superficie y el dique de abrigo. En el año 2002 Labajos se reunió con Llorca en un hotel del Puerto de la Cruz y decidieron participar conjuntamente en la construcción del puerto. Según el empresario se cumplió “escrupulosamente” con la obligación de no ceder más del 50% de los activos y que el uso principal no fuese el de club náutico y muelle deportivo. La operación financiera, según Labajos, se realizó a través de bancos de primera línea y se pagaron a Hacienda 700.000 euros por toda la operación. Además, se dio cuenta de la operación a Puertos. O al menos a algunos de sus directivos.
Garzón
Sin embargo, cuatro años después se produce la intervención de Fórum Filatélico y el ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón encuentra entre los papeles intervenidos un documento firmado por el arquitecto, Julio Aumente, en el que se habla del supuesto pago de cantidades multimillonarias al ex presidente de Puertos, Luis Suárez Trenor y el ex alcalde, Miguel Zerolo, entre otros para acelerar los trámites burocráticos del muelle y de la urbanización Valle Tahodio. A partir de aquí se abre la conocida como Operación Lavandera que instruye desde esas fechas la juez Lucía Machado titular del Juzgado número 5 de Santa Cruz y sobre la que ya se ha decretado el levantamiento del secreto de sumario.
En 2006 la Autoridad Portuaria anunció que iba a pedir el rescate de la concesión y en 2010 el presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza, dijo que incluso había dado órdenes para que Fórum no pagara el canon que estaba obligado a desembolsar como concesionario. Pero al parecer nada más lejos de la realidad . En estos momentos permanece en información pública el nuevo informe de impacto ambiental en el que no se pone ninguna pega al proyecto. Más bien al contrario. En los documentos se indica que la obra ocupará 160.751 metros cuadrados de terrenos situados en tierra y 208.324 en el mar.
El muelle no sólo será negativo para el pueblo de San Andrés, sino que podrá crear una media de 60 puestos de trabajo directos o indirectos por cada 100 embarcaciones atracadas, lo que daría lugar a 250 nuevos empleos ya que el muelle tendría capacidad para albergar 450 yates. Los efectos sobre el tráfico de la vía por la que duramente circulan una media de 6.000 vehículos no serían relevantes y en cuanto a los sebadales se concluye que tampoco se verán afectados ya que se encuentran en mal estado y a 35 metros de profundidad. En realidad las obras del puerto comenzaron en el año 2005 pero desde un primer momento se vieron interrumpidas y resultó casi imposible mover una sola piedra por los reparos que les imponía una y otra vez la Autoridad Portuaria. Las principales diferencias entre las dos alternativas es que la primera abarcaba 300.000 metros cuadrados y la segunda 160.000, con lo cual se perdían 160 amarres. Además, el nuevo diseño, según Labajos, es más caro ya que se sitúa sobre terrenos de mayor profundidad.
