La abogada de la familia de Romina Celeste critica el “mal manejo de los tiempos” en los tribunales, que deja al presunto asesino en libertad

La abogada de la familia de Romina Celeste, Emilia Zaballos, ha criticado este viernes el “mal manejo de los tiempos” por parte de los tribunales y que ha permitido que el acusado del asesinato de esta mujer salga de la cárcel al cumplirse el periodo máximo de prisión provisional que permite la ley, que son dos años más otros dos de prórroga, sin que se haya celebrado un juicio contra él.

Así lo ha indicado tras asegurar que, ante un hecho “inusual”, el sentimiento tanto de la familia de Romina como de ella es de “decepción, asombro, impotencia” pero “sobre todo de enfado”, ya que considera que “no” se puede estar centrándose en el “tema de aprobar leyes, de errores en las leyes y luego no controlar los tiempos en la aplicación de la justicia y se produzca una barbaridad como esta simplemente por el retraso de un juzgado tramitando un procedimiento”; una cuestión que consideró debe “llamar la atención”.

En este sentido, se ha dirigido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una entrevista en el programa Mas de Uno Canarias de Onda Cero Canarias y recogida por Europa Press, para pedirle que reaccione porque si bien es un caso que “no tiene nada que ver con la Ley del sí es sí”, sí que entiende que en ocasiones se “dispersa y legisla en exceso y el sistema” judicial tiene unas “carencias brutales en la falta de recursos, en la falta de medios”.

Zaballos subraya que esto sucede a pesar de la instrucción “brutalmente buena” que se hizo sobre estos hechos y donde la jueza que instruyó la causa y el grupo de homicidios de la Guardia Civil “hizo un trabajo impecable”, teniendo “pruebas más que suficientes para que a este hombre se le condene por un delito de homicidio, por dos delitos de lesiones graves dentro del ámbito de violencia doméstica, dos delitos de denuncia falsa, pero, además, por profanación de cadáver”.

Ante todo ello se cuestiona cómo se puede “permitir que un hombre que se le va a juzgar por entre 25 y 30 años de cárcel, por un retraso en la tramitación del procedimiento, una pérdida de tiempo y de mal manejo de los tiempos de los tribunales, hoy lo hayan puesto en la calle”, a lo que añade que hay un riesgo de fuga “muy elevado”, así como para otras víctimas y personas. “Esto es para ponernos en pie toda España”, apuntilló.

Asimismo ha expuesto que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se debería hacer un análisis de cómo se ha tramitado estos dos años, después de que la jueza que lo instruyó en primera instancia hizo un “trabajo impecable, ágil”. También criticó que desde la Fiscalía provincial de Las Palmas “no” se hayan puesto en contacto con ella a pesar de intentar hablar.

De todos modos, ha informado de que ya ha presentado un recurso, si bien admite que “no” pueden revertir la puesta en libertad “porque la ley es así, pero las medidas cautelares son tan poco protectoras” que considera que el hombre “se puede fugar” y su comparecencia en los juzgados debería ser diaria.

Por último, avisó que de que esto “no puede producirse” porque la mayoría de las asesinadas por violencia de género no denunciaron “por miedo”, ya que “se crea desconfianza a la justicia, tienen miedo a la lentitud”. Así, puntualizó, que la “alarma hay que llevarla a la práctica, no vale solamente en las leyes ni tampoco en la captación de votos”.

Habrá una investigación

Este viernes, poco después de salir de prisión el presunto asesino, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anunció que había acordado en su reunión ordinaria incoar de oficio una investigación gubernativa para determinar las posibles disfunciones que, en su caso, se hayan podido registrar en la tramitación del procedimiento por la muerte de Romina Celeste al haber tenido que ser puesto en libertad provisional el encausado al sobrepasarse el plazo máximo legal de prisión preventiva (cuatro años) sin que se haya podido celebrar el juicio de jurado.

Cronología del caso

Según la Fiscalía, que reclama para Raúl D.C. una condena de 20 años de cárcel, en su relación con Romina Celeste hay al menos otros episodios previos de malos tratos: el 8 de agosto de 2018 en un hotel de Arrecife, cuando la propia joven denunció ante la Policía que la había “golpeado en repetidas ocasiones”, y el en torno al 29 de diciembre de 2019, día en el que ella se presentó de madrugada en el Hospital de Lanzarote con lesiones.

Sin embargo, ningún médico llegó a verla aquel día, porque Raúl D.C. acudió al centro sanitario y se llevó a Romina antes de que eso ocurriera. Cuarenta y ocho horas más tarde fue asesinada la vida.

El cadáver de Romina Celeste Núñez nunca se recuperó, lo que impide a las acusaciones ser más precisas sobre cómo la mató su marido, según su tesis. Pero sí se recuperaron algunos restos de tejido que el mar devolvió a la costa, identificados gracias al ADN, circunstancia en la que se basan los cargos de homicidio.

El Juzgado número 1 de Arrecife dio por terminada la instrucción del caso a medianos de diciembre de 2019, al año de ocurrir los hechos, y emplazó a las partes a solicitar la apertura de juicio oral. Sin embargo, desde entonces han pasado tres años más sin que se haya puesto fecha al juicio ante Jurado, en los que ha cambiado el juez instructor y la defensa ha presentado numerosos recursos.

El 13 de enero de 2021, al cumplirse dos años de su detención, el juez al cargo del caso ordenó que Raúl D.C. siguiera en la cárcel de Tahíche “el tiempo que fuera necesario” hasta que se fijara la vista oral, pero señalando ya como límite el 13 de enero de 2022, cuando se cumplieran los cuatro años que como máximo autoriza la ley para retener en prisión a un ciudadano sin someterlo a juicio.

Por eso, ayer jueves, la Audiencia de Las Palmas ordenó que fuera puesto en libertad provisional sin fianza, aunque con algunas cautelas: se le ha retirado el pasaporte, tiene prohibido salir de España y debe comparecer en los juzgados todos los lunes.

La abogada de la familia de Romina, Emilia Zaballos, cuestiona esas medidas por insuficientes: “Ante las penas de 25 a 30 años a las que se enfrenta, el riesgo de fuga es alarmante, es altísimo, esto es un sufrimiento más para la familia, que no puede cerrar el duelo y ahora recibe este duro golpe”.

“Asó en la barbacoa a su mujer, la descuartizó y distribuyó por los acantilados de Lanzarote todos sus restos”, recuerda Zaballos.

La familia de la víctima, añade la letrada, está “muy molesta, porque no puede ser que un procedimiento que tiene prioridad en su tramitación” se dilate tras una instrucción y una investigación policial “impecables y hechas en tiempo récord” por “causas absurdas”, derivadas entre otras cosas de los cambios de juez.

El caso llegó a la Audiencia de Las Palmas ya para que se fijara juicio en septiembre del año pasado. Zaballos sostiene que la defensa se aprovechó entonces de la circunstancias de que solo quedaban cuatro meses para que venciera el plazo máximo de prisión preventiva para dilatar aún más el proceso con nuevos recursos.