Casi treinta denuncias presentadas por el canal anónimo de informantes de corrupción del Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha recibido 29 denuncias por el canal interno de informantes de corrupción que entró en vigor a finales de septiembre del año pasado, según fuentes del Ejecutivo regional. De ese total de denuncias, poco más de la mitad (15) han sido admitidas, se han abierto expedientes para cuatro y solo una ha acabado en la Fiscalía.

Ese caso que acabó en el Ministerio Público se debe a que el denunciante también acudió a este, agregan las fuentes consultadas, por lo que “nuestra parte [de la investigación] se para”, explica el Gobierno autonómico. Ningún expediente dentro del Ejecutivo canario se ha resuelto todavía con una sanción acorde al régimen disciplinario.

El sistema anónimo de informantes de corrupción del Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), es de obligado cumplimiento desde la aprobación de la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Este canal es el cauce para cualquier persona que, en un contexto laboral o profesional, comunique sobre “acciones u omisiones” que puedan constituir infracciones en el Derecho de la Unión Europea o infracciones penales o administrativas que guarden relación con la Comunidad Autónoma.

Por ese sistema pueden informar empleados públicos, contratistas, subcontratistas o proveedores, personas que trabajan para o bajo la supervisión y dirección de estos últimos, exempleados públicos, voluntarios, becarios, trabajadores en formación y personas cuya relación laboral todavía no haya comenzado (en procesos selectivos o negociación precontractual).

Aunque se garantiza la seguridad y la prohibición “expresa” de represalias contra los informantes, aquellos que revelen públicamente información “a sabiendas de su falsedad” podrían ser sancionados con multas de hasta 300.000 euros, según la misma normativa 2/2023.

El sistema interno de información de infracciones normativas es gestionado por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, dentro de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario.

Las denuncias pueden presentarse a través de un formulario electrónico, correo postal, reunión presencial (a solicitud de informante) y comunicación telefónica o verbal (también con previa autorización).

La “persona responsable” delegada de la gestión del canal evalúa la información en un plazo no superior a diez días hábiles y verifica si los hechos tienen que ver con la actividad del Ejecutivo autonómico. Después, investiga los hechos denunciados y, en un plazo máximo de tres meses, prorrogable otros tres más en casos de especial complejidad, emite un informe final con las conclusiones y la propuesta de decisión.

La ley obliga a todos los ayuntamientos, sin importar su tamaño, habilitar un sistema de este estilo en sus corporaciones. El año pasado, el Tribunal de Cuentas reprochó a los consistorios de Telde y San Cristóbal de La Laguna que no lo tuvieran (este último lo abrió hace unos meses).

Y también en 2024, la Audiencia de Cuentas reveló en un informe que solo un cabildo, el de Fuerteventura, ha podido acreditar la implantación del canal interno para denunciantes de corrupción. Según ese mismo informe, otros tres (Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote) “han iniciado el camino”.